La política catalana ha vivido este viernes una nueva jornada intensa, esta vez con una decisión inédita en Catalunya como es el aplazamiento de unas elecciones. Convocadas inicialmente para el 14 de febrero tras completar los automatismos parlamentarios que provocó la inhabilitación del president Quim Torra, finalmente los comicios se celebrarán el 30 de mayo.

La situación pandémica creciente, que se prevé de extrema gravedad para mediados de febrero, ha llevado al Govern a plantear la nueva fecha. Una nueva cita con las urnas que ha sido aceptada por la práctica totalidad de los partidos, pero que tiene una grieta importante en el malestar del PSC. La propuesta del Govern tiene el apoyo del principal partido de la oposición, Ciudadanos, y el beneplácito de otros grupos más minoritarios como la CUP o En Comú Podem.

Con un PP ambiguo en su posición, los socialistas catalanes se quedaron solos defendiendo la convocatoria del 14-F y finalmente han aceptado el aplazamiento pero a regañadientes. No ven con buenos ojos la fecha estipulada por el vicepresident del Govern en funciones de president y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, para el 30 de mayo, ya que los socialistas las hubieran querido para finales de marzo, sin tantos meses de demora que pueden desgastar a su candidato, Salvador Illa, al frente del ministerio de Sanidad. El PSC también desconfía de la formulación del decreto de convocatoria para la nueva fecha, que blindará las candidaturas que ya habían estado formalizadas y que en el caso de presentarse por primera vez requerían avales que no tendrán que volver a recoger, pero abre la puerta a reiniciar el proceso para la presentación de nuevas candidaturas que no habían estado incluidas en el 14-F. Según el primer secretario del PSC, muy molesto, "una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra cambiar las reglas del juego".

Pero el Govern tiene prevista la doble vía que incluye preservar derechos adquiridos y no iniciar de nuevo todo el proceso electoral, pero garantizar todos los derechos a nuevos actores políticos ya que se incorporará al censo nuevos electores que cumplan los 18 años entre el 14 de febrero y el 30 de mayo y que adquirirán el derecho pasivo de voto, pero también el activo para poderse presentar. Todo queda pendiente del decreto con los detalles de la convocatoria previsto para este sábado.

¿Y ahora qué? Mirando de reojo a los tribunales

A pesar de todo, la fecha establecida ya oficialmente para votar en Catalunya es el 30 de mayo. Pero habrá que estar pendientes de las impugnaciones y la decisión de los tribunales. Especialmente por parte de algunos de los partidos actualmente extraparlamentarios que no han participado en la reunión. Vox ya ha anunciado que estudiará la viabilidad jurídica del aplazamiento y la presentación de una posible impugnación. La primera palabra la tendría la Junta Electoral Central bien actuando a requerimiento de algún partido político o de oficio. Y finalmente, la última palabra sobre la celebración de las elecciones al Parlament la podría tener el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. De mantener la fecha del 14 de febrero, podría generar un embrollo considerable.

Uno de los principales problemas es que en Catalunya no existe ley electoral propia y se depende de la ley general estatal que no incluye ninguna previsión legal para una suspensión de este tipo. Esta es una de las diferencias con el aplazamiento electoral decretado en el País Vasco i Galicia durante la primera fase de la pandemia, ya que en estos territorios sí existe ley electoral propia. El Govern se acoge a la referencia existente en el decreto de convocatoria de posible suspensión por "fuerza mayor" y dispone de un informe jurídico que avala el aplazamiento de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat.

Por su parte, el PSC aún no ha desechado totalmente la idea de la impugnación, pero centrada, eso sí, en algunos aspectos del decreto de convocatoria. A la espera del análisis jurídico del texto firmado por Pere Aragonès, después del Consell Executiu extraordinario celebrado este viernes por la tarde, lo que sí descartan los socialistas es impugnar la nueva fecha. No tanto porque asuman la decisión, ya que la consideran injusta y contraria a sus intereses electorales, sino porqué forzar unas elecciones el 14 de febrero por la vía judicial podría girarse en contra suyo por la fuerte presión social que existe en Catalunya en estos momentos des de instancias científicas y médicas para evitar unos comicios en plena punta de la curva pandémica.

Forzar la situación podría generar una abstención de consecuencias impredecibles también para los propios socialistas a pesar de haber conseguido liderar algunas de las encuestas. Sin olvidar que el PSC tiene uno de los electorados más envejecidos de Catalunya, con el 70% de sus votantes por encima de los 50 años según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) –el CIS catalán-. Una edad de peligrosidad pandémica que puede desincentivar a parte de su base electoral si se vota en plena tercera ola del coronavirus. El hecho de haberse quedado solos discutiendo la nueva fecha del 30 de mayo también ha desaconsejado a los socialistas abrir esta pugna en solitario. Y casa mal con una impugnación jurídica contra el aplazamiento que el PSC también haya planteado esta medida en la reunión aunque para una fecha diferente, el 28 de marzo.

