Esteban Beltrán (Amnistía Internacional): "El Gobierno israelí considera a los palestinos un pueblo inferior"

¿Cómo describiría lo que está ocurriendo en Gaza?

Tenemos investigadores sobre el terreno y lo que vemos son crímenes de guerra diarios. Empezamos con lo que hizo Hamás, que es una matanza de casi 1.200 personas en apenas dos días de población civil israelí fundamentalmente; después el secuestro, la toma de rehenes, de unas 200 personas; y después una respuesta de Israel completa de crímenes de guerra, que es un crimen de guerra sobre un crimen de guerra. 

Porque el bloqueo de Gaza dura 16 años, pero se ha acentuado ahora. Estamos viendo también bombardeos indiscriminados de población e infraestructuras civiles, incluyendo hospitales; casi ha habido 50 bombardeos de hospitales, de escuelas, de lugares donde se refugia la gente. Hemos podido documentar también una matanza de setenta personas bombardeadas que supuestamente huían de forma segura mientras iban hacia el sur.

Hemos visto una orden de evacuación que significa en la práctica un desalojo forzoso de casi un millón de personas, que es un crimen de guerra. Por lo tanto, están viviendo en Gaza, y lo vivió la población civil de Israel al principio, una de las pesadillas más duras de un conflicto que dura ya casi 70 años. Está siendo una de las situaciones más dolorosas y crueles de los últimos 20 años.

¿Criticar las acciones del Gobierno de Netanyahu significa apoyar a Hamás?

Israel siempre ha mantenido una especie de castigo colectivo sobre los palestinos. En Israel, uno de los temas estructurales es que el Gobierno somete a los palestinos a un sistema de apartheid simplemente por el hecho de ser palestinos. 

El Gobierno israelí históricamente ha considerado a los palestinos un pueblo inferior. Ese es el concepto de apartheid duro, difícil y que hace que muchísimos padres y madres viven en condiciones lamentables, lo cual se acentúa en los tres territorios ocupados, con una intervención militar en Cisjordania, con una ocupación, y en Gaza con un bloqueo. 

Eso es lo que estamos criticando de Israel: violaciones de derechos humanos. Y nos da igual el gobierno que sea. El Gobierno siempre acude a las acusaciones de antisemitismo para intentar escaparse de las críticas. No tenemos ningún problema en decir que el antisemitismo y los ataques antisemitas han crecido en el mundo, pero al mismo tiempo están creciendo los crímenes de guerra de Israel. 

¿Cómo puede parar el conflicto la comunidad internacional?

El gran problema de este conflicto es la falta de voluntad de la comunidad internacional para hacer que Israel vuelva a la senda de los derechos humanos. No existe suficiente presión. Mientras eso no ocurra es difícil que el conflicto se solucione porque no hay presión internacional real sobre ese apartheid, sobre la impunidad. 

Desde el año 2007 o 2008 ha habido seis o siete intervenciones militares de este tipo sobre Gaza y sigue habiendo impunidad. Si no hay suficiente presión sobre Israel, lo tienen que hacer fundamentalmente EEUU y la Unión Europea en menor medida, pues la situación continuará igual.

Porque si tú tienes patente de corso va a continuar la violación de derechos humanos, es decir, la impunidad y la represión estructural sobre los palestinos. Estamos hablando de actos ilegales a todas luces, y ¿qué hacen los gobiernos de la comunidad internacional? Pues reaccionar con comunicados como si fueran una ONG​. Por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué no han decidido retirar el envío de armas a Israel? No toman medidas eficaces ni efectivas sobre el Gobierno.

¿Se nos olvidará la guerra en Ucrania por tener el foco puesto ahora en Gaza?

Hay que diferenciar entre olvido y falta de atención mediática. El olvido desgraciadamente existe para mucha gente en Urania, en el Sahel; ahora estamos viendo lo que ocurre en el Sahel, donde ha habido varios golpes de Estado. Los conflictos armados continúan para la gente que los sufre. El problema es que se olvida mediáticamente y se olvida para la comunidad internacional. 

En Israel y los territorios ocupados de Palestina es exactamente lo mismo. Es un conflicto que permanece durante 70 años y que yo llamaría olvidado pero permanente, es decir, va y viene en la opinión pública internacional dependiendo del nivel de tragedia. La falta de seguimiento de la tragedia es lo que hace que sean olvidados para la comunidad internacional, pero para la gente que los sufre y para nosotros, los que investigamos los procesos armados, ese olvido mediático no significa un olvido real. 

