Díaz fulmina el banco de tierras que pactó con IU para vender 10.000 hectáreas públicas
Prohibido tirar alimentos
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SEVILLA.- El Parlamento andaluz va a iniciar la tramitación de la futura Ley de Agricultura, un ambicioso proyecto que abrirá la puerta a la enajenación de tierras públicas, bien a través de la venta directa o el arrendamiento o bien mediante la cesión de su uso. El Gobierno de Susana Díaz es uno de los mayores latifundistas de la comunidad autónoma, posee más de 10.000 hectáreas de tierras públicas, aunque el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderado por el ahora diputado de Podemos en el Congreso, Diego Cañamero, llegó a contabilizar unas 20.000 hectáreas hace un lustro (aunque sólo la mitad sería cultivable).
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Esta propuesta formaba parte del anterior proyecto de Ley de Agricultura, elaborado por IU cuando formaba parte del Gobierno andaluz, pero que el PSOE ha eliminado de un plumazo en el nuevo borrador. La coalición de izquierdas llegó a incluir en la norma la expropiación de tierras privadas infrautilizadas por grandes terratenientes andaluces (siempre con la Casa de Alba en mente) para luego ser gestionadas por parte de la Junta a través de un banco público de tierras.
La escasa productividad de las tierras públicas es la excusa que cada año utilizan Sánchez Gordillo y Cañamero para ocupar las fincas que son propiedad de la Junta y exigir a Díaz que las ponga “al servicio del pueblo” (ambos tienen causas judiciales abiertas por esas ocupaciones). Dos de las fincas públicas afectadas por la futura ley serían El Humoso (1.200 hectáreas), cedida en usufructo desde hace décadas a una fundación de parados del SAT y jornaleros de Marinaleda, y la finca de Somonte, en Palma del Río (Córdoba), ocupada habitualmente en verano por Cañamero y un grupo de sindicalistas (la última vez el pasado junio).
El banco público de tierras que ideó IU en el anterior mandato, y con el que el PSOE se comprometió hasta la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz, pretendía mitigar el paro en el sector rural a través de la gestión directa del suelo por parte del Gobierno, pero aún era más ambiciosa: el objetivo final era cambiar el modelo productivo andaluz impulsando una agricultura sostenible, ecológica, enfocada hacia el consumo local, que generase sus propias semillas para ser autosuficiente y evitar el uso de transgénicos.
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Prohibido tirar alimentos
La norma pretende regular toda la cadena agroalimenticia, desde la producción hasta la distribución, introduciendo importantes novedades. Uno de los puntos más llamativos del articulado se trata de una medida pionera en España (Francia fue la primera en implantarla): la ley prohibirá a las grandes superficies comerciales arrojar los excedentes de alimentos a la basura y deberán donarlos a ONGs o destinarlos al compostaje o reutilización.