La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, es una fiscal de larga trayectoria, acostumbrada a luchar en primera línea contra el terrorismo yihadista o el narcotráfico y con capacidad de proyección pública. De convicciones profundas, Lola -como así la conocen todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional- tiene trato directo con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lola Delgado lleva 25 años de fiscal en la Audiencia Nacional, tras un paso breve por los tribunales de Barcelona, donde ha trabajado en la lucha contra la droga y, más recientemente, contra el yihadismo. Una de sus preocupaciones es la utilización y el adoctrinamiento de las mujeres dentro del radicalismo islámico, que ella constata en su quehacer diario.

La próxima ministra de Justicia es definida por su entorno como una fiscal de fuerte personalidad. "Es inconformista, combativa, y es es todo menos un florero que vaya a decir 'sí señor' a la primera de cambio", explica una fuente cercana a Delgado. 

Militante de la Unión Progresista de Fiscales, hace dos meses fue nombrada representante en el Consejo Fiscal , el órgano asesor del Fiscal General del Estado.

Su asociacionismo será una ayuda para su nueva etapa como ministra de Justicia, no en vano la UPF impulsó la primera huelga conjunta de la democracia de jueces y fiscales contra su antecesor, Rafael Catalá, por la falta de medios en la Justicia.

"Sabe lo que quiere"

Simpática y próxima, "sabe lo que quiere en Justicia. Y va a ir a por ello", explican en su entorno. Defiende la independencia del ministerio público del poder ejecutivo, y que los fiscales instruyan las causas penales supervisados por un juez de garantías, como en el resto de Europa. Es una de las reformas que quienes la conocen saben que  intentará encauzar como ministra de Justicia. O los sistemas de plazo de instrucción, que el Gobierno de Mariano Rajoy limitó sin dotar de medios económicos, de tal manera que impide culminar la investigación de los casos complejos.

Encontronazos por la gestión del 'procés'

Lola Delgado ya rozó los aledaños del poder en el pasado. Por ejemplo,  Cándido Conde Pumpido la fichó cuando fue nombrado Fiscal General del Estado (2004-2011) con la intención de que fuera la portavoz del ministerio público. Duró muy poco tiempo y la relación entre ambos se resintió. Ahora, ella será la ministra y Conde Pumpido ha extendido su potente influencia jurídica como magistrado del Tribunal Constitucional.

Tampoco fructificó su breve etapa como portavoz del ministerio público en la Audiencia Nacional, tras el nombramiento de Jesús Alonso como fiscal jefe.  Después de los atentados de Barcelona de 2017, Delgado tuvo fuertes encontronazos con Alonso por la posición del ministerio público ante el proceso independentista, lo que desembocó en su abandono de la portavocía, cargo que asumió el el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo.​

Amiga de Baltasar Garzón

Lola Delgado pertenece al círculo más cercano al exjuez Baltasar Garzón. Ella estuvo en primer línea cuando Garzón entró en el Tribunal Supremo para ser juzgado por primera vez por prevaricación al abrir una investigación por los crímenes del franquismo, del que resultó absuelto. A su lado, estaban otros incondicionales: los jueces progresistas de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Fernando Andreu, el fallecido Javier Martínez Lázaro y los siempre inconformistas Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri. Incluso estuvo con Garzón y el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en la famosa cacería de Torres (Jaén) que provocó la dimisión del político, 2009.

Justicia universal

La próxima ministra de Justicia fue fiscal en el proceso abierto al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, por la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad en un caso impulsado por diversas acusaciones populares -como la Asociación Argentina de Derechos Humanos, IU, o la Asociación Libre de Abogados-, y que contó también con la asesoría del Equipo Nizkor. Esta organización internacional de derechos humanos ejerció la acusación particular contra Augusto Pinochet, detenido en 1998 en Londres por orden del entonces juez Baltasar Garzón.

"El HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo", explicó Delgado cuando en 2012 rechazó la extradición a Suiza del informático de esta entidad financiera Hervé Falciani, ya que, como trabajador, estaba obligado por la legislación española a colaborar contra el delito fiscal. Falciani  colabora con el ministerio público y autoridades de otros países en la investigación de miles de evasores fiscales que tenían cuentas en el HSBC.

FIrme defensora de los derechos humanos y de la justicia universal, Delgado formó parte del equipo del entonces fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, cuando emitió la orden de arresto contra el líder libio, Muamar Gadafi por crímenes contra la Humanidad cometidos durante la represión de 2011.