El Gobierno detectó el año pasado un aumento del nivel de actividad en España de algunos servicios de inteligencia extranjeros, tanto para reclutar a ciudadanos españoles cuyo trabajo es de interés para ellos como para intentar acceder a instituciones o personas relacionadas con organismos internacionales como la UE y la OTAN.

Así lo asegura el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente a 2016, al que ha tenido acceso Europa Press, que reconoce también que, en este marco de actividad de otros servicios secretos, Estados extranjeros están lanzando campañas de ciberespionaje contra "redes gubernamentales con información sensible y empresas de sectores estratégicos". Según el documento, "a los países tradicionalmente más conocidos por el empleo de este tipo de herramientas ofensivas", entre los que no ha mencionado ninguno en concreto, "se han unido nuevos actores", lo que muestra que "la mayoría de los gobiernos están adquiriendo capacidades ciberofensivas".

El informe que ha redactado el Departamento de Seguridad Nacional, que asesora al presidente del Gobierno en esta materia, destaca que el año pasado los ataques de ciberespionaje se han hecho "más complejos" y, en sus modalidades recientes, dedican "importantes recursos a evitar su detección y atribución". "Es previsible que esta tendencia creciente del uso del ciberespionaje por parte de servicios de inteligencia continúe y que nuevos actores se incorporen al uso de estas técnicas, con un desarrollo paralelo de los procedimientos que dificultan la atribución o la desfiguran", advierte el Gobierno.

Para hacer frente a estas actividades de otros servicios secretos, el informe asegura que "se ha dado prioridad a la identificación de miembros y colaboradores de los servicios extranjeros y al control de su presencia y actividad", tratando de "verificar la legitimidad de sus actividades y evitar acciones clandestinas y de influencia en nuestro territorio". "La detección de su actividad, así como la profundización en el conocimiento de su modus operandi, exigen un trabajo continuado que debe permitir determinar su carácter lesivo para los intereses nacionales, ya sea directa o indirectamente, con el fin último de contribuir a la neutralización de sus actuaciones", explica el informe.

En el capítulo de infraestructuras críticas, el documento alude al "significativo potencial de disrupción" que suponen los ataques a sistemas informáticos por parte de la ciberdelincuencia, el ciberterrorismo y el hacktivismo. No obstante, se subraya el trabajo de prevención del CERTSI y la Oficina de Coordinación Cibernética. "Uno de los retos a afrontar muy característico de nuestro país", advierte el Consejo de Seguridad Nacional, "es el debido mantenimiento y conservación de las infraestructuras hidráulicas, cuya edad resulta elevada (unos 45 años de media)".

Lo mismo ocurre con las centrales nucleares y la gestión de fuentes radioactivas, constatando el órgano de asesoramiento del Ejecutivo en materia de seguridad que en 2016 se han desplegados las unidades de respuesta de la Guardia Civil, quedando aún por determinar la que se constituirá en el Almacén Temporal Central en Villar de Cañas (Cuenca).