El Gobierno y los agentes sociales han vuelto a citarse el próximo viernes para seguir analizando medidas de cara a cómo afrontar la crisis provocada por el coronarivurs, con especial atención a la redefinición de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) por causa de fuerza mayor.

El Ejecutivo ya se ha abierto a analizar esta posibilidad pero, según explicó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, circunscrito solo a los sectores más afectados, entre los que citó el comercio, la restauración o la cultura.

Sin embargo, los sindicatos pretenden presentar una propuesta más amplia que pasa, fundamentalmente, por reconvertir de forma inmediata los ERTE por causa de "fuerza mayor", que sólo están contemplados durante el periodo en que esté en vigor el estado de alarma, en un ERTE por circunstancias económicas en las mismas condiciones que se están aplicando ya. Además, esta medida sería de aplicación a todos los sectores económicos.

Según fuentes sindicales, a muchas empresas les costará unos meses reanudar su actividad habitual y recuperarse económicamente, por lo que estarán necesitadas de poder contar con esta posibilidad antes de recurrir al despido o al cierre.

Los sindicatos quieren negociar el periodo de tiempo de esta reconversión de los ERTE de forma instantánea, pero lo que exigen es que se mantengan las condiciones de los ERTE por "fuerza mayor", entre otras, que no se pueda despedir a los trabajadores en un plazo de seis meses una vez finalizado el Expediente.

A la reunión del viernes con la ministra de Trabajo previsiblemente asistirán UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, y se espera que los empresarios levanten el plante que hubo en el anterior encuentro, tras el anunció del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de la renta social extraordinaria que ha propuesto Unidas Podemos. Además, en este caso las empresas también son las máximas interesadas en esta reconversión de los ERTE.

Este mismo martes, además, el Gobierno ha vuelto a enfriar las expectativas, insistiendo en que lo que hoy está sobre la mesa es el ingreso mínimo vital definitivo, incluido en el acuerdo de coalición. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dado a entender que no habrá una prestación temporal previa a la llegada del ingreso mínimo definitivo, que se espera para dentro de "unos meses".

No obstante, si los ministros de Unidas Podemos se niegan a dejar de defender esta medida, los sindicatos rechazan renunciar a la renta social extraordinaria para este periodo de crisis, más allá de que posteriormente se regule por ley, ese ingreso mínimo vital definitivo.

Tanto UGT como CCOO valoran las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno, pero empieza a cundir malestar porque las últimas propuestas hechas y a las que se comprometieron algunos miembros del Gobierno -en especial, los de Unidas Podemos- sigan paralizadas y sin visos de que vayan a salir adelante.

Además de esta renta mínima, los sindicatos también consideran esencial implantar un permiso remunerado para las trabajadores y trabajadores, especialmente de familias monoparentales, que hayan tenido que dejar de trabajar para cuidar a menores, mayores u otras personas dependientes.

Echenique: "Hay gente que no puede esperar unos meses"

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, afirmó este martes que su formación seguirá abogando por una renta social extraordinaria, "con toda la lealtad": "Hay que ser leales, pero también sinceros". 

Echenique ha asegurado que "las dos cosas son importantes", el ingreso mínimo vital y la renta social extraordinaria: "Pensamos que hay gente que tiene serios problemas para poner comida en el plato hoy, y no puede esperar unos cuantos meses. Ojalá consigamos que se puedan poner en marcha las dos cosas".

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