Los comicios del próximo jueves no son una convocatoria electoral al uso. No sólo llegan de forma adelantada, antes de agotar la legislatura y después de la aprobación de una declaración unilateral de independencia (DUI) en Catalunya así como del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, sino que los acontecimientos de los últimos meses hacen del 21-D un día peculiar. Estos son los factores que condicionarán los resultados de dicha jornada:

La división en bloques

Frente a la tradicional batalla entre izquierda y derecha, en Catalunya la dicotomía se da entre independencia o Constitución. El próximo Parlament quedará dividido en dos bloques claramente diferenciados conformados por ERC, Junts per Catalunya y CUP (independentistas) y los autodenominados "constitucionalistas": PPC, PSC y Ciudadanos. En medio, Catalunya en Comú, liderada por Xavier Domènech.

Rifirrafes internos y vetos cruzados

Pese a la clara diferenciación en bloques, esta campaña también se ha diferenciado por las batallas libradas en el interior de cada bando.

Por un lado, la CUP sigue manteniendo sus intenciones de declarar la independencia de forma unilateral, mientras ERC y Junts per Catalunya parecen haber rebajado estas expectativas y apostar más por el "diálogo" con el Gobierno central para lograr ese mismo objetivo, pero a más largo plazo. Además, la antigua coalición de Junst pel Sí se ha extinguido tras la decisión de ERC y PDeCAT de no confluir en esta ocasión.

Los candidatos de PSC, Miquel Iceta; Ciudadanos, Inés Arrimadas; y PPC, Xavier García Albiol, en una imagen de archivo. EFE

Por otro, el bloque "constitucionalista" ha arremetido contra sí mismo. Para empezar, por la batalla entre PP y Ciudadanos debida a los intentos de los primeros por contrarrestar el ascenso de los segundos, así como a las críticas de los naranjas sobre la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de seguir robando votos al PP por la derecha.

Además, Ciudadanos y PSC se han enfrentado tras el veto de Miquel Iceta a Inés Arrimadas -a quien no hará presidenta, ha asegurado-. Por último, Xavier García Albiol ha afirmado que en caso de que "Podemos" (Catalunya en Comú) sea necesario para constituir un gobierno no independentista, él no formará parte de dicho pacto. Prefiere, ha llegado a asegurar, repetir las elecciones que depender de la formación morada para gobernar.  

El candidato por Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domenech, durante el acto de inicio de campaña. EFE

Catalunya en Comú, llave de la Generalitat

En los últimos meses las encuestas han ido variando de forma notable. Si en un principio ofrecían todavía la mayoría absoluta al bloque independentista, en las últimas semanas todo cambió: todas -desde el CIS a las realizadas por diversos medios de comunicación de todas las tendencias- han coincidido en que ERC, Junts per Catalunya y CUP no revalidarían su mayoría. Es más, el resultado quedaría tan ajustado -escaño arriba, escaño abajo, todos los sondeos coinciden también en eso- que será difícil apostar el propio día 21 sobre quién ocupará la Generalitat.

En los pactómetros existen varias opciones. Por un lado, repetir la actual coalición independentista. Por otro, la unión de los "constitucionalistas". Y por último, uno mixto en el que las formaciones con más peso serían ERC y PSC. En todos esos casos, los escaños de Catalunya en Comú serán decisivos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Xavier Domènech tendrá, según todas las previsiones, la llave del nuevo Govern.

Dos candidatos ausentes

Pese a la reiterada alusión a la "independencia de la Justicia", los tribunales han sido los grandes protagonistas de la campaña del 21-D. Primero, con el encarcelamiento de los Jordis -Sánchez y Cuixart, los dirigentes de ANC y Òmnium Cultural- y de medio Govern mientras el otro medio permanecía autoexiliado en Bruselas. Después, con la toma de declaración a Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament y la libertad de todos ellos. Luego, con la asunción de la causa por parte del Tribunal Supremo, que excarceló a parte de los consellers cesados dejando en prisión provisional Oriol Junqueras, entre otros. Por último, con la euroorden -y la posterior retirada de la misma- que pesaba sobre Carles Puigdemont.

¿El resultado? Puigemont y Junqueras, president y vicepresident, que repiten como candidatos de sus respectivas formaciones, han estado ausentes (o presentes sólo de forma virtual a través de videoconferencias -en el primer caso- y de cartas desde prisión -en el segundo-) en esta campaña. Ahora permanecen las dudas sobre qué ocurrirá en caso de que ganen y vuelvan a ser nombrados cargos de la Generalitat. 

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament. EFE/Archivo

Antes de que llegue ese momento, se baraja la posibilidad -además- de que Carles Puigdemont decida volver a España justo antes de los comicios. No obstante, este punto no está confirmado y no se despejará la duda hasta el último momento. 

De otro lado, también Iceta ha sido protagonista con respecto a esta cuestión. El líder socialista pidió el indulto para todos los encarcelados por el procès, un punto que no fue bien recibido del todo por la dirección nacional del PSOE y al que el Gobierno no ha respondido con claridad. "El indulto es una prerrogativa del Gobierno que se otorga con una sentencia firme y no recurrible. En estos momentos no hay absolutamente nada. Iceta presupone que serán condenados; este Gobierno no sabe qué va a pasar. Así que hablar de esto en estos momentos no sólo es prematuro, sino inconveniente", zanjó el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros.

Alta participación y batallas por el último escaño

Otro de los factores que marcarán las elecciones del próximo jueves es la esperada participación histórica. Todas las encuestas ofrecen una cifra superior al 80%, un porcentaje récord en Catalunya. La única vez que se superó fue en los comicios generales de 1982, con el 80,7%. En unas elecciones al Parlament, la cifra más alta de participación alcanzada fue en 2015, con un 77,5%. 

Dichas expectativas contentan, sobre todo, al bloque "constitucionalista", convencido -como está- de que se debe a que la "mayoría silenciosa" que hasta ahora no se había manifestado en las calles ni en las urnas irá a votar. No obstante, incluso los miembros de este bloque temen que pueda volverse en su contra: la sociedad está tan polarizada, dicen, que auguran que también los independentistas moderados puedan movilizarse en esta ocasión, según Albiol. 

También fue el PP quien en los últimos días puso el foco en la batalla por los últimos escaños. Tras el rifirrafe mantenido con sus socios de Ciudadanos por cuál de las dos formaciones se identifica con el "voto útil", en Génova alertaron de la posibilidad de que la Ley d'Hont les perjudique: una vez alcanzado el techo de escaños por parte de Cs, los llamados coloquialmente como restos podrían no ir al PP ni servir para nada a los naranjas. ¿El resultado? El bloque constitucionalista quedaría perjudicado al ofrecer los últimos asientos del Parlament a los independentistas, argumentan los conservadores.

Los de Rajoy temen perder esos últimos escaños en favor incluso de la CUP -lo que resultaría paradójico por ser dos extremos totalmente opuestos- en Lleida, aunque también podría pasar -dicen- en Girona, Tarragona e, incluso, Barcelona (la provincia más grande, con 85 escaños a repartir, de los 135 totales que conforman el Parlament). 

Sin embargo, en las pasadas elecciones catalanas ocurrió al revés: fue el PP quien se quedó con el último escaño en la provincia que alberga la capital mientras que quien se quedó a las puertas fue la coalición de Junts pel Sí. Aun así, el binomio ERC-PDeCAT logró hacerse con el último asiento en Tarragona y Lleida, frente a PPC y PSC, respectivamente, que se quedaron sin él. En Girona, en 2015, Catalunya Si que es Pot fue quien lo conquistó frente al Junts pel Sí.  

La ciberseguridad

La ciberseguridad ha estado en el punto de mira en las últimas jornadas. Las presuntas injerencias rusas y venezolanas en el procès han llevado la polémica al Congreso, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría compareció el jueves a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales. Tras su intervención, que no se dio a conocer, se limitó a "garantizar" la legalidad de las elecciones catalanas.

También la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha visto envuelta en las teorías de la conspiración al sufrir en carne propia una broma con la que llegó a creer que Carles Puigdemont era en realidad un espía de Moscú que respondía al nombre de Cipollino. Tras el incidente, el Gobierno ha admitido haber revisado los protocolos de identificación de llamadas.

De otro lado, la semana pasada saltó a algunos medios un globo sonda sobre el presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y al candidato del PPC, Xavier García Albiol, entre otros políticos. Esta 'Operación Cataluña' -pero al revés- no ha sido probada ni confirmada y el propio Gobierno ha restado credibilidad, al menos de forma oficial, a dichas informaciones.

Los retos de futuro

Ocurra lo que ocurra el 21-D, ambos bloques deberán afrontar sus propios retos de futuro. Para unos, lograr la independencia sin volver a enfrentarse a una intervención por parte del Gobierno. Para otros, lograr terminar con el procès y dedicarse, mitinean, "a lo que de verdad importa a la gente". Para los terceros, lograr que Catalunya se quede en España dando un mejor encaje a los sentimientos soberanistas de buena parte de los catalanes.

La estrategia para conseguirlo pasa por restablecer el diálogo entre la Administración central y la catalana -como ERC ha pedido ya al Gobierno en el Congreso-, o, una vez terminados los trabajos de la comisión territorial impulsada por el PSOE, abrir una subcomisión cuya misión sea reformar la Constitución. Ni Rajoy ni Ciudadanos están dispuestos a esta opción, mucho menos si se hace para "contentar a los soberanistas". Por ello, para la CUP la única opción viable para Catalunya es seguir adelante con la vía unilateral.

Más allá del debate independentista, las formaciones proponen en sus programas electorales diversas medidas económicas y sociales que puedes consultar aquí.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión del Consejo Europeo, el pasado viernes, en Bruselas. REUTERS/Riccardo Pareggiani

El 155, ¿hasta cuándo?

Otro de los debates pendientes de resolver tras el 21-D es el relacionado con la vigencia del artículo 155 de la Constitución. El texto del acuerdo establece que las medidas de aplicación del mismo serán "graduales, proporcionadas y limitadas" y fecha el término del mismo en el momento en que en Catalunya haya un nuevo Govern.

Aun así, el Ejecutivo central de Mariano Rajoy podría volver a pedir al Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- una modificación del mismo con intención de alargar su tiempo de aplicación. El propio presidente ha amenazado ya con retomar dicho artículo de la Constitución si el jueves ganan los independentistas y sus planes son similares a los de la declaración unilateral. 

No obstante, todos en el Gobierno niegan que esa sea la intención inicial de su jefe. Aseguran que el 155 terminará en cuanto se haya conformado la Generalitat y confían, dicen, en que, gobierne quien gobierne, "cumpla la ley".

El temor a repetir elecciones

Con la previsión de resultados ajustados, otro de los temores de unos y otros es la posible repetición de elecciones. Una opción nada descartable si se tienen en cuenta las desavenencias internas de cada bloque, los vetos cruzados entre formaciones y la incompatibilidad total de otras (como PP y Podemos, por ejemplo).

Aun así, de momento todos los consultados abogan por no ponerse la tirita antes de la herida y prefieren centrarse en esperar a ver qué ocurre el 21-D. Todos menos uno: el popular Xavier García Albiol, que fue el primero en alertar de esa posibilidad. No obstante, ni Génova ni el Gobierno quieren oír hablar aún de dicha opción. 

¿Hacia unas elecciones generales anticipadas?

El resultado electoral en Catalunya podría afectar al resto de España. Por un lado, porque un "fracaso" de Rajoy -es decir, otra mayoría independentista- haría mella en su gestión nacional y dañaría su recuperada imagen internacional. Por otro, porque sus acciones en Catalunya tienen consecuencias: el PNV se niega a sentarse siquiera a hablar de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que ya llegan con retraso y que romperían la "estabilidad" de la que presume el Ejecutivo central.

En cualquier caso, el presidente tampoco quiere ni oír hablar de ese tema. "No sé qué tienen que ver unas generales anticipadas con las elecciones en Catalunya. Los mandatos normalmente duran cuatro años, salvo que se produzcan situaciones de excepcionalidad", respondió recientemente para asegurar que no adelantará los comicios generales. "Tengo intención de agotar la legislatura", concluyó Rajoy.