La división entre progresistas y conservadores va en aumento en el Tribunal Constitucional (TC). Esta brecha se ha ahondado aún más este jueves, cuando el Pleno no ha podido votar la ponencia sobre la ley ‘mordaza’, la ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el Gobierno del PP y recurrida por  diputados del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai.

No ha sido posible alcanzar un acuerdo entorno al texto propuesto por el magistrado progresista Fernando Valdés, a pesar del esfuerzo que ha realizado para aunar posturas entre ambos sectores. La ponencia considera inconstitucional una docena de artículos de la ley 'mordaza'.

"No han cedido en nada", explica una fuente del TC respecto a la ponencia presentada por Valdés. El texto que ha elevado al Pleno ha sido un intento de llegar al consenso entre ambos sectores, pero no ha conseguido avances.

El Pleno del TC ha decidido volver a la pantalla anterior al confinamiento del coronavirus, al acuerdo que adoptaron en febrero cuando otra ponencia de Valdés no prosperó. Entonces se decidió que una comisión paritaria abordaría los punto más polémicos de la 'ley mordaza' si continuaba la división.

El Pleno ha acordado delegar en cuatro magistrados la búsqueda de un consenso y una propuesta de ponencia final. Estará formada por el ponente Valdés, así como por el magistrado progresista Juan Antonio Xiol y los conservadores Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.

Los recurrentes pueden ahora cambiar la ley

En el TC consideran que no hay prisa en acordar una sentencia sobre la 'ley mordaza'. El motivo: los propios recurrentes tienen ahora mayoría suficiente en el Congreso como para cambiar los aspectos más polémicos de esta ley de Seguridad Ciudadana. 

La comisión de la 'ley mordaza' examinará las observaciones realizadas por los doce miembros del TC "para propiciar una fundamentada resolución final", sostiene una escueta nota difundida al término del Pleno cuyas sesiones comenzaron de manera presencial el pasado martes.

El Pleno "continuará realizando un análisis de los diversos preceptos impugnados, dada la complejdad de la materia y su sensibilidad político-social. Elo exige -añade- la articulación de razonamientos jurídicos minuciosos y precisos".

La ponencia que Valdés ha presentado en este Pleno considera constitucional las devoluciones en caliente, siempre y cuando se haya producido la entrada de manera masiva y violenta, como el asalto a la frontera.

Además, aprecia la inconstitucionalidad de la potestad de los policías para incautarse imágenes no autorizadas captadas por ciudadanos durante sus intervenciones en la vía pública. O la prohibición de manifestarse ante las instituciones del Estado, como el Congreso.

La división se ahonda

La división entre los miembros conservadores y progresistas se ha ahondado aún más al regreso del confinamiento. En especial después de que el sector conservador haya impulsado que un Pleno trate el recurso de los diputados de Vox contra los juramentos de 29 diputados de ERC, Bildu, Junts per Cat, CUP y Unidas Podemos a la hora de acatar la Constitución el pasado 3 de diciembre.

La doctrina del TC que permite estas fórmulas de acatamiento de la Constitución incluso contrarias a ellas data de 1990. Y hasta ahora estos recursos eran rechazados al considerarse un 'contraamparo' porque no buscan restaurar la vulneración de un derecho fundamental del que recurre, sino que van en contra del ejercicio de los derechos de otros diputados.

Esta maniobra tiene largo recorrido en futuros plenos ya que el recurso podría ser sumado a las deliberaciones otros tres recursos que presentaron PP y Ciudadanos en la anterior legislatura contra acatamientos similares. El objetivo del sector más conservador del alto tribunal es plantear ante el Pleno una unificación de doctrina respecto a los juramentos de diputados y modificar la fijada desde 1990.