diálogo social Moreno elaboró el decreto-ley que relaja controles sin contar con los sindicatos ni los agentes sociales

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, elaboró de la mano de la patronal y sin contar con los sindicatos ni otros agentes sociales como los consumidores y las asociaciones ecologistas el decreto-ley en el que acomete una modificación del contexto en el que se mueven empresarios y trabajadores en Andalucía, según ha contrastado Público en distintas fuentes.

El calado real de esta reforma aún se desconoce, porque el texto completo del decreto-ley, a pesar de estar aprobado en Consejo de Gobierno, todavía no se ha hecho público. Fuentes de Presidencia de la Junta indicaron a Público que "se publicará en BOJA en los próximos días" y añadieron que "la tramitación de un decreto ley es diferente a la tramitación de un decreto". "Se han seguido todos los pasos que marca la normativa", remacharon estas fuentes. 

De una tacada, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP), modificó el pasado lunes 21 leyes y 6 reglamentos con el objetivo de acometer una desregulación y una relajación de los controles urbanísticos, ambientales y sanitarios que permita un despegue de las inversiones y de la actividad económica en Andalucía, que el Ejecutivo considera estancada.

Los sindicatos no habían tenido acceso al contenido de lo aprobado el lunes en Consejo de Gobierno. "No lo hemos visto. Cero. Nada", indicaron fuentes de UGT a Público. El Ejecutivo todo lo que ha difundido hasta ahora –tras una rueda de prensa en la que participaron seis consejeros– es un comunicado de prensa, que se puede consultar aquí.

"Desde octubre hasta hoy, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de este decreto-ley", dijeron a Público fuentes de CCOO. En resumen, según la UGT: "La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto, que modifica normativas sustanciales en materia de política social, medioambiental y de derecho público, sin haber si quiera consultado a los órganos pertinentes de participación ciudadana, como el Consejo Económico y Social".

La última vez que los sindicatos se vieron con el Gobierno para hablar de este asunto fue el 11 de octubre en un encuentro en el que se habló de un documento elaborado por un Grupo de Expertos para la mejora de la regulación económica de Andalucía, que ha servido de base al gabinete de Juanma Moreno para aprobar el decreto-ley. Ese grupo está formado por 17 personas que provienen de la administración, del mundo académico y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la patronal.

Diálogo social maleado

En CCOO creen que el Gobierno ha maleado el diálogo social, no solo con este decreto-ley, a pesar de que el propio Moreno ha venido defendiendo su importancia y la de la paz social, para garantizar inversiones sólidas en la Comunidad. 

Palabras nada más, visto lo visto. "El diálogo social brilla por su ausencia", afirma la UGT. Los sindicatos están en el mismo nivel de representación institucional que la CEA, según reconoce y contempla el Estatuto de Autonomía. En su artículo 10, la norma dice que uno de los "objetivos básicos" de la Comunidad Autónoma a la hora de "ejercer sus poderes" es "la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía".

Así, CCOO expresó a Público su preocupación "por la manera que tiene el nuevo gobierno andaluz de entender e interpretar la función que el Estatuto de Autonomía atribuye a los agentes sociales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de Andalucía".

La crisis del coronavirus, sin embargo, llevará a San Telmo este mismo miércoles a las dirigentes de CCOO, Nuria López, y UGT, Carmen Castilla. El Gobierno tendrá así su foto con las centrales sindicales la misma semana en que aprueban otra norma sin consenso, al igual que el "decretazo" educativo. En este caso, además, sin apenas diálogo, cosa que sí existió en la tramitación del decreto de Escolarización por parte del consejero Javier Imbroda. 

En aquella reunión de octubre del año pasado, en la sede de la Agencia de la Defensa de la Competencia, los representantes de CCOO salieron contrariados porque consideraban que el Gobierno les estaba queriendo manipular y se quejaron, según unas notas a las que ha tenido acceso Público, de que la CEA "desde el primer momento" había sido designada "para participar en todos los trabajos", mientras que los sindicatos habían sido excluidos.

A las centrales ya les preocupó el contenido de aquel documento, al que ha tenido acceso Público, en el que se recogían medidas tan dispares como la eliminación del impuesto a las bolsas de plástico y liquidar la capacidad de investigación que hoy tiene el Instituto Andaluz de la Mujer en los temas de género.

"La pretensión del Gobierno es tratar de huir de las garantías que ofrece el derecho administrativo en defensa del interés general y del bien común, en la regulación de las actividades económicas, considerando que la reglamentación, en general, son verdaderos elementos perjudiciales para el desarrollo económico, y el industrial en particular", ya dejó escrito CCOO después de esa reunión de octubre pasado, que fue la última para hablar de este tema, según los sindicatos.

Greenpeace arremete contra la norma, ATA la defiende

Este martes, la organización ecologista Greenpeace arremetió también contra el decreto-ley porque, consideran, "agiliza la destrucción del medioambiente". El Gobierno andaluz "tendría que estar trabajando por minimizar los impactos y reducir emisiones, tal y como demanda la situación de emergencia climática y de crisis de biodiversidad".

En una nota de prensa, Greenpeace afea que el Gobierno andaluz recupere de golpe las políticas que "han llevado a esta crisis climática y de biodiversidad, flexibilizando 21 normas que entienden que el medio natural es una molestia y supeditando el interés de unos pocos frente al interés general".

Por su parte, al igual que la patronal, la Asociación de Autónomos ATA aplaudió el decreto-ley. "La aprobación supone avanzar un paso más en la eliminación de trabas y obstáculos con los que se encuentran los trabajadores autónomos y emprendedores en la realización de su actividad económica, ya que no sólo la sufren los que empiezan, sino que también están presentes en cualquier etapa de su actividad", manifestó en un comunicado el presidente de ATA-A, Rafael Amor.

PP y Ciudadanos defendieron la obra gubernamental. "Donde antes había un campo de minas, Ciudadanos ha puesto una alfombra roja a los que quieren invertir en Andalucía", dijo Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos.

"Rogelio Velasco [el consejero de Economía] lo que ha hecho ha sido cumplir con lo que nos comprometimos con los andaluces, y es la eliminación de las trabas burocráticas, problemas que se han encontrado los andaluces durante tantísimo tiempo para poder emprender y hacer crecer sus negocios", agregó el portavoz de Cs, recoge Europa Press.

Para el PP, este decreto ley es "el segundo paso con mayor relevancia en términos económicos para Andalucía", después de la bajada de impuestos. Loles López, la secretaria general del PP de Andalucía, afirmó que lo que se pretende como estas medidas es "agilizar la economía de forma que los andaluces tengan el dinero en sus bolsillos, poder consumir y activar la economía". Para López, el decreto ley para la simplificación burocrática es "transcendental" por el "efecto positivo" que tendrá en la economía andaluza. PSOE y Adelante Andalucía cargaron con dureza contra el decreto-ley y exigieron su retirada.