Lejos de ser bendecido, el proyecto de ley relativo a “lugares, centros de culto y diversidad religiosa” que impulsa el Gobierno Vasco provocó críticas y una larga lista de reparos por parte de los obispos de Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Así consta en las alegaciones formuladas en abril de 2016 por los responsables eclesiásticos al citado documento, que se encuentra actualmente en tramitación. Las quejas de los religiosos han sido enviadas ahora al Parlamento Vasco por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu a raíz de una petición formulada por el parlamentario del PP Carmelo Barrio.

El proyecto planteado por el Ejecutivo de Urkullu busca regular “el marco para la apertura y utilización de centros de culto, con el que se pretende garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de las personas y de las diferentes iglesias, confesiones y comunidades religiosas; todo ello sin que pueda producirse ninguna discriminación entre las mismas”.

Asimismo, plantea establecer con carácter normativo “la creación de mecanismos de diálogo y acuerdo para una gestión positiva de la diversidad religiosa de nuestra sociedad”. “Con este fin, se regula la creación del Consejo Interreligioso Vasco, como marco preferente de diálogo interreligioso para la convivencia”, anunciaba en junio pasado el Gobierno Vasco.

La iniciativa fue enviada antes del verano al Parlamento. Según ha podido confirmar Público, a finales de septiembre acabó el plazo para solicitar comparecencias –solo fueron solicitadas por PP y Elkarrekin Podemos–, por lo que ahora el letrado de la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública prepara la agenda de intervenciones.

En ese contexto, los obispos mostraron en 2016 una serie de críticas al anteproyecto en el que trabajaba entonces el Gobierno Vasco. Según datos oficiales, en Euskadi existen 921 centros de culto de la Iglesia Católica, mientras que las denominadas “religiones minoritarias” cuentan en total con otros 295 centros.

Los responsables de las diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián alegaban que la norma se centraba principalmente en “la previsión suficiente de espacios dedicados al culto en el planeamiento urbanístico y la exigencia de autorización administrativa para la apertura y funcionamiento de los centros”.

En su informe, los religiosos señalaban que “la licencia de apertura y uso de centro de culto tal como aparece regulada en el Anteproyecto constituye un medio directo de control administrativo sobre un elemento esencial del derecho fundamental de libertad religiosa y de culto”.

Apuntaban precisamente que esa materia “está sometida a la reserva de ley orgánica que establece el artículo 81 de la Constitución”, por lo que advertía que “queda vedado al legislador autonómico establecer un control administrativo como el diseñado en el anteproyecto”, ya que “solo las Cortes Generales pueden aprobar leyes orgánicas”.

Según ha podido confirmar Público, esas alegaciones fueron refutadas por la Dirección de Desarrollo Estatutario del Gobierno Vasco, que emitió un informe contrario a los argumentos de los obispos.

"Regulación asfixiante"

El Ejecutivo autonómico sí atendió otras peticiones de los religiosos, relacionadas por ejemplo con las licencias de apertura de centros de culto. Los obispos criticaban “las condiciones materiales y técnicas que deben cumplir los centros de culto para obtener licencia”, ya que entendían que se podría generar “una regulación asfixiante y un desmesurado intervencionismo administrativo en la vida de las confesiones religiosas que en la práctica impida el desarrollo normal de sus actividades”.

En tal sentido, el Gobierno Vasco optó en la redacción final por evitar un “reglamentismo asfixiante y desmesurado” que perturbase “el normal desarrollo cotidiano de las confesiones”. Sobre este punto, el Ejecutivo señala en un informe que “el anteproyecto ya no contempla la existencia de una licencia de apertura de centros de culto” y remite en su lugar a otras leyes ya existentes.

En cualquier caso, la administración autonómica aclara que “el desarrollo reglamentario previsto en cuanto a las condiciones técnicas y materiales de obligado cumplimiento para los lugares y centros de culto se limitará a concretar las condiciones técnicas y materiales de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación, así como las destinadas a evitar molestias a terceros”.

Los obispos también criticaban el plazo de seis meses “para que la administración municipal decida acerca de la solicitud de licencia”, algo que consideraban “a todas luces excesivo”. “Tales previsiones han sido suprimidas en el texto del anteproyecto”, respondió el Gobierno vasco.

Consejo Interreligioso

En otro plano, los religiosos habían mostrado sus dudas sobre el papel de mediador que se le otorgaba inicialmente al Consejo Interreligioso Vasco “en caso de inobservancia de los criterios y condiciones reglamentarias o pasividad en la resolución por parte de un ayuntamiento”.

“Pues bien, en respuesta a estas alegaciones, es preciso señalar que se ha clarificado el papel del Consejo Interreligioso Vasco, que adquiere un papel consultivo, eliminándose del texto el papel mediador del Gobierno Vasco. En consecuencia, puede entenderse se considera atendida dicha consideración”, indica el documento del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, los responsables de las diócesis vascas mostraban su preocupación por el futuro de aquellas “manifestaciones religiosas de carácter tradicional y popular con especial valor antropológico y cultural”, entre las que citaban por un lado “el uso de las campanas” y, por otro, “las procesiones y romerías”. “Tal consideración podrá ser evaluada en el futuro desarrollo reglamentario”, respondió el Ejecutivo.

A lo largo de este proceso, el Gobierno de Urkullu también atendió otras alegaciones formuladas por Eudel, la Asociación de Municipios Vascos. El debate llegará ahora al Parlamento.