BARCELONA.- Nueva vuelta de tuerca en la judicialización del proceso soberanista catalán. Un concejal de Capgirem Vic, la confluencia entre la CUP y Procés Constituent en esta ciudad de 40.000 habitantes situada a 70 kilómetros de Barcelona, se ha convertido en el primer cargo electo imputado por el supuesto delito de incitación a la sedición. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la petición de la Fiscalía para investigar a Joan Coma, edil de la formación independentista desde las últimas elecciones municipales. ¿La razón? Las palabras que pronunció en el pleno del ayuntamiento del 9 de diciembre en defensa de una moción de apoyo a la declaración de ruptura con el Estado español que el Parlament de Catalunya había aprobado un mes antes. La iniciativa se aprobó con los votos de los ediles de CDC, ERC y Capgirem, pero sólo Coma está investigado.

Coma ha confirmado a Público que este miércoles por la mañana ha recibido la notificación de su imputación por parte de la Audiencia Nacional, avanzada durante el martes por el diario 'El Español'. La petición de la Fiscalía solicitando la investigación del concejal trascendió el pasado lunes 14 de marzo, cuando el mismo Coma la conoció, a pesar de que la notificación había llegado a la alcaldesa de Vic, la convergente Anna Erra, tres días antes. “En un primer momento me quedé sorprendido, porque parece algo extemporáneo, de otra época, acusar a un cargo electo de incitación a la sedición. Después, pensándolo más, ya no me sorprendió tanto, en el sentido que es normal que desde las instituciones estatales españolas se quiere empezar una campaña del miedo para intentar parar el proceso independentista”, apunta el regidor.

Según el informe que presentó la Fiscalía al juez Moreno, Coma habría hecho “referencias directas a la comisión de actos contra la legalidad”, en su apoyo a una resolución, la del 9 de noviembre, que entre otras cosas aboga por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). En concreto, el electo manifestó que “dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las del TC”, al que considera carente de legitimidad. El edil de Capgirem Vic concluyó diciendo: “Desobediencia, hace tiempo que la reclamamos. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos”.

"Con todo, creo que es imposible que me condenen. Sería espectacular”.

“Si después del pleno [del 9 de diciembre] me dicen que el fiscal pediría imputarme hubiera dicho que era imposible. Después dije que seria imposible que el juez lo asumiera...y parece que lo asume. Con todo, creo que es imposible que me condenen. Sería espectacular”, confiesa Coma a este diario. Según el Código Penal, si una persona es condenada por un delito de sedición le pueden caer entre ocho y diez años de cárcel. En el caso de Coma, la petición de la Fiscalía seria menor, ya que en su caso se le acusa de “incitación a la sedición”, pero a pesar de ello el ministerio fiscal puede solicitar varios años de cárcel.

“Un ataque a las libertades civiles”

La investigación que ha supuesto la imputación del concejal independentista empezó a raíz de una denuncia a la Guardia Civil presentada por el edil de extrema derecha Josep Anglada, exlíder de Plataforma per Catalunya (PxC) y actualmente representante de Plataforma Vigatana. Y si el caso ha llegado tan lejos ha sido también porqué ha caído en manos del único juez de la Audiencia Nacional que tiene abiertas investigaciones a ayuntamientos tras aprobar resoluciones de apoyo a la declaración de ruptura del 9-N.

Mientras otros magistrados han archivado las causas contra otros consistorios, Ismael Moreno tiene en marcha procesos contra los ayuntamientos de Girona y Deltebre (Tarragona). El origen es la causa abierta contra la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación de Municipis per la Independència (AMI) como “impulsoras y promotoras” a las mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament. Entre otras causas, Moreno es conocido por ser el instructor del caso de los titiriteros.

Como reacción al caso contra Coma, el pasado jueves unas 150 personas se concentraron en la plaza Mayor de Vic para denunciar la “ofensiva judicial contra el independentismo en los ayuntamientos”. Además, se prevé que el ayuntamiento de la ciudad apruebe una declaración de apoyo al concejal cupaire.

A nivel nacional, la CUP exige al conseller de Interior, Jordi Jané, que ordene a los Mossos d'Esquadra que “dejen de obedecer los requerimientos que les lleguen por parte de la Audiencia Nacional en relación a la criminalización de la actividad democrática de nuestros ayuntamientos”. Además, la formación anticapitalista también ha emplazado a los ayuntamientos a “desatender las peticiones de información” que llegan desde la policía autonómica, que siguiendo instrucciones del alto tribunal requiere toda la documentación referente a los distintos plenos en los que se aprobaron mociones de apoyo a la declaración rupturista.

Hasta el momento, los Mossos d'Esquadra han atendido las peticiones que le han llegado desde la Audiencia Nacional y los consistorios requeridos también han facilitado la información, lo que lleva a Coma que “todo parece indicar que no tienen ninguna voluntad de cumplir con la resolución del 9 de noviembre”. Como conclusión, el concejal afirma que su situación “es un ataque a las libertades civiles”.