Mientras, en España se dispara la polémica por una ley de amnistía para los implicados en el 'procés' catalán. ¿Qué postura tiene Amnistía Internacional?

Lo primero que hay que indicar es que no hay un texto. Eso es importante. Lo que sí hemos hecho, de forma muy discreta, es enviar algunas consideraciones a los partidos políticos que están negociando esto para decir que las amnistías tienen que ver también con los derechos de la gente. Hay que tener muy en cuenta los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos para parte de las fuerzas de seguridad, pero también los derechos de otras víctimas de graves delitos, que hay varias en este contexto. 

Hay determinados aspectos que hay que contemplar en la discusión sobre la ley de amnistía. Acabamos de enviar toda esa información a los partidos que la están negociando. No quiero ser todavía muy explícito pero sí indicar que las amnistías no son solo un trámite administrativo, tienen que ver con los derechos de la gente. 

¿Amnistía Internacional ha elaborado, entonces, algún informe jurídico para asesorar a los partidos sobre la amnistía del 'procés'?

Les hemos entregado una información de lo que pensamos que son las normas internacionales de derechos humanos que hay que tener en cuenta cuando uno negocia medidas de gracia de este tipo. Las víctimas individuales de los delitos deben tenerse en cuenta en el proceso, deben ser escuchadas, y hemos mandado efectivamente información a los cuatro partidos, PSOE, Sumar, Esquerra y Junts, para que conozcan lo que en nuestra opinión tienen que tener en cuenta en el ámbito de derechos humanos mientras negocian la amnistía.

Son cuestiones provisionales porque no hemos visto el texto. Nos reservamos hacer una segunda opinión un poco más pública cuando haya un texto articulado. 

¿Qué derechos humanos se habrían vulnerado en el contexto del 'procés'?

Nosotros hablamos de que hay personas que han sufrido la excesiva fuerza por parte de la Policía, las Fuerzas de Seguridad, pero también ha habido víctimas policiales de graves delitos, hay que tener también en cuenta los derechos de esas víctimas. Esto no significa que no se pueda trabajar para que haya una ley de amnistía o lo que sea, pero tiene que tener determinadas garantías que marca el derecho internacional. 

Sobre el pronunciamiento del TEDH por los recursos contra la sentencia del 'procés' ,¿qué cree que va a ocurrir? 

Es importante saber que es un recurso imparcial que tienen las personas que creemos que han sufrido vulneración de derechos. Nosotros estuvimos todos los días del juicio y nuestra preocupación especialmente eran las personas de la sociedad civil que fueron condenadas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

Amnistía Internacional considerará hacer una presentación específica ante el TEDH sobre estos casos. Para nosotros hubo vulneraciones de derechos humanos en ese proceso para estas dos personas.

El tipo de interpretación que dio el Tribunal Supremo para todos, políticos y sociedad civil, fue muy peligrosa. Nada tiene que ver con la represión o con la penalización de un delito concreto, sino, más bien, se adentra en la libertad de reunión y libertad de expresión.

¿Qué debería reclamar España aprovechando la presidencia europea en materia de migraciones?

Un cambio radical en Europa, que no lo va a hacer porque, en realidad, el Gobierno español, con matices, comparte la política de inmigración, la política de refugio. Si hay una política que desgraciadamente comparten los dos partidos españoles que han estado en el poder en los últimos años es la política de inmigración y refugio. Y es una política restrictiva de derechos en la que se busca en realidad que no llegue nadie a Europa. Así es la política global europea y la política española.

Hay diferencias, eso sí. Por ejemplo, hay diferencias de salvamento marítimo. En España hay salvamento marítimo de las personas que lo piden y eso es muy de valorar; faltaría más que no salvaras a la gente en el mar. Pero hay una parte europea que ni siquiera salva a la gente en el mar. 

Es una política que busca externalizar las fronteras fuera de Europa, que busca gendarmes para que no llegue la gente aquí. Estamos hablando de Turquía, de Marruecos, de Túnez, ahora incorporada con entusiasmo como un país democrático, entre comillas, y estamos hablando de Libia, un país que se está deshaciendo. Esa externalización de fronteras, ya en sí misma, implica violación de derechos humanos.

