La educación en Andalucía El profesorado defiende en la calle la escuela pública mientras el presidente andaluz insiste en su "decretazo"

"La maestra luchando también está enseñando", se podía leer en una pancarta en la manifestación de Sevilla contra el decreto de escolarización aprobado por el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno (PP). Otra decía: "La educación es nuestro derecho, no es vuestro negocio".

El profesorado andaluz respondió a la convocatoria de huelga en Andalucía en defensa de la escuela publica y miles de personas –60.000, según los sindicatos– salieron a las calles en diversas localidades andaluzas para exigirle al Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, que retire lo que han llamado el "decretazo".

Las centrales sindicales entienden que favorece los intereses de la escuela concertada, que en Andalucía es mayoritariamente católica, y que fue aprobado sin consenso alguno con la Comunidad educativa.

Según el Gobierno andaluz, fueron 13.699 los profesores que se declararon en huelga, un 13,5% del total, con picos del 19,5% en la escuela primaria. Mientras, las centrales sindicales, en la habitual guerra de cifras, elevaron el seguimiento del paro hasta el 80% y lo calificaron de "éxito histórico".

Esta huelga educativa supone la primera quiebra de cierta hondura en la narrativa de moderación y centrismo en la que ha querido instalarse el presidente Juanma Moreno, a pesar de haber accedido al cargo con el apoyo de la ultraderecha.

El decreto va a seguir su curso

El presidente ha decidido mantener el pulso con las centrales sindicales –CCOO, UGT, CGT, Ustea, Anpe, CSIF– convocantes y no tiene intención de ceder.

El consejero de Educación, Javier Imbroda, compareció en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno, y manifestó que este es "un decreto que favorece a las familias", que "respeta el derecho de huelga" y que "el decreto va a seguir su curso".

"En general, la comunidad educativa lo que quiere son mejoras en el sistema educativo. Ese es el trabajo y la preocupación de la Consejería", dijo el consejero, en un audio enviado a los medios.

Luego, tendió la mano para "explicar": "Vamos a procurar sentarnos con todos para explicar, porque quizás no han entendido bien el espíritu de este decreto, pero estaremos abiertos a dialogar con todos", dijo Imbroda. Los sindicatos lo que reclaman es la "inmediata retirada" y la apertura "de un proceso de diálogo".

Imbroda insistió, además, en que la huelga era "ideológica", porque, en su opinión, "no se ha entendido o interpretado bien el decreto": "No se da ningún tiempo de riesgo para la educación pública; en absoluto; este consejero es un firme convencido de nuestro sistema público".

Luego, a preguntas de los periodistas, Imbroda especificó: "Ese sesgo ideológico se lo achaco a todos aquello que han pretendido armarse para ir contra el Gobierno y contra este consejero. Eso existe".

El consejero admitió que algunos de los componentes más polémicos de su decreto puede tener un camino de corto recorrido, debido a los cambios en la Ley de Educación que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "La demanda social es un elemento más a tener en cuenta dentro de ese decreto. Ahora parece que el gobierno de España quiere eliminar ese concepto. Las CCAA nos adaptaremos al marco normativo. Tendremos que ir ajustándonos".

Pancartas y defensa de la pública

En la calle, durante la manifestación de Sevilla, que comenzó en la Puerta de la Carne y terminó una hora después en el Palacio de San Telmo, un grupo de profesoras de un colegio público de Bormujos expresó a Público las razones por las que decidieron hacer la huelga: "Defensa de la escuela pública. Nada más que favorecen a la escuela concertada. Se están cerrando unidades. Un gobierno de derechas nunca va a defender la escuela pública. Lo llevan en su programa".

El punto 71 del acuerdo de Gobierno que tienen firmado PP y Ciudadanos recoge lo siguiente: "Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada".

En la protesta, había interpretaciones y pancartas de todo tipo, no solo críticas con el Gobierno de PP y Ciudadanos, sino también contra los anteriores Ejecutivos del PSOE. "El PSOE puso la soga. PP + Cs la aprietan. Aquí está la marea para decírtelo a la jeta". "A mí Me'Dac' que Imbroda quiere privatizar", decía otra, en referencia al grupo empresarial Medac, que se dedica a la FP privada, del que fue accionista y administrador el hoy consejero de Educación.

Al final de la manifestación de Sevilla, se entregó un manifiesto consensuado entre todas las organizaciones convocantes –ANPE, CSIF, CCOO, UGT y USTEA, CODAPA y el Frente de Estudiante (FdE)– en el que, entre otras cosas, se dice que el decreto es "una medida que supone un ataque en toda regla a la enseñanza pública la cual se fundamenta en premisas como la integración, la pluralidad, la interculturalidad y la participación, con un alto nivel de diversidad y con recursos, en bastantes casos, insuficientes".

También dice el manifiesto: "Este decreto va claramente en contra de la enseñanza pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación gratuita y de calidad. A nuestro entender, la administración andaluza debería poner en valor la educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa".

El 73,6% del alumnado estaba matriculado en la escuela pública en Andalucía al final del curso pasado, según los datos oficiales disponibles en la web del ministerio de Educación. La cifra está solo por debajo de la de Canarias (75,8%), Castilla La Mancha (80,9%) y Extremadura (80,2%). La media española es del 67,1%.

La tendencia de los últimos años en Andalucía, con los gobiernos del PSOE, ha sido ligeramente descendente: en 2010, el porcentaje estaba en el 75%. Las Comunidades en las que es menor el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos son el País Vasco –el 50,7%– y Madrid –el 53,2%–.