La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá –también es portavoz del Gobierno–, desató este pasado jueves toda la furia de la derecha y también de la Iglesia al afirmar que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza "no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española". 

Unas palabras que no son nuevas y que son obvias: no en vano están respaldadas, tal como recordó la propia Celáa, por una sentencia del Tribunal Constitucional en 1981. Celáa hizo una afirmación que ya se había hecho otras veces anteriores y que tampoco es ninguna falsedad. De hecho, la ministra de Educación quiso ser muy clara al respecto: "No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27", enfatizó para evitar confusiones.

Pese a ello, el revuelo ha sido mayúsculo. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, respondió con cierta dureza a las declaraciones de Celáa deseando que sea "un lapsus". "De no ser así supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social".

Más furibunda fue la reacción del PP. Pablo Casado reclamó a través de Twitter al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que dijera si compartía esa afirmación o no. "Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si éste es el modelo del nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología".

La ofensiva de la derecha no se detuvo ahí: la coordinadora del PP de los temas educativos en el Parlamento, Sandra Moneo, señaló a Efe que las declaraciones de la ministra parecen responder al acuerdo con Podemos.

Y este viernes, en declaraciones a TVE, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este viernes que el PSOE y Podemos ya han iniciado sus primeros "ataques a las libertades" con la escuela concertada y ha recalcado que su partido no permitirá que sean ellos quienes elijan la educación de los españoles.

Según Gamarra, Pedro Sánchez, "no dice la verdad ni al médico" y que lo que ha dicho en la campaña se transforma ahora en "extremismo y ataque a las libertades que la izquierda ya está promoviendo".

"O si no que se lo digan a los padres de la concertada que hoy viven con absoluto temor lo que está pasando y las afirmaciones de la propia ministra", ha añadido Gamarra, quien ha terminado su intervención subrayando que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y la religión que quieran para ellos.

Un debate estéril

Celáa hizo estas declaraciones durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas que representan el 15% del total del sistema y el 58% de la enseñanza privada-concertada. Las palabras causaron un murmullo de protesta.

Horas después el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que precisa que "la posición expresada por la ministra es exactamente la que está establecida por la ya antigua Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares".

"En ningún momento el TC indica que forme parte de la libertad educativa el derecho a elegir centro", prosigue el ministerio, que añade: "Es más, en el Fundamento Jurídico 8, el propio Tribunal establece que 'el derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el art. 27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente'.

Y explica que "sostener que existe un derecho constitucional absoluto a la elección de centro significaría el absurdo de que los centros sostenidos con fondos públicos, pero también los privados, deberían admitir a todos los solicitantes de plaza en ellos, así multipliquen la capacidad organizativa del centro".

El artículo 27 de la Constitución dice en su punto 1: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza".

Y su punto 3 señala: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".