La dirección actual de Podemos ya tiene un nombre para suceder a Pablo Iglesias al frente de la Secretaría General del partido: Ione Belarra. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 se postula como la sucesora designada por la cúpula de la formación para que asuma la dirección de Podemos tras la marcha del hasta hace poco vicepresidente segundo del Gobierno, una responsabilidad que conlleva varios retos que tienen que ver con la renovación del espacio confederal.

Desde que Iglesias anunciara su salida del Gobierno de coalición, se ha señalado a la ministra de Trabajo (y ahora vicepresidenta tercera del Ejecutivo), Yolanda Díaz, como la persona que recogería el testigo del liderazgo de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales. Pero la marcha de Iglesias tras las elecciones madrileñas deja una importante vacante en el liderazgo orgánico de Podemos (partido que junto a Izquierda Unida y En Comú Podem conforman el espacio confederal).

Apenas 24 horas después de la salida del líder morado, la dirección de Podemos ha consensuado que Belarra asuma la Secretaría General, una responsabilidad que la ministra ya habría aceptado. En este proceso de renovación que se le ha encomendado tiene varios retos por delante que coinciden con los atributos que desde el partido se le predisponen a la ministra.

Desde que Iglesias advirtiera sobre su marcha, el objetivo ha sido el de consolidar un liderazgo femenino, un liderazgo que en primera instancia iba a estar repartido entre el propio secretario general de Podemos y  Yolanda Díaz, aunque tras la dimisión de Iglesias de sus cargos orgánicos el proceso se ha acelerado.

En este sentido, Belarra, creen desde la formación, complementa un liderazgo femenino que se asienta en la vicepresidenta de Trabajo. Precisamente el consolidar a Díaz es otro de los objetivos a los que se enfrentaría la candidata a la Secretaría General, que asumiría una parte de este liderazgo coral. Mientras Díaz afianza su fuerza en el Gobierno de coalición y en Unidas Podemos, Belarra sostendrá y tratará de reforzar el poder orgánico de Podemos.

Una navarra para reforzar las alianzas territoriales

También se destaca su origen político: Belarra, antes de entrar a formar parte de la política institucional, era una activista por los derechos humanos sin adscripción partidista que procede de la Comunidad Foral de Navarra. Este hecho, después de lo acontecido en las elecciones madrileñas, cobra una importancia especial para el futuro de la formación.

En un Podemos que quiere reforzar sus alianzas y poder territorial, tener una líder que por vez primera esté fuera de la influencia de política madrileña es un atributo a destacar, y sería uno de los motivos por los que la dirección de la formación ha consensuado que la ministra protagonice la renovación. "Estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España; nunca Madrid había sido tan diferente a otros territorios", aseguró Iglesias tras conocer cómo se habían resuelto los comicios autonómicos.

También se tiene en cuenta desde la formación su perfil académico, en el que se destacan sus contratos predoctorales y el hecho de que en su último año de universidad trabajara en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Aunque es demasiado pronto para atisbar los plazos de la renovación en Podemos, la idea que se maneja desde la formación es la de poner la operación en marcha en las próximas semanas y, de hecho, en los próximos días está previsto que se conozca de manera oficial que Belarra se postula a ocupar la Secretaría General.

La ministra de Derechos Sociales ha ido cogiendo fuerza en el seno del partido desde que sustituyó a Irene Montero en la portavocía del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso (era portavoz adjunta) y forma parte de la dirección de la formación desde hace años. Cuando UP llegó al Gobierno, Iglesias la situó como su número dos en su cartera ministerial al frente de la Secretaría de Estado de Agenda 2030.

Desde esa posición, Belarra se ha destacado en las negociaciones con el PSOE para sacar adelante las medidas acordadas en el pacto de Gobierno y, en concreto, en la ley de Vivienda que en estos momentos negocian los morados con los socialistas.