BARCELONA.- Las conversaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el por entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en las que conspiraban para fabricar escándalos contra ERC y CDC, han traído actuaciones políticas dispares. Transcurridas las elecciones, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos se opusieron a que el ministro diera explicaciones sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Por el contrario, y con menos de 24 horas de diferencia, el Parlament de Catalunya aprobaba la destitución del director de la OAC.

Hasta el momento estas son las dos únicas consecuencias directas del escándalo destapado por Público. Una por omisión: Fernández Díaz sigue en su cargo y no tendrá que comparecer en la Cámara Baja para valorar el contenido de las grabaciones. Y la otra por acción: De Alfonso ha sido fulminado de forma casi unánime, con los votos a favor de todos los partidos catalanes menos el PP.

La lluvia de denuncias tampoco se ha hecho esperar. Convergència y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias ya han iniciado trámites para querellarse contra el ministro por injuria, delitos contra la autoridad y revelación de secretos. Catalunya Sí Que es Pot ha presentado una denuncia a la Fiscalía para que investigue si Fernández Díaz y De Alfonso cometieron un delito de prevaricación. Y el PSC también aportará su querella contra De Alfonso, pero en su caso por haber sido acusados de filtrar sus conversaciones con el ministro. Paralelamente, el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, llevará el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Pero no solo los partidos han tomado cartas en el asunto para tratar de esclarecer y juzgar los movimientos de Fernández Díaz. Las tres grandes entidades soberanistas que empujan desde la ciudadanía el 'procés' (ANC, AMI y Òmnium) llevan años advirtiendo públicamente sobre esta guerra sucia y el mismo día de la publicación de las conversaciones convocaron una manifestación delante de la Delegación del Gobierno en Barcelona para reclamar 'un nuevo país libre de corrupción'.

Con sus líderes ha conversado Público para conocer en qué modifican estas evidencias el tablero de juego independentista. Todos coinciden: el estado seguirá buscando fórmulas para torpedear la hoja de ruta pero, al mismo tiempo, reclaman mecanismos para reformular una Oficina Antifraude catalana que se ha revelado fallida pero que consideran "necesaria" a ojos de Europa.

Indicios, sospechas y evidencias

A finales de 2014, una web llamada 'Anonymus Cataluña' filtraba el listado de los más de 50.000 socios de la Assemblea Nacional Catalana. Entre la información se encontraba el nombre, el DNI, el correo electrónico y el estado de pago de la cuota de cada miembro. La ANC no solo denunció que estos datos habían sido sustraídos de forma ilegal, también insinuó que detrás de la filtración estaba el CNI. Las consecuencias tuvieron un impacto en las arcas de la entidad independentista, por entonces presidida por Carme Forcadell: la Agencia Española de Protección de Datos sancionó la falta de seguridad con 40.000 euros, a los que se sumaron otros 200.000 por vulnerar un artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en la encuesta soberanista que la entidad realizó a través de voluntarios en miles de domicilios. Vox y Ciutadans fueron los partidos que alertaron a la AEPD de lo que consideraban "listas negras". Òmnium Cultural, entidad presidida por Jordi Cuixart, también fue sancionada con la misma suma.

"No tenemos pruebas pero el sentido común nos dice que en todas las irregularidades y denuncias hay un hilo conectado con la actuación del estado más allá de la legalidad", argumenta Jordi Sánchez, presidente de la ANC, a la llamada de este diario. "Hemos sido objeto de robos, hemos visto documentos internos publicados en medios afines a la derecha española, se han enviado correos falsos a socios para desconvocar movilizaciones… Sabemos que la guerra sucia ha existido, existe y existirá y que en la medida que el procés quiera culminar su etapa, desde el estado se seguirán buscando fórmulas para desestabilizarnos", continúa.

Las revelaciones del ministro no han sorprendido a Sánchez, que reconoce convivir con el riesgo de que "en cualquier momento se abra una vía de descrédito hacia mi persona o cualquier otro dirigente". "Ni tú ni yo tenemos la certeza de que en este momento no nos están escuchando", prosigue. Puede parecer exagerado pero su predecesora, Carme Forcadell, y su familia, fueron espiados por la policía con la intención de criminalizar a la ANC, según publicaba la pasada semana la Cadena SER. Y de hecho, fuentes cercanas a la hoy presidenta del Parlament no descartan que ésta también emprenda, en los próximos días, acciones legales contra el responsable de la cartera de Interior.

En la Assemblea no van a querellarse contra Fernández Díaz. "Legalmente no somos una parte directa implicada. Y aunque las conversaciones evidencian un estilo putrefacto de hacer política, sabemos que al sustentarse en pruebas obtenidas ilícitamente el recorrido judicial puede ser muy corto", explica Sánchez. Tampoco va a hacerlo la Associació de Municipis per la Independència, la AMI, presidida desde abril por la diputada de Junts Pel Sí Neus Lloveras: "No descartamos nuevas iniciativas ciudadanas, manifestaciones u otras fórmulas. Porque los juicios por el 9-N también nos preocupan y mucho a día de hoy. En cualquier caso, todo esto nos reafirma en la falta de confianza en la manera que tiene el estado español de funcionar".

