Diálogo social El diálogo sobre la reforma de las pensiones arranca con el veto sindical a los 35 años para el cálculo de la prestación

En un ambiente enrarecido y con mensajes contradictorios por parte del Gobierno, en la tarde de este jueves se reúne la mesa del diálogo social sobre Pensiones, para concretar las recomendaciones hechas en el acuerdo sobre el Pacto de Toledo.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, se afirma que dichas recomendaciones serán la base de la negociación con los agentes sociales, y se echan balones fuera en torno a la propuesta de ampliