Diez años de la consulta del 9N: el día en el que Catalunya tomó la palabra

Este sábado, 9 de noviembre, se cumplen diez años desde que dos millones de catalanes expresaron, a través de las urnas, la voluntad de convertir a Catalunya en un estado independiente.

Era la primera vez que, por medio de una consulta, la población se pronunciaba sobre el futuro político del país y, a pesar de que el Estado impugnó la convocatoria, su celebración empoderó al soberanismo y allanó el camino para que, al cabo de tres años, tuviera lugar el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Del Estatut al pleito democrático

Ha pasado una década del 9N, y aquel acontecimiento continúa en el retrovisor de los sectores que defienden el derecho a decidir de Catalunya. Una demanda que no había entrado en la agenda pública desde el inicio de la Transición, más allá de los pronunciamientos que el Parlament había aprobado a favor de la autodeterminación. Pero el recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional el 2006, abrió la puerta para que el soberanismo situara esta reivindicación en el centro del debate político.

En una dinámica de acumulación de fuerzas, alimentada por las consultas que se celebraron en 550 municipios entre los años 2009 y 2010, se consiguió articular una mayoría para hacer efectivo este derecho. "Se popularizó a través de la Plataforma pel Dret a Decidir, de la cual sale la petición que, en un estado democrático, si alguna comunidad autónoma aspira a establecer un nuevo encaje, hay bastante margen constitucional para consultarlo a la ciudadanía", explica el politólogo Jaume López.

Esta aspiración tomó forma en 2012 con el Acuerdo para la Transición Nacional y, el año siguiente, con una declaración conjunta mediante la cual el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó para el 9 de noviembre de 2014 una consulta no referendaria para que el "pueblo de Catalunya" pudiera decidir qué encaje deseaba a partir de la doble pregunta "¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado?" y, en caso de respuesta afirmativa, "¿Quiere que este Estado sea independiente?".

Cómo es sabido, la convocatoria, que recibió el apoyo de ERC, ICV-EUiA, la CUP y un millar de entidades encabezadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, fue rechazada por la mayoría del Congreso de los Diputados, que votó contra la ley orgánica que autorizaba al Estado a transferir a Catalunya la competencia para celebrar referéndums.

Esto llevó al presidente Mas a sustituirla por un proceso participativo que tendría lugar el mismo día. Finalmente, y a pesar de que el Tribunal Constitucional la suspendió cuatro días antes a instancia del ejecutivo del Partido Popular, la consulta pudo celebrarse gracias a la participación de 40.000 voluntarios.

"Visto en perspectiva, hay que reivindicarla porque el soberanismo se dotó de una gran legitimidad, similar a dos terceras partes de la cámara, la necesaria para reformar el Estatut", opina el también politólogo Marc Sanjaume, para quien "también con la pregunta abierta tuvo suficiente cintura para recoger un amplio apoyo de la sociedad civil".

Una vía muerta

Con todo, el 9N hizo patente el fracaso del Estado a la hora de habilitar fórmulas para preguntar a la ciudadanía, lo cual abrió un nuevo ciclo político. "A partir de entonces, el marco de legitimación se orientó en la reivindicación clásica de las naciones que quieren autodeterminarse y hacerlo de manera unilateral si así lo reclama la mayoría", indica López, para quien la culminación de este ciclo fue el referéndum del 1 de octubre.

Pero no solo. El proceso participativo de 2014 también certificó la interpretación restrictiva de la justicia española respecto al derecho a decidir. "Al suspender la Ley de consultas populares no refrendarias de 2014, el Constitucional se cargó la posibilidad de consultar entorno al derecho a decidir, que quedó fuera de la ley", añade López.

Una situación que, a parecer de Sanjaume, "lanzó los partidos independentistas a emprender la estrategia unilateral, con el coste de perder por el camino los sectores de los socialistas y de ICV-EUiA que se habían sumado al 9N". Sanjaume admite que esto generó una paradoja: mientras que el 9N tuvo más complicidades y pudo satisfacer la voluntad del pueblo de expresarse, pero sin ningún artefacto jurídico que previera una ruptura o un cambio de estatus para Catalunya, el 1O sirvió para desafiar al Estado y forzar la negociación, pero con el hándicap de que solo arrastró al independentismo, lo cual imposibilitó que saliera bien.

Buscando otros caminos

Ambos politólogos coinciden que, en la actual tesitura, el soberanismo tendrá que buscar otras herramientas si quiere avanzar hacia la autodeterminación, y en esta línea, consideran que el Acuerdo para la Transición Nacional continúa siendo válido, sea por su carácter inclusivo como porque ofrecía al Estado mecanismos para acomodar la demanda de los catalanes; además de compartir la idea de que, cualquier nuevo embate, solo se puede plantear dentro de los márgenes de la democracia.

En cuanto a las posibles vías, tanto López como Sanjaume indican que el 9N nos enseña que no hay que esperar la implicación de la Unión Europea. "Había una visión optimista sobre su actitud, y esto quedó desmentido, hecho que obligará a tener mucha más fuerza para que habilite un marco de resolución pacífica de los conflictos", apunta Jaume López. También Marc Sanjaume señala que "no olvidamos que España es una democracia liberal homologada en todo el mundo, de forma que la partida habrá que jugarla en el Estado".

Como mucho, unos y otros ven en el ámbito internacional un frente de desgaste donde patentizar la voluntad soberanista del pueblo catalán. Y, en esta óptica, creen que la propuesta de reglamento planteada por el grupo Caucus en el Parlamento Europeo para que la Unión proteja las minorías es un avance que lo puede facilitar.

"La situación nos evoca a ser audaces y tener cintura para arrastrar el Estado a buscar una acomodación propia en la demanda de Catalunya. En cambio, buscar otros espejos es autoengañarse", insiste Sanjaume. Un hecho del cual también se muestra convencido López, si bien ve más margen para que Europa sea permeable a la demanda de los catalanes. "Es el marco más factible donde hacer efectiva la autodeterminación, puesto que meter un nuevo estado solo supone cambios en el Estado matriz, no a la misma UE".

Los dos, eso sí, ven indispensable que el soberanismo recupere la musculatura política y social que exhibió el 9N, la cual sirvió porque desde entonces la reivindicación histórica de Catalunya figure en la agenda internacional.