El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.

Escrivá ha indicado que la pandemia ha traído "mucha incertidumbre", por lo que ha apelado a la responsabilidad para dar un marco de referencia a medio plazo "estable y creíble" a pensionistas y a trabajadores próximos a la edad de jubilación.

Así lo ha señalado durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la renovación de las recomendaciones sobre las pensiones.

El ministro ha sido claro: ha abogado por otra reforma de las pensiones. Escrivá, ha invitado a los grupos parlamentarios a alcanzar "de forma urgente" un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones. Durante su comparecencia, ha señalado que "la crisis de la covid-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo, de forma que las pensiones "ya se revaloricen con un marco estable el año que viene".

"Es necesario alcanzar cuanto antes un amplio acuerdo político" sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo, ha dicho Escrivá. En este aspecto, ha señalado que el borrador de recomendaciones actual es un "magnífico punto de partida para llegar a este consenso.

Según ha explicado el ministro Escrivá, el sistema de pensiones español tiene algunas características peculiares. Una de ellas es la existencia de un mecanismo para revalorizar las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, "una excepción en comparación con los países con sistemas homologables al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma". En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, "al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles".

Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones.

En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.

Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planes (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones).

Incentivar las demora en la jubilación

En su análisis,Escrivá ha constatado un aumento de las jubilaciones anticipadas,  hasta el 16% del total en 2019, y una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.

El gasto en pensiones en España es del 10,9%, frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".

En todo caso, ha instado a incentivar la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzar fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales.

Según Escrivá, la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor, es un ahorro para el sistema y es un ahorro para el empresario por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, ha precisado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también ha avanzado este miércoles que su departamento y la Agencia Tributaria llevan meses trabajando para dar una respuesta "relativamente inmediata" en el desarrollo de una estrategia por tramos para lograr de forma "gradual" la cotización por ingresos reales de los autónomos con un modelo "sostenible" en el tiempo.