El pasado 9 de septiembre, PSOE y Unidas Podemos anunciaron su intención de llevar al Congreso el supuesto espionaje que el PP, mediante el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, realizó al extesorero de la formación Luis Bárcenas para destruir pruebas incriminatorias. Un día después, ambos grupos formalizaron esta petición en la Cámara Baja para identificar a los posibles responsables de Kitchen, una operación que se investiga en la Audiencia Nacional.

El pasado 1 de octubre, después de que la Mesa del Congreso avalara las solicitudes registradas por los partidos que sustentan al Gobierno, el Pleno de la Cámara Baja aprobó por mayoría absoluta y tras un debate bronco la creación de la Comisión Kitchen. Y todo en cuestión de un mes. Entonces, los grupos acordaron la constitución de este órgano para finales de octubre o principios de noviembre, pero hasta el momento, 64 días después de que se presentaran las solicitudes, no ha habido negociaciones sobre cuestiones como la formación de la Mesa, la persona que presidirá la comisión o el calendario de comparecencias, tal y como apuntan a Público los grupos de ERC, Cs, JxCat, PNV, Bildu, Compromís, Más País y BNG.

La moción de censura fallida de Vox contra el Gobierno, los debates de los estados de alarma en la Comunidad de Madrid y en España, así como la llegada y debate de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), han dinamitado el calendario de la actividad parlamentaria previsto para estos meses.

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos aseguran a este medio que ya han "trasladado" al grupo socialista su voluntad de "arrancar la comisión de investigación a la mayor brevedad". Asimismo, añaden que están "a la espera de fijar una reunión para hablar los detalles".

Por su parte, fuentes del PSOE aseguran que la negociación sobre la constitución de este órgano "no está estancada". En este sentido, explican que el retraso se debe al "excesivo volumen de trabajo de las últimas semanas" debido a los acontecimientos parlamentarios detallados anteriormente. 

Asimismo, explican que primero se debe retomar la comisión de investigación sobre el accidente aéreo de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cuyos trabajos se vieron interrumpidos a principios de 2019 por las dos convocatorias de elecciones generales en abril y noviembre.

Conversaciones para renovar el CGPJ

No obstante, otras voces del Congreso apuntan a que los socialistas "evitan poner en marcha" esta comisión por el momento para no "espantar al PP". Y es que, paralelamente a estas negociaciones, el Ministerio de Justicia ya ha tenido conversaciones con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atascada desde finales de 2018, tal y como informan fuentes cercanas a este medio. 

En esta línea, también está en el aire la proposición de ley orgánica registrada el pasado 13 de octubre por PSOE y Unidas Podemos para que, entre otras cuestiones, el Congreso y el Senado puedan elegir a los 12 vocales (seis por cada Cámara) del CGPJ que les corresponde sin la necesidad de alcanzar la mayoría de tres quintos exigida, esto es, se podría renovar el órgano de gobierno de los jueces con la mayoría absoluta obtenida en segunda votación. Con esta propuesta, alegaron entonces los portavoces de ambas formaciones, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, esquivarían el "bloqueo" del PP a la renovación del CGPJ. 

Tras el registro de esta reforma, criticada por el propio órgano y la mayoría de las asociaciones de jueces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el debate de moción de censura su intención de "detener el reloj de la reforma" si los de Pablo Casado se sentaban a negociar, una propuesta que la formación morada no vio con buenos ojos.

Posibles nombres para las comparecencias

Así las cosas, la realidad es que nueve semanas después de que ambos grupos presentaran la petición, la constitución de la comisión aún está en el aire. En el escrito de solicitud se recogen las posibles peticiones de comparecencia del expresidente del Gobierno y expresidente del PP Mariano Rajoy, la exministra y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, este último imputado en la causa que instruye el juez Manuel García Castellón.

El excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde hace tres años por el caso Tándem e imputado en otros procesos judiciales, también es otro de los nombres que suenan para ser llamados a comparecer en la comisión de la Cámara Baja. En una entrevista concedida a El País hace unos días, el excomisario aseguró que PP y PSOE se habían "puesto de acuerdo" para que no acuda a declarar en la comisión ante la presunta existencia de grabaciones que podrían salpicar a los Gobiernos socialistas anteriores, tal y como indicó Villarejo. Y es que, el magistrado de la Audiencia Nacional trata de investigar si la operación Kitchen fue ideada por la policía paralela liderada por el excomisario o por el propio Ministerio de Interior de Fernández Díaz a instancias de la cúpula del PP para destruir posibles pruebas contra la formación conservadora.