“Me impacta el miedo a declarar de las víctimas”

La jueza María Romilda Servini de Cubría se ha convertido en la magistrada argentina más conocida en España. Instruye desde Buenos Aires la causa que investiga los crímenes del franquismo, única en el mundo. Suele ser renuente a dar entrevistas, y es también cuidadosa a la hora de extenderse en sus respuestas. Frente a la periodista, habla poco y mira de vez en cuando a quien la observa a su vez sin perder detalle: su secretario Alfredo Mangano, la persona en la que quizás más confía dentro de su juzgado.

Si hay una constante en el juzgado de Servini son las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pese al indulto del presidente Carlos Menem que lo protegía, en 1998 detuvo con prisión domiciliaria al comandante Emilio Massera, integrante de la Junta militar que dio el golpe de Estado junto a Jorge Videla. Tres años después, solicitaba a la Justicia de Chile la detención del dictador Augusto Pinochet por su vinculación en el asesinato del general Carlos Prats y de su mujer Sofía Cuthbert, asesinados en 1974 en el marco de la operación Cóndor.

“No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos humanos, tenga miedo"

La jueza acostumbra a enlazar su apellido con el de su marido fallecido en 2010, el brigadier Tomás Cubría, que fue retirado en 1977 por decisión del tercer integrante de la Junta que dio el golpe de Estado, Ramón Agosti.

La jueza con sus ayudantes y los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy.

Servini provocó además una de las anécdotas más recordadas de la televisión argentina al interponer un recurso de amparo contra el famoso cómico Tato Bores para no ser nombrada en su programa. El artista sorteó la censura llevando al estudio de televisión a actores, músicos y periodistas que cantaron a coro "la jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay", en socarrona referencia a la magistrada.

"La querella está queriendo una reparación. Los imputados, una defensa. Esto tiene que tener un final”

El corazón de la causa
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Así comenzó este proceso que en sus cinco años de vida ha conseguido que pese una orden de extradición contra 20 imputados españoles –tres fallecidos–, que ha invitado a denunciar los crímenes franquistas a través de los consulados argentinos, que ha individualizado a más de 4.500 víctimas, y que ha motivado a una jueza a viajar a España para recoger en persona declaraciones testimoniales sobre desapariciones y otros crímenes.

“Aquel viaje fue muy bueno”, recuerda Servini. “Nos dieron mucho apoyo y nos atendieron muy bien, salvo una jueza en Málaga que no nos recibió y no nos dejó ir al lugar donde estaban enterradas las víctimas para después solicitar la exhumación”. La magistrada se refiere al cementerio de San Rafael, la fosa común más grande de España. Allí fueron fusiladas y enterradas 4.471 personas.

"Quizás es demasiado pronto para que España investigue sus propios crímenes, hay heridas todavía abiertas”

En el caso de España, evalúa, están en una etapa más primaria. “Es importante que podamos indagar, porque ahí se impulsa la causa. El exministro Rodolfo Martín Villa [uno de los imputados] ha dicho que quiere declarar”.

La jueza Servini, en el despacho en el que nos recibe para la entrevista.

El guiño sobre un cambio político en España que permita agilizar el proceso se cuela en la entrevista. “No me puedo adelantar a los acontecimientos, como ustedes tampoco pueden adelantarse a los procesos políticos de su país”, desliza. “Hay que ver. Si yo tuviera que adelantarme y decir que el año que viene va a pasar tal cosa, no podría hacerlo, porque no sé quién será el presidente el año que viene”.

"No sé si la causa es importante para Argentina. Acá a nadie le interesa"

Trascendencia del proceso
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La relevancia de una causa que por primera vez afronta los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura puede tener más eco en España que en Buenos Aires. La jueza hace como que no es consciente de las repercusiones de su investigación. “No suelo prestarle atención a eso, no estoy con eso. A veces te critican, a veces te elogian. La Justicia es así. Algunos en España nos criticarán”.

La jueza escucha a los abogados de la querella Máximo Castex y Carlos Slepoy.

La magistrada revela que no había imaginado los progresos que iba a tener la causa a lo largo del tiempo. “Estoy muy contenta, porque veo que vamos muy bien”, concede. “En concreto, que ya haya imputados y hayamos podido pedir extradiciones. Estamos a una altura muy importante que para nosotros es la llamada a indagatoria, cuando se pide la extradición”.

Una de las últimas trabas a la investigación no provino de la Audiencia Nacional, sino del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy cuando denegó en marzo las extradiciones que pedía la magistrada. España, en este punto, vulnera el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica ratificado por ambos países en 1990.

“Los tratados son vinculantes pero si España no los cumple la Justicia argentina no puede intervenir”

Intercede entonces su secretario Mangano. “España no hizo lugar a nuestros pedidos de extradición por la ley de Amnistía que tienen vigente, no porque consideraran que no teníamos razón. No trataron el fondo del asunto, se escudaron en eso. Pero esto es muy importante, porque si hubieran podido voltear nuestros argumentos lo habrían hecho como para que no mandemos más pedidos”, delibera.

Miedo en las víctimas
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Si hay algo que a la magistrada le ha impresionado durante el transcurso de la causa fue el temor de las víctimas a dar su testimonio. “Me impactó el miedo que tiene la gente a declarar”, recuerda Servini de su viaje. “No estamos acostumbrados a que la gente, en derechos humanos, tenga miedo. La gente acá es espontánea, habla. Nos impresiona el miedo”. Ante la pregunta de a qué cree que obedece ese miedo, se echa para atrás y aprieta los labios. “Investiguen ustedes, los españoles. Pregúntenle a la gente por qué los querellantes tienen miedo de declarar”.