El Ejército colombiano que hoy reprime protestas cuenta con armamento español desde hace al menos diez años

El lucrativo negocio de la venta de armamento también encontró terreno en Colombia, y lo hizo a pesar de las reiteradas advertencias de distintas organizaciones sobre el elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos. Tras realizar millonarias compras en España durante al menos los últimos diez años, el Ejército colombiano está hoy en la calle, siguiendo las órdenes del presidente Iván Duque, para reprimir unas protestas en las que ya han muerto cerca de una treintena de personas. 

Las escenas que ahora se registran en las calles colombianas fueron varias veces anunciadas en los informes de la campaña Armas Bajo Control, integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau. En el último documento elaborado por esta plataforma sobre las exportaciones españolas de armamento, destacaban precisamente la existencia de "informes de Naciones Unidas y de otras fuentes fidedignos que señalan la existencia de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía colombianas".

En los últimos días, Duque ordenó que el Ejército y otros componentes de las Fuerzas Armadas se involucrasen en la represión de las protestas contra la reforma tributaria. Los últimos datos proporcionados por el Comité Nacional del Paro –la organización social que coordina las movilizaciones– hablaban de 27 manifestantes muertos. 

Según Armas Bajo Control, una de las últimas exportaciones de municiones para las Fuerzas Armadas de Colombia alcanzó los 6,3 millones de euros, mientras que en los últimos diez años superaron los 16 millones de euros. Hubo además varias ventas de armas ligeras, armas pequeñas, bombas o misiles, entre otros productos militares de fabricación española.

Todas esas operaciones fueron previamente autorizadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de analizar las solicitudes de exportación de armamento. Sus actas son secretas gracias a un acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987. 

En medio de esa opacidad, las organizaciones de derechos humanos solicitaron que se aplique el protocolo de "verificación" aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril de 2020 para garantizar, precisamente, que las exportaciones a países "sensibles" incluyan una revisión "in situ" sobre el destino del armamento español. Sin embargo, hasta ahora no hay constancia de que ese protocolo haya sido puesto en práctica en ninguna de las exportaciones realizadas por España a destinos "sensibles".

Información clasificada

Las operaciones de compra de armamento español por parte de las Fuerzas Armadas colombianas se enmarcan en las excelentes relaciones que ambos países mantienen en el ámbito militar. Según destacaba el ministerio de Defensa de ese país latinoamericano en su memoria de actividades de 2017/2018, "España es uno de los principales socios estratégicos de Colombia en Europa, y un actor clave para fortalecer la proyección de las Fuerzas Militares en escenarios internacionales".

De hecho, el documento señala que "la cooperación en defensa entre ambos países se fortaleció a partir de la activación de la Comisión Mixta Hispano Colombiana (COMIXTA) en el año 2014, mecanismo derivado del Protocolo de Cooperación en defensa suscrito entre los Ministerios de Defensa de Colombia y España en febrero de 2003, con el objetivo de desarrollar un diálogo técnico en defensa y la aprobación de un plan de acción anual".

Tras una reunión mantenida por dicha comisión en junio de 2017 en Madrid, los ministerios de Defensa de ambos acordaron avanzar en la búsqueda de un acuerdo bilateral "para el intercambio y protección recíproca de información clasificada", similar al que España ya tiene con otros países. Público ha consultado al ministerio español de Defensa sobre estos acuerdos, pero de momento no ha habido respuesta.

Del mismo modo, las autoridades de España y Colombia decidieron impulsar "un sistema de aeronaves remotamente tripuladas", además de buscar un acuerdo técnico sobre "capacitación en el ámbito militar para la gestión del riesgo en desastres".