La Fiscalía de Colombia y agentes de la Guardia Civil española decomisaron ayer, miércoles, 262.000 euros que aparecieron en el apartamento que el expresidente de Inassa y exconsejero del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, tiene en Barranquilla. 

El dinero apareció en una caja fuerte del apartamento de Rodríguez Sobrino, que llevaba al menos dos cerrado, tras los registros ordenados realizados en Barranquilla, donde tiene su sede Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II, inmersa en un escándalo de corrupción.

Los registros fueron ordenados por las autoridades colombianas en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España.

El apartamento de Rodríguez Sobrino está situado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad

"El dinero en efectivo fue encontrado en un apartamento que ocupaba Edmundo Rodríguez Sobrino y que estaba cerrado hace más de dos meses", dijo a Efe una fuente de la Fiscalía.

La fuente no dio información sobre el origen del dinero. Según la cadena Ser, el apartamento fue adquirido por el exdirectivo en 2011 junto a su hija Ana Patricia Rodríguez, también imputada. La Guardia Civil investiga el origen del patrimonio de Rodríguez Sobrino y si en algún momento utilizó a su hija como testaferro para ocultar propiedades. 

Rodríguez Sobrino estaba considerado el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y fue destituido de su cargo en Inassa en abril del año pasado, después de que su nombre apareciese en Los papeles de Panamá vinculado a tres empresas en Hong Kong.

Inassa fue constituida en 1996 entre Aguas de Barcelona (AGBAR), con una participación del 51%, y los inversores colombianos Enrique Gerlein, Luis Niccolella y Nelson Polo Carbonell, titulares de la firma sociedad Latina de Aguas (Slasa), con el 49%.

En 2001, Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa, con lo cual se convirtió en socio mayoritario de Triple A, empresa que opera el acueducto y alcantarillado de Barranquilla y otras 14 poblaciones cercanas de la costa atlántica colombiana.

Esta operación, denominada 'Acordeón' en Colombia, se inició a raíz del 'caso Lezo' y de la investigación de la actividad del Canal de Isabel II en América Latina. Así, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría del país sudamericano abrieron diligencias sobre Inassa, cuya sede está en Barranquilla.

A raíz del escándalo destapado en España por las operaciones de Canal de Isabel II en Latinoamérica por medio de Inassa, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron investigaciones sobre la segunda empresa, que tiene su sede en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

El pasado 10 de mayo, la Contraloría General anunció una investigación preliminar contra autoridades administrativas de Barranquilla para determinar si existieron prácticas corruptas que permitieron que Inassa asumiera el control societario de Triple A.

Según las informaciones de la Contraloría, inicialmente el Distrito de Barranquilla tenía el 84% de las acciones de Triple A, pero diversas operaciones redujeron su participación al 14,5% actual, mientras que la de Inassa subió al 82,16%.

Actualmente la composición accionarial de Triple A tiene como socios a Inassa (82,16%), el Distrito de Barranquilla (14,5%) y otros (3,34%).

Compras de 2001 y 2013

Los investigadores consideran que la documentación sobre los últimos 15 años de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia, es una información muy relevante para avanzar en el 'caso Lazo'. La UCO está rastreando tanto empresas públicas como otras pantallas y el movimiento de dinero para la compra de Inassa en 2001, en época de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, y de la brasileña Emissao en 2013, con Ignacio González en el Gobierno autonómico.

En una entrevista en el diario 'El Mundo' el pasado 1 de junio, el todavía fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, confirmó que había una "investigación patrimonial en curso" al ser preguntado sobre si le parecía desproporcionado investigar a Gallardón por el presunto cobro de comisiones por la operación de 2001 o si, por el contrario, creía que se trataba de unos hechos ya prescritos.

"El asunto de la prescripción no me lo he planteado. La investigación patrimonial es una cuestión que está en curso y de la que no quiero hablar", adelantó Moix en aquella entrevista publicada horas antes de su salida de Anticorrupción.