Habrá prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, se mantendrá la prohibición por parte de los empresarios de despedir a trabajadores en plena pandemia y se hará con el acuerdo de todas las partes del diálogo social, incluida la patronal. Los ministros de Trabajo, y de Inclusión y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, han confirmado este martes que los agentes sociales han validado la última propuesta de Trabajo, después de que sindicatos y patronales reunieran a sus órganos de dirección para estudiarla.

"Hemos cumplido con un mandato, no agotar el tiempo de negociación y cerrar este acuerdo antes del viernes 15. Se cerró antes del viernes y las organizaciones sindicales y empresariales lo sometieron a sus organizaciones. Se prorroga el sistema de los ERTE hasta el 31 de mayo y se prorroga con todas y cada una de las características, con algunos cambios", ha explicado Díaz.

Ambos ministros han avanzado que esta nueva prórroga, que no estaba contemplada en el plan presupuestario del Gobierno, supondrá un coste de algo más de 5.000 millones de euros, entre inversiones y las exenciones fiscales contempladas.

La prórroga, según han avanzado los ministros, mantiene todas las cláusulas que se aprobaron en septiembre, cuando el diálogo social acordó ampliar el mecanismo de los ERTE hasta el 31 de enero, fecha en la que hubieran expirado de no haberse logrado un nuevo acuerdo. Esto quiere decir que se preserva la prerrogativa que establece que aquellas empresas que despidan a trabajadores deberán devolver todas las exenciones y bonificaciones que hayan disfrutado durante la pandemia.

Más allá de la renovación en bloque de todos los mecanismos de protección para empresas y trabajadores, la nueva prórroga sí que incluye algunas novedades destinadas a reducir los procesos administrativos y burocráticos para acogerse a los ERTE y a ampliar los sectores afectados por los mismos.

En este sentido, se establece un mecanismo automático de cambio entre los ERTE de impedimento y de limitación, de manera que se puede pasar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa.

"Los ERTE mantienen las características que ya se conocen, y sustancialmente se mantienen los niveles de protección que tienen los trabajadores de nuestro país. La base reguladora de la prestación pública de desempleo se mantiene al 70%. También prorrogamos las medidas para sectores como los fijos discontinuos", ha explicado la ministra de Trabajo.

Además de la prohibición de despedir, las empresas que se acojan al ERTE no podrán repartir dividendos ni acogerse a paraísos fiscales, como ya estaba establecido. "Tras un año de gobierno ha llegado el momento de que los empresarios confíen en este Gobierno y dejen atrás los prejuicios. Que con las herramientas desplegadas y una ingente cantidad de recursos públicos para el plan de recuperación caminemos conjuntamente", ha asegurado Díaz.

La ministra también ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" a los trabajadores: "No queremos que de esta crisis salgamos con nuevas ni mayores desigualdades y por eso estamos desplegando un escudo social sin precedentes. No podemos salir de esta crisis en peores condiciones. Este nuevo acuerdo permite transitar la crisis económica más dura que jamás hayamos conocido".

Próximos objetivos: reforma laboral y de las pensiones

Escrivá y Díaz también se han referido este martes al futuro de dos de las próximas negociaciones que se abrirán en los próximos meses en el seno del diálogo social: la derogación de la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. Este lunes el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea sus borradores acerca de estas propuestas, unos borradores que incluyen cuáles son, a grandes rasgos, las propuestas del Gobierno en estas materias.

Sobre la reforma laboral, la ministra de Trabajo ha confirmado que el documento remitido a Bruselas contiene todas las medidas pactadas entre Unidas Podemos y el PSOE sobre la derogación de los aspectos más lesivos: "Se recogen literalmente y con mayor empeño". Díaz también ha avanzado que todas las modificaciones en esta materia se harán con diálogo social. Las negociaciones comenzarán después de que concluyan los trabajos de la mesa de diálogo que aborda la regulación de los riders, y que este miércoles celebra una nueva reunión para tratar de desbloquear las negociaciones.

En materia de pensiones, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya había avanzado que el borrador enviado a la Unión Europea no contenía la propuesta, esbozada por el Ministerio de Seguridad Social, de ampliar el periodo del cálculo de cotización de los 25 años actuales hasta los 35 años.

Escrivá ha asegurado en este sentido que la propuesta se encuentra sujeta al debate del diálogo social, y ha explicado que los periodos de cotización y otros cálculos aún no están cerrados: "Cuando tengamos hechos los cálculos, los compartiremos en primer lugar con los agentes sociales".

El ministro de Inclusión ha asegurado que en el documento enviado a Bruselas se incluye la intención de dar cumplimiento y de concretar los acuerdos recogidos en el Pacto de Toledo aprobado a finales del pasado año en el Congreso. En este sentido ha insistido en que las primeras reformas estarán centradas en lograr acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos, así como en bonificar a aquellos trabajadores que quieran extender su vida laboral más allá de la edad legal.

También ha dejado clara su intención de derogar el factor de sostenibilidad, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que ligaba la sostenibilidad de las pensiones a la esperanza de vida. Escrivá ha avanzado que la intención de su ministerio es que la reforma que pretende equiparar el marco de jubilación de los autónomos al resto de trabajadores, y que por lo tanto coticen por sus ingresos reales, esté vigente en 2022.