Lloveras no se siente amenazada, a pesar de que en una de las conversaciones Fernández Díaz apremiara a De Alfonso para llevar a la Fiscalía al expresidente de la AMI Josep Maria Vila d'Abadal. "Siempre habíamos sospechado de la existencia de esta guerra sucia. Pero estoy tranquila porque no pueden sacar nada interesante. Seguimos actuando con transparencia", asegura. Pero el presidente de la ANC advierte: "El estado seguirá empleándose a fondo para generar artefactos intoxicadores y mediáticos sin base objetiva".

Jordi Cuixart es el presidente de Òmnium, la entidad independentista sin ánimo de lucro liderada durante tantos años por la fallecida Muriel Casals. "Más que amenazados, nos sentimos observados", asume en conversación telefónica. "Que el estado destine recursos económicos a vigilar partidos y entidades soberanistas autofinanciadas por sus socios es muy triste pero mientras no haya una división de poderes en España, las cloacas seguirán existiendo y esto irá a más", continúa.

Cuixart hace referencia, como Sánchez, a los 200.000 euros que su organización tiene que pagar por vulnerar la ley de protección de datos en la macroencuesta soberanista previa al 9-N. La tacha de "actuación política" por la "celeridad excepcional" con la que investigaron la denuncia. "Existía una clara voluntad de debilitarnos económicamente", explica. Ambas multas están recorridas, a día de hoy, tanto por la ANC como por Òmnium.

El exjefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso.

Escenario postelectoral

El escándalo de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso apenas penalizó al Partido Popular en las elecciones del 26-J. En cambio, desde las entidades soberanistas esperan que esto ayude a reforzar la idea de que el estado español "renuncia a defender los derechos democráticos", según Cuixart. El presidente de Òmnium se congratula de que en Catalunya la fuerza del cambio sea más holgada que en cualquier otra comunidad autónoma e interpela a la parte de la ciudadanía española que ha posibilitado una victoria aun mayor de los populares: "Que voten a todo lo opuesto a la democracia, transparencia y división de poderes es preocupante".

Lloveras tiene una visión más pragmática. La presidenta de la AMI espera que las conspiraciones de Interior "aceleren" la hoja de ruta y "mejoren" la unidad dentro del bloque independentista. "Si el procés sufre pequeñas alteraciones no es por estos casos que nos indignan, es por las dificultades internas que nos encontramos", señala. A la gravedad de las grabaciones, Jordi Sánchez incorpora el veto a la comparecencia del ministro, una decisión "que hace aun más grave la vergüenza del Congreso". También invita a las formaciones favorables al derecho a decidir a sacar conclusiones tras lo sucedido: "El problema no es el ministro, son todas las estructuras gubernamentales. Los que creían que este estado era salvable, hoy deben asumir que con estos actores hay muy poco recorrido".

Los tres coinciden en señalar que hay una parte de la ciudadanía a la que no le preocupan las prácticas del ministro. Más bien las toleran y protegen. Para el presidente de la ANC, "este es el hilo que vincula a la cultura política del 2016 con la del franquismo. Esta mirada cínica de lo que ocurre en España es la herencia más directa de la dictadura".

Reformular la OAC, una herramienta "necesaria"

En clave estrictamente catalana, las entidades soberanistas valoran la importancia de tener una Oficina Antifraude pionera en el estado español y ninguno de sus portavoces se cuestiona su desaparición. Jordi Cuixart cree que este organismo "nos hace más europeos" y arroja una imagen de "exigencia y transparencia a ojos del mundo". No obstante, el presidente de Òmnium reconoce que "la buena fe es necesaria pero no suficiente" y que, tras lo ocurrido durante el mandato de De Alfonso, "urgen mecanismos para fiscalizar sus movimientos".

En calidad de presidenta de la AMI pero también como diputada en el Parlament por el partido que gobierna en la Generalitat, Junts pel Sí, Neus Lloveras lamenta que la OAC haya quedado "tocada". Y aunque aplaude la rapidez con la que se ha destituido a su director, asume que "la naturaleza independiente se ha revelado ineficaz" y que están obligados a buscar nuevas fórmulas "para recuperar su credibilidad", porque "el fraude sigue siendo un problema fundamental en nuestro país".

Desde luego, que una Oficina Antifraude cuyo objetivo es proteger a la ciudadanía de la corrupción se corrompa no es de lo más alentador. Por eso Jordi Sánchez llama a no confundir "la necesidad de un organismo con competencias en la lucha contra el fraude con el mal uso que una persona haya hecho de esta oficina". Para el líder de la Assemblea, De Alfonso fue un jefe "megalómano" e "impropio de un servicio público" y aunque aprueba que una entidad como ésta deba estar "blindada de la incidencia partidista" no vería con malos ojos que se insertara dentro de otros organismos como la Sindicatura de Cuentas o el Sindic de Greuges. "Esa es mi duda: si tiene razón de ser como institución independiente o si deben ser otros entes los que amplíen sus competencias para darle cabida", sostiene.

Al líder de la Assemblea también le preocupa que De Alfonso haya malversado fondos públicos. "Las memorias presentadas son claramente mejorables", razona. "Habría que repasar cuántos casos ha llevado a Fiscalía y cuántos se han resuelto, poniéndolos en proporción con el presupuesto de la oficina", opina finalmente.