La búsqueda continúa. Según ha anunciado el Gobierno Vasco, el próximo jueves empezará una nueva fase en las excavaciones para tratar de hallar a Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar que se registró hace ocho meses. En agosto se localizaron restos humanos de Alberto Sololuze, su compañero de trabajo y de tragedia. Mientras los operarios prosiguen con las tareas de rastreo, fuera del vertedero se acumulan las preguntas sobre lo ocurrido. En ese contexto, una investigación en formato de libro intenta ofrecer algunas respuestas.

El periodista Ahoztar Zelaieta acaba de publicar "Zaldibar. Zona cero" (Editorial Txalaparta), un trabajo que recoge distintos aspectos sobre lo que pasó antes, durante y después del 6 de febrero de 2020. Aquel día, recuerda la editorial, "más de medio millón de metros cúbicos de tierra y basura, provenientes de un vertedero cercano, invadían por completo un carril de la autopista A-8 a su paso por la localidad vizcaína de Zaldibar".

"El transportista Alberto Pérez logró frenar a tiempo para no ser aplastado por el derrumbe cuando oyó crujir los árboles. Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, dos trabajadores del vertedero, no tendrían la misma suerte y serían sepultados por el alud. A partir de ahí, la magnitud de la tragedia no haría sino aumentar: varios incendios se sucederían en el vertedero y por los que los vecinos y vecinas de la zona serían obligados a recluirse en sus casas, los equipos de rescate serían informados tras muchas horas de la presencia de sustancias altamente peligrosas entre los restos del derrumbe...", apunta Txalaparta en la presentación de este trabajo.

En ese contexto, la editorial destaca que este trabajo revela "una serie de irregularidades que hacen de las basuras vascas un negocio altamente rentable, pero tremendamente peligroso". "Sepamos, pues, quiénes son, con nombres y apellidos, los responsables de la gestión de un vertedero que transportistas, trabajadores y vecinos conocían como 'el agujero'", apunta.

Zelaieta contó a Público las razones que le llevaron a escribir este libro. "Hay un cúmulo de razones personales y profesionales –relata–. Cuando ocurrió el derrumbe, vi que la tónica sería que los medios de comunicación irían desvelando una serie de informaciones que a la administración pública le costaba trasladar a la ciudadanía". Entonces empezó a "intercambiar información con algunos medios" y, al mismo tiempo, constató que había datos que "la administración pretendía ocultar".

En el camino que empezó a transitar aquel seis de febrero, el autor de este libro recogió distintas informaciones que daban cuerpo a la tragedia. Descubrió, entre otras cosas, quién era realmente José Ignacio Barinaga, propietario del vertedero y conocido –según explica el libro– como "El conde de Eibar", localidad próxima al lugar de la tragedia. Barinaga fue detenido en agosto pasado junto a otros dos altos cargos de Verter Recycling, la empresa a cargo de las instalaciones. Actualmente se encuentran en libertad con cargos, acusados de un delito de homicidio imprudente.

En su libro, Zelaieta recurre a la figura narrativa de un detective privado que tras toparse con el derrumbe del vertedero en la autopista A-8, decide tirar del hilo para ver qué había detrás de aquella gran montaña de tierra y residuos que acababa de llevarse por delante a dos trabajadores. De esa manera, el personaje creado por el autor para reflejar sus propias investigaciones encuentra, por ejemplo, "algunas operaciones controvertidas" de otras empresas ligadas a los dueños de la escombrera, así como sus vínculos con otras personalidades.

Según Zelaieta, "una de las relaciones societarias más importantes" de esa empresa con el mundo institucional pasa por el ayuntamiento de Eibar. Cuando el socialista Iñaki Arriola era su alcalde, "contaba con un secretario de alcaldía que a su vez representaba los intereses del vertedero de Zaldibar", apunta.

El nombre de Arriola aparece cerca de 60 veces en el libro: no en vano, el exalcalde de Eibar ocupaba el cargo de consejero de Medio Ambiente cuando se produjo el derrumbe del vertedero. En esta nueva legislatura, Arriola ha pasado a la consejería de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte. En su libro, Zelaieta sostiene que el dirigente socialista "sigue sin dar explicaciones sobre las relaciones que mantuvo el Ayuntamiento de Eibar durante su etapa de alcalde con empresas de los accionistas del vertedero".

En ese contexto, fuentes próximas al consejero señalaron a Público que el gobierno municipal de Eibar "no tuvo nada que ver con las autorizaciones de Verter", al tiempo que indicaron que Arriola, en su etapa al frente de Medio Ambiente, "en estos cuatro años no ha hecho tampoco autorización alguna, más allá de las inspecciones realizadas" a dichas instalaciones.  

La investigación también apunta hacia el director técnico del vertedero, uno de los imputados por la justicia. "Es una persona que en su día representó a otra empresa que gestionó un vertedero polémico en Gipuzkoa y que estaba administrada por la familia del exdiputado general de Gipuzkoa, Eli Galdós", un dirigente del PNV fallecido en 2007. Zelaieta detalla también en su libro que el director técnico del vertedero "es sobrino de un exdiputado del PNV que ahora preside una empresa investigada por irregularidades en la gestión de residuos peligrosos".

Negocio millonario

Uno de los capítulos del libro lleva como título "El estercolero vasco", término empleado por su autor para referirse precisamente a lo que ocurre en el ámbito de los vertederos, al tiempo que da detalles sobre la magnitud de este negocio. "Solo los vertederos vascos reciben residuos por valor de 47 millones de euros cada año, equivalente al presupuesto anual del Consorcio de Guarderías de Euskadi", describe.

Citando datos del Gobierno Vasco, señala que "el 60% de los 6,3 millones de residuos generados en la Comunidad Autónoma Vasca anualmente son de origen industrial, dentro de este porcentaje el 5% son peligrosos. Del resto de los 6,3 millones de residuos, el 21% provienen de construcción y demolición mientras que solo el 19% son de residuos urbanos". "Las bambalinas de la gestión de residuos esconden una tramoya de intereses cruzados entre las castas políticas y empresariales", resume Zelaieta en el epílogo.