¿Qué pasa con las candidaturas y los votos por correo ya solicitados?

El Govern de la Generalitat blindará en el nuevo decreto de convocatoria electoral todos los procesos que ya se han realizado para el 14-F, como son la recogida de avales de partidos de nuevo cuño, las coaliciones ya presentadas y la proclamación de las candidaturas. Falta por ver qué pasa con los más de 35.000 votos por correo ya requeridos y si se tienen que volver a pedir. Este tema genera controversia y dudas jurídicas que pueden tener consecuencias en caso de impugnación judicial. Con división de parecer entre expertos juristas. Unos defienden su validez dado que estamos dentro de una convocatoria electoral que solo cambia de fecha. Pero otros defienden que como el censo habrá variado entre el 14 de febrero y el 30 de mayo -entre defunciones y jóvenes que alcancen la mayoría de edad-, habría que hacer un reset y volver a empezar.

Máxima presión para las garantías sanitarias del 30-M

La decisión de aplazar las elecciones se ha justificado jurídicamente, a pesar de la falta de disposiciones al respecto en la ley electoral, en la excepcionalidad que prevé el decreto para el 14-F de suspensión por "causa de fuerza mayor". En este sentido han sido decisivos los informes facilitados por el Departament de Salut a los partidos políticos con los datos actualizados de la pandemia y sobre todo con las proyecciones para el 14 de febrero con diversos escenarios que oscilaban entre más de 600 personas en la UCI por covid a una dantesca situación de 1.200 personas en la UCI si las actuales medidas decretadas para frenar el ascenso de la pandemia no dieran resultado. El peso de Salut en una decisión de carácter intrínsecamente política se refleja en la presencia en la reunión de partidos del secretario general del departamento y número dos de la consellera Alba Vergès, Marc Ramentol. Otra gran preocupación para el 14-F era cómo habilitar la votación de las más de 200.000 personas que se prevé que estarán confinadas por ser positivas en covid o contacto estrecho a mediados de febrero. La comunidad médica ha desaconsejado totalmente que puedan romper el aislamiento para ir a votar un número tan grande de contagiados o sospechosos de contagio.

Ahora bien, el peso de Salut en la decisión se tornará ahora en una inmensa presión para que desde el Govern se garantice el 30 de mayo la celebración de las elecciones con total seguridad y con los medios necesarios para que todos los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio. Precisamente este ha sido el gran motivo de confrontación en la reunión de este viernes al considerar el Govern que la fecha de marzo propuesta por el PSC era prematura y no permitía garantizar esta exigencia. Finalmente el vicepresident Aragonès ha propuesto el 30 de mayo, con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas excepto el PSC, entre otras cosas porque habrá un mayor número de personas vacunadas. Aunque la cifra expuesta por el Govern tiene una horquilla amplia que se sitúa entre el 9% y el 30% de personas vacunadas a finales de mayo. La principal responsabilidad para que la nueva convocatoria electoral no sea otro fiasco recaerá en los departamentos de Salut i de Acció Exterior –responsable de los procesos electorales- los dos dirigidos por miembros de ERC. La propuesta del PSC de que el Gobierno español pudiera participar en la preparación del operativo electoral ha sido tajantemente descartada.

Perspectivas electorales

Finalmente, el traslado de las elecciones abre grandes incógnitas sobre las perspectivas electorales de los diversos partidos políticos catalanes. Según el presidente de la empresa GAD 3, Narciso Michavila "sería un error hacer cálculos electorales basados en los actuales sondeos demoscópicos", en declaraciones a Catalunya Ràdio. Las últimas encuestas auguraban un crecimiento muy importante del PSC a partir de la incorporación de Salvador Illa como nuevo candidato en substitución de Miquel Iceta. Doblando la representación actual e incluso con aspiraciones a ganar las elecciones. Preocupa en el PSC que tantos meses de demora amortigüen el "efecto Illa".

Por su parte Ciudadanos aspira a que la burbuja de aire electoral que supone el aplazamiento matice el desastre que dibujan absolutamente todas las encuestas con la pérdida de dos terceras partes de los votos. En cuanto a los partidos del Govern, JxCat i ERC, la celebración en una situación de mejora les lleva a pensar en beneficios electorales y un menor castigo por las impopulares medidas que la pandemia obliga a imponer. Mientras ERC se ve estancada en los sondeos a pesar de liderar aún la mayoría, JxCat ha experimentado un cierto crecimiento, suficiente para disputar la victoria electoral a cuatro meses vista. Pero lo cierto es que ningún sondeo de los realizados hasta ahora puede apuntar qué Catalunya encontraremos el 30 de mayo para ir a votar y los efectos que un escenario u otro puedan tener sobre miles de votantes.