La transición energética en Catalunya se está convirtiendo en un quebradero de cabeza económico, ambiental y paisajístico para las comarcas del sur. La primera ola de proyectos ya se hizo a costa de esta parte del territorio, que lamentaba la falta de sensibilidad ecológica y cultural a la hora de escoger los lugares donde implantar los aerogeneradores. Pero la segunda ola de la energía verde, impulsada por la aprobación del decreto 16/2019, ha supuesto un verdadero alud de solicitudes, también de placas fotovoltaicas, capitaneadas por las grandes multinacionales como Acciona, Alstom o Naturgy, entre otras.

De momento, la transición energética se está convirtiendo en un motor de desigualdades territoriales que muestran un problema endémico de distribución de infraestructuras incómodas hacia el sur, como ya pasó con la energía nuclear o los vertederos.

El libre mercado del suelo

"El decreto 16/2019 es una desregularización del suelo que no aplica ninguno de los criterios de la Ley del cambio climático", introduce el geógrafo Sergi Saladié. La norma levantó las limitaciones en hectáreas de los parques fotovoltaicos y eliminó las Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) de 2009, con las que se quería limitar la instalación de los grandes parques eólicos a determinados lugares. Si estas ya generaron polémica en los territorios escogidos, la última regulación permite que se puedan instalar aerogeneradores y parques fotovoltaicos en todo el territorio siempre que no sean reservorios de fauna o zonas protegidas, un criterio que también puede caer "mediante los estudios y análisis específicos". El decreto también lamina las competencias municipales para decidir sobre los proyectos.

El resultado son las 1.098 solicitudes en trámite para instalar aerogeneradores y las 9.518 hectáreas solicitadas para placas solares, mayoritariamente en las comarcas meridionales. Encabezan la lista de solicitudes de molinos de viento la Ribera d'Ebre (203), el Segrià (155) y la Segarra (153), y de placas fotovoltaicas el Segrià (1.500 ha), les Garrigues (1.016 ha) y l'Anoia (627 ha). A esta cantidad de solicitudes se tendrán que sumar a los aerogeneradores ya en servicio, implantados sobre todo en el Baix Ebre (159), la Terra Alta (148) y l’Anoia (105).

Maltrato territorial del sur

"Colocan los molinos de viento en regiones pobres, con un PIB bajo, poca población y, por lo tanto, poca oposición", añade Saladié, autor de una tesis sobre la implantación de la eólica en el sur del país. "Les Terres de l'Ebre se han convertido en el generador de energía catalana. Sumando Vandellòs [con la nuclear], producen un 75% del total. Con la energía eólica es aún más bestia: el 65% de los molinos están en las Terres de l'Ebre, produciendo el 40% de la energía, y un 25% la produce la Terra Alta sola", añade.

Lo sabe bien Marco Bernava, productor vinícola de esta comarca que ha visto frustrado su proyecto de agroturismo con la implantación de aerogeneradores a solo 200 metros de su casa: "Vienen aquí porque la tierra es más barata, solo somos 11.000 habitantes y los ayuntamientos son pequeños". De las siete ZDP que había proyectadas, se suspendió una gracias al rechazo que generó en el Alt Empordà, aunque el resto quedaron todas paralizadas por la crisis de 2008 y las empresas acabaron renunciando a los proyectos. Todas, menos Gas Natural, que tenía adjudicada la ZDP de la Terra Alta y que no renunció a ella, para en 2016 volver a impulsar los aerogeneradores, a los que ahora se podrían sumar un centenar más.

Pocos quilómetros más allá, la vecina comarca del Priorat tiene en activo un tercio de los aerogeneradores de la Terra Alta y hay tres solicitudes nuevas. Pero en su día, la ZDP proyectada en la sierra del Montsant provocó revuelo social: "El proyecto tocaba un espacio tan emblemático como el Monsant, lo que demuestra el desconocimiento y el menosprecio por el territorio de quien planificó", explica Roser Vernet, activista de la Plataforma en Defensa del Priorat.

Gracias a la oposición contra los aerogeneradores, la comarca desarrolló un fuerte movimiento y actualmente es candidata a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Vernet cree que se empezó a cuestionar "de qué manera se categorizan los paisajes en Catalunya": "Nos dimos cuenta que los parques naturales estaban en el norte, en la Cataluya vella, aquello que se considera históricamente la cuna de la nación". Cree que lo que pudiera parecer una anécdota ha configurado la "autoestima del territorio": "Hasta nosotros mismos veíamos el valor del Montsant como algo doméstico".

Energías verdes en manos de pocos

Todo ello se contradice con la ley por la emergencia climática catalana, que plantea desde un inicio la necesidad de generar la energía cerca de los puntos de consumo, como es el área metropolitana de Barcelona (AMB): "Necesitamos que las zonas productoras de energía se ubiquen en zonas degradadas, industriales. Tenemos 29.000 hectáreas de polígonos, 13 en el AMB. Estas también podrían aportar millones de techos fotovoltaicos", critica Xavier Jiménez, del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC). El motivo por el cuál no se ha impulsado esta visión, apunta, radica en que se está queriendo favorecer los intereses económicos de los grandes oligopolios. "Se ha dejado total permisibilidad a que implanten proyectos ahí donde les sale más barato".

Lo saben bien en les Garrigues, donde se quieren instalar unas 1.100 hectáreas de placas fotovoltaicas en terreno agrícola sobre suelo que dejará de sembrarse. Y no solo quedarán cubiertos los lugares donde se instalen las placas, tal como explica Ramón Queralt, de la coordinadora les Garrigues SOStenibles: "También tendrán que instalar las líneas eléctricas y otras infraestructuras. Esto implica movimientos de tierra y nivelaciones". Queralt lamenta que una instalación así "cambiará la vocación de la comarca": "La gente no pensará que aquí se hace aceite, pensará que aquí se hacen vatios".

Este aspecto no es el único que va en contra del planteamiento inicial de la transición energética, ya que la ley también apunta hacia un modelo más "democrático", permitiendo que la ciudadanía "pase a ser consumidora activa" que "gestiona su consumo". Pero la realidad es muy diferente, ya que no se están promoviendo proyectos de titularidad pública o cooperativa, como sí se está haciendo en los países de referencia en la implantación de energías verdes, como Alemania o Dinamarca.

Por el contrario, las grandes empresas llegaron al territorio con grandes promesas económicas que no se han cumplido. Lo saben en el Ayuntamiento de la Fatarella (Terra Alta), donde se aceptó en referéndum la llegada de los primeros proyectos eólicos bajo previsiones de generación de trabajo, lucha contra la despoblación y beneficios económicos: "Tuvimos que llegar al litigio para que los oligopolios nos pagaran", explica el alcalde, Francisco Blanch. Entonces pudieron decidir, pero ahora Blanch ve cómo llueven las solicitudes de proyectos sin poder hacer nada: "Vienen desde arriba y no tenemos nada que decir. ¿Cuántos tienen en Barcelona o en Girona?".