El Pacto Europeo de Migraciones va de eso. Va a haber sistemas de asilo de segunda categoría para determinados países, para determinadas personas; a ti te van a entrevistar menos, va a haber peor asistencia letrada. O sea, es una política escandalosa de violación de derechos humanos. Y, en nuestra opinión, una política a largo plazo estúpida porque la vieja Europa necesita gente que llegue ordenadamente a Europa. El ejemplo más claro es Alemania, que fue el único país que recibió un millón de refugiados desde el 2015. De ese millón de personas, el 50% está trabajando ya en Alemania. 

Sobre el dramático caso del periodista Pablo González, encarcelado desde hace un año y medio en Polonia, ¿qué posibilidades hay de que si cambia el Gobierno reaccionario polaco pueda quedar en libertad condicional?

Pablo ha estado mucho tiempo en condiciones carcelarias complicadas en régimen de aislamiento. Muchas veces tiene enormes dificultades para salir con otros reos y conversar en el patio. Pasa mucho tiempo en la celda; ha podido ver a su familia solo dos veces; y además no hay una acusación todavía, es un preso preventivo. Nosotros nos hemos dirigido al fiscal general de Polonia pidiendo que Pablo González sea puesto en libertad hasta que sea el juicio, porque no es una amenaza para nadie. 

Lamentablemente Polonia es un país donde existen violaciones de derechos humanos muy profundas. Entre ellas, por ejemplo, que los abogados no puedan trasladar información a nadie fuera del proceso penal, bajo amenaza de cárcel e inhabilitación. No pueden decir lo que está pasando con su cliente. Lo de Pablo es un cúmulo de irregularidades que deberían llevar a una apuesta de las autoridades españolas más fuerte para que Pablo pueda estar en libertad mientras espera el juicio. 

Un posible cambio de gobierno no sé si afectaría, porque tienen que cambiar las leyes. Es que Pablo González no debería estar esperando eso. Aquí el papel fundamental lo cumple la Fiscalía General de Polonia, que es quien decide cada vez que pasan tres meses si se prolonga o no la detención. Yo creo que hay que meter presión sobre el ámbito de los derechos.

¿La Inteligencia Artificial (IA) es una aliada o una amenaza en el ámbito de los derechos humanos?

Es una amenaza y es una aliada. Hay que hacer ciertas cosas para que sea aliada y no una amenaza. Todo el mundo puede entender que puede ayudarnos a cuestiones médicas, regulación del tráfico, a cuestiones de la vida diaria. El problema es quién lo regula. Actualmente hay por primera vez, y eso es muy positivo, una directiva inicial de la Unión Europea y del Parlamento europeo para regular la IA. 

Lo que se tiene que hacer es que no sea una regulación impuesta por las grandes compañías tecnológicas. Es importante que la regulación de la IA venga por reglamentos y normas gubernamentales. 

Sería importante que hubiera un ámbito de derechos humanos en esa regulación, que no sea discriminatoria, que no esté destinada, por ejemplo, como pasó en Holanda, a manipular a través de algoritmos un sistema racista de ayudas a personas. El gobierno de Holanda tuvo que dimitir por esto. 

Hay otras tecnologías que directamente hay que prohibirlas, como la vigilancia biométrica, es decir, el reconocimiento facial, que además es capaz de documentar tus emociones. Toda esta tecnología biométrica necesita ser prohibida porque eso lleva a lo que llamaríamos el derecho penal del enemigo: es decir, tú metes en los algoritmos lo que tú quieres y siempre te va a salir que tienen que tener especial atención sobre personas negras, sobre árabes, sobre personas migrantes, refugiadas, etc. 

¿Qué se debería hacer con los 'softwares' de vigilancia tipo Pegasus, cada vez más sofisticados?

Hay que tener en cuenta que al principio nosotros pensábamos que este tipo de vigilancia, como Pegasus, es un instrumento que está en tu móvil y que puede hacerse con tu móvil y no sólo eso, descubre todo lo que tienes dentro pero también puede inventarse y fabricar pruebas en tu móvil.

En un principio pensábamos que debería estar regulado, pero visto cómo lo están utilizando los gobiernos, las empresas, la misma empresa israelí que no responde a los tribunales españoles, debería ser prohibido hasta que no exista realmente una regulación del sistema de espionaje. Si logramos que todas estas tecnologías vayan en el ámbito de los derechos humanos entonces tendrá una ventaja grande. 

Se acaba de crear en el Estado español la Agencia de Algoritmos. Y estamos hablando tres organizaciones con el Gobierno español para decirle: "Vamos a ver, primero necesitamos el código fuente, que sea transparente y además en los algoritmos tú necesitas gente que tenga un componente de derechos humanos para asegurarnos que el algoritmo se crea correctamente".