"El laicismo es un valor democrático a la par que el tema de la libertad de conciencia. Son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan. El laicismo defiende la libertad de conciencia y para tener libertad de conciencia se requiere el laicismo. En ambos aspectos hay sus luces y sus muchas sombras", afirma, en una entrevista con Público  Juan José Picó Pastor, presidente de Europa Laica. Se trata de una asociación fundada en 2001 que promueve el laicismo y que el pasado sábado participó en Granada en las XVI Jornadas Laicistas, en las que compartía escenario en una mesa de debate –moderada por Mª José Frápolli Sanz, catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Granada– con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y María José Fariñas Dulce, catedrática de Filosofía del Derecho de la UC3M.

¿Ha habido avances en esta legislatura en estos asuntos? Picó reconoce que se han producido algunos, en los últimos tiempos, sobre todo con las leyes del Aborto, del matrimonio igualitario y últimamente con la Ley de Libertad de eutanasia. Sin embargo, Picó recuerda que en el ámbito de la neutralidad del Estado y de la necesaria "separación entre Iglesia y Estado como está mandada en el artículo 16.3" de la Constitución evidentemente queda mucho, mucho, mucho que rascar". Dice así el artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".

"En esta legislatura, por primera vez en democracia, la toma de posesión del Gobierno y del presidente fue con la Constitución en lugar de contar con el crucifijo y la Biblia. Es de agradecer. Hubo el funeral civil por las víctimas de la covid. Es de agradecer, pero rascas y a partir de ahí la verdad es que la legislación y los comportamientos de los cargos públicos pues deja mucho que desear", añade.

Para Picó, "el último detalle es el tema de los privilegios económicos en forma de beneficios fiscales" de la Iglesia Católica, que el Gobierno ha decidido ampliar al resto de confesiones minoritarias. "Incluso se ha atrevido el gobierno a la par de la Conferencia Episcopal a decir que la ampliación de estos privilegios es un avance hacia la laicidad. Yo creo que no se avanza. Los privilegios se combaten suprimiéndolos, no ampliándolos a los demás".

"La Iglesia Católica está muy cómoda con que se hayan ampliado los privilegios a las religiones minoritarias, pero es que resulta que la moral pública y privada en España ya no es religiosa y hay que hacer valer el alto grado de secularización social que existe en España. Ahí están los datos del barómetro del CIS que dice cuánta gente se considera hoy día católica, católica practicante baja mucho más y cada día mucho más no religiosa. Aunque solamente fuera por coherencia no se puede poner el marchamo de que España sigue siendo católica y por lo tanto todas sus legislaciones y comportamientos tienen que continuar", afirma Picó.

"Tenemos –añade el presidente de Europa Laica– que avanzar con respeto a la libertad religiosa, pero hacerlo hacia un valor democrático que es la laicidad del Estado, un valor democrático que nadie puede poner en duda. Aquí en España a veces se entiende la laicidad como algo antirreligioso. Pero no defendemos eso. Defendemos la libertad religiosa, que es una parte más de la libertad de conciencia, de todas las conciencias que pueden existir", agrega Picó.

¿Qué regulaciones y cambios legales serían necesarios en el caso de que un Gobierno buscase convertir a España en un país completamente laico? "La laicidad del Estado no es un asunto estanco, que se pueda decir, ya tenemos completada la laicidad y ya somos laicos, es decir, no hay un país en el mundo que tenga completada la laicidad. Es un valor democrático, un derecho, igual que la justicia, y hay que buscarlo permanentemente. Lo que pasa es que aquí hay retrocesos. Un elemento quizá primigenio es derogar los acuerdos con la Santa Sede, que están ahormando la soberanía del Estado en temas de financiación, de fiscalidad, de simbología y sobre todo educación en beneficio de los religioso en un Estado que debería ser aconfesional", responde Picó.

"Habría que derogar la ley de libertad religiosa y sustituirla por una ley de libertad de conciencia que cubra no solo lo religioso, que por supuesto hay que garantizar, sino también otro tipo cualquier otro tipo de condiciones", añade.

"Habría también que retocar –prosigue Picó– todo el tema de la Ley de Patrimonio Histórico para el desarrollo de matriculaciones y darle una salida justa y democrática. Los bienes de dominio público de interés artístico tienen que ser, pues eso, de dominio público, regular el patrimonio. Habría que modificar el Código Penal, suprimir el artículo 525 y aledaños que castigan con el delito de escarnio la ofensa a los llamados sentimientos religiosos".

Este artículo, en opinión de Picó, "da pie a los abogados cristianos para demandas que al final no llegan a ningún sitio pero que tienen un coste y una carga para los que son denunciados". Europa Laica tiene una propuesta de ley articulada de libertad de conciencia y laicidad del Estado, "una propuesta concreta que salva el incumplimiento del actual Gobierno de coalición, que tenía comprometida la promulgación una ley de libertad de conciencia y de laicidad y que está actualmente en el sueño de los justos", dice Picó.

Ahora vienen las elecciones municipales y autonómicas. En este ámbito, para Picó, también hay mucho trabajo que hacer: "La laicidad no solo es un tema de política de Estado. Dependen del Gobierno central muchas cosas, pero a nivel municipal hay muchos campos para trabajar: el tema de la simbología, el nombramiento de alcaldesas perpetuas. Todo eso debe estar regulado y que no sea como ahora mismo que cada municipio hace lo que le da la gana. Una cosa son las creencias privadas, otra cosa es lo público e institucional. Y los cargos públicos municipales, en este caso, pues tenían que tener una regulación con un reglamento de laicidad, que Europa Laica propone".

Supresión escalonada de la concertada

Un capítulo de importancia particular es el de la escuela concertada, un negocio de más de 6.000 millones de euros al año, financiado con dinero público, cuyo grueso se lo embolsa la Iglesia Católica.  Picó aboga por "modificar las leyes de educación estatal y autonómicas para suprimir la carga confesional que existe en ellas".

"El tema de la asignatura de Religión dentro de los currículos es una cosa inadmisible. Existe además el riesgo de que las confesiones minoritarias, en legítimo ejercicio de su derecho a participar del pastel, pues quieran también participar en tener su religión doctrinal en las escuelas. Con lo cual al fin y al cabo la escuela se convierte en una verbena, en lugar de un sitio que tiene que ser común y defender valores democráticos, cívicos, éticos, la razón y la ciencia. Quien quiera creer, ahí tiene a su familia, sus valores, las parroquias, las sinagogas, las mezquitas, etcétera, etcétera. Las escuelas son para aprender y no para creer", reflexiona Picó.

Europa Laica, agrega su presidente, "defiende la escuela pública y laica, entendiendo por laica, en este caso, nada antirreligioso, sino precisamente una escuela de valores humanísticos, que defiende la ciencia y la razón, pero a la vez que defiende esto como modelo educativo". "Defendemos también la no segregación y la escuela concertada es un elemento de segregación ideológico, económico y social, que va mucho más allá de la contradicción que supone que escuelas privadas estén subvencionadas con dinero público. Porque hay que entender que la escuela concertada mayoritariamente en poder de la Iglesia Católica no es una actividad altruista. Hay un negocio y una subvención por parte del Estado y también por parte de las familias con esas cuotas voluntarias, que no son tales".

"Apostamos –remacha Picó– por la supresión de la enseñanza concertada y que pasen a la enseñanza pública. Somos conscientes de que no se puede hacer de un solo paso, de aquí para mañana, porque dejaría en el albur a muchos estudiantes que hoy día están cursando estudios en este tipo de enseñanza. Habría que establecer un plazo temporal acordado. De momento, congelar los conciertos y en una fase posterior, de una forma paulatina, proponer a los profesores que quien quiera voluntariamente se integre en la pública de acuerdo a los requisitos que en cada momento fueran".