El grupo parlamentario que aglutina a ERC y a Bildu a en el Senado ha registrado este martes en la Cámara Alta una proposición de ley para que el Tribunal de Cuentas fiscalice tanto las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Corona como los movimientos y variaciones que se producen en el patrimonio de la familia real.

Los republicanos catalanes ya habían advertido hace unas semanas, después de los escándalos de la monarquía a los que han apuntado algunas informaciones, sobre la necesidad de que la Agencia Tributaria fiscalizara la actividad económica y financiera de la monarquía, dado que se nutre de fondos públicos.

Las formaciones catalana y vasca registran ahora una proposición de ley que, de ser aceptada por la Mesa de la Cámara, forzará un debate sobre las finanzas de la Corona, en entredicho en las últimas semanas tras apuntar algunos medios de comunicación a que Juan Carlos I tendría una sociedad offshore de la que Felipe VI sería beneficiario.

"La transparencia y el control en el uso del dinero público por parte de los
poderes que lo gestionan es un pilar esencial de la democracia. La ciudadanía
tiene el derecho a saber cómo se gasta el dinero que aporta como contribución
al bien común y a la gestión de los asuntos públicos", arranca la exposición de motivos del texto registrado por ERC y Bildu en el Senado.

En este sentido, prosigue el documento, "los poderes públicos encargados de dicha gestión tienen la obligación de informar a la ciudadanía sobre cómo es utilizado el dinero recaudado, de manera que esta confíe en los poderes públicos, se realice una labor pedagógica respecto a la necesidad de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos y se reduzca o elimine el riesgo de una gestión perversa de los
mismos".

Las formaciones catalana y vasca consideran "incomprensible" que "la institución más alta del Estado esté exenta de esta transparencia y control". "Esta excepcionalidad, que no tiene amparo constitucional, mantiene en la opacidad los ingresos y gastos de quien ocupa la Jefatura de Estado y su familia, cuestionando así no sólo uno de los principios esenciales de la democracia, sino la ética y la propia legitimidad democrática de la más alta institución estatal", reza el documento.

El hecho de que la Corona reciba dinero de los Presupuestos Generales del Estado, "ya que la cantidad recibida no es un simple salario para su supervivencia", obliga a la institución, a juicio de estos partidos, a "eliminar la opacidad" de sus cuentas, "de manera que la ciudadanía no tenga ningún tipo de dudas sobre la gestión responsable y ética del dinero público".

Control de las Cortes con informes del Tribunal de Cuentas

"El dinero distribuido por las Cortes Generales, mediante la Ley anual
de Presupuestos Generales del Estado, debe ser controlado por las propias
Cortes Generales, mediante los oportunos informes recibidos del Tribunal de
Cuentas al respecto", proponen desde el grupo parlamentario.

Para ello, la proposición de ley propone una reforma de la ley del Tribunal de Cuentas para que la Casa Real sea objeto de fiscalización de este organismo. De esta manera, la Corona estaría obligada a otorgar toda la información que el Tribunal de Cuentas considere pertinente "para el desarrollo efectivo de su labor
fiscalizadora".

La iniciativa propone que el organismo asuma las funciones de fiscalizar "externa, permanente y consuntiva la actividad económica-financiera de la Casa Real, así como de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de Apoyo a la Jefatura del Estado". En esta fiscalización también se incluirían "la situación y las variaciones de patrimonio de la familia real".