La dictadura argentina blanqueó dinero en España

BILBAO.- Conrado Gómez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entró a su despacho y se lo llevó para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que figuraban 15 caballos de carrera. El dinero, al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que España, según ha podido comprobar Público, también tuvo un rol protagónico.

Público ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que el juez Baltasar Garzón tramitó a finales de los noventa contra el régimen argentino, al que acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad. Entre esos papeles –que hoy continúan guardados en la Audiencia Nacional- figuran distintos testimonios que revelan la trama de lavado de dinero que montó la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar del país de lo que habían robado a sus víctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo llave en un lugar lejano y seguro. Si el régimen caía, el negocio debía sobrevivir.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España

Según consta en la declaración de Bermúdez, la magistrada argentina “también interrogó a Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio español portando en su poder la cantidad de un millón de dólares americanos”. El ex agente del Batallón 601 de Inteligencia “manifestó que el maletín fue exhibido a las autoridades aduaneras españolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron”. Aseguró además que ese millón de dólares “fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifestó que era brasileño y tenía empresas en su país y en España”.

Entre Baleares y Canarias

La vía de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Según relató el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, “en agosto de 1983 la Federación de Vigilantes Jurados denunció la existencia de un presunto tráfico de divisas que se venía produciendo en la aduana de Palma de Mallorca”. Según esa denuncia, una conocida empresa de seguridad española “ingresaba al mediodía en la aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la península y las llevaba a su sede”. “Una hora después del cierre de la aduana”, esa misma compañía “embarcaba dichas sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. “Dicha denuncia –señala Bermúdez- nunca se investigó”.

Las empresas del blanqueo

La elección del territorio español para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detentó el poder, el régimen argentino montó una red de empresas a este lado del océano. “Una serie de sociedades mercantiles españolas habrían participado presuntamente en el traslado, manipulación, ocultación y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente habían sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus víctimas, a quienes mantenían ilegalmente detenidas”, señaló Bermúdez en otra de sus declaraciones.

Su presidente fue D. Amadeo Francisco Juncadella (...) un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua

La empresa AFHA estuvo a cargo de una operación de gran importancia: “el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dólares americanos procedentes del vaciamiento económico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa durante la gestión como interventor de la misma del general Carlos Guillermo Suárez Mason”. “Dichos fondos fueron convertidos en nuestro país en moneda corriente de países como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos financieros de dichos países. Tanto los depositarios como los beneficiarios de tales inversiones son, todavía, desconocidos”, apuntó Bermúdez.

Investigación de la Policía

Con estas denuncias de fondo, la Policía Nacional elaboró un amplio informe sobre “la creación de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiación ilegal de bienes o dinero”. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigación aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cómplices que se habían instalado en España. También aparecen los datos del empresario argentino José Lata Liste, propietario de la conocida discoteca Mau –que llegó a tener locales en Madrid y Marbella-, y de otros argentinos –entre los que figura Héctor Sayago, un periodista que trabajó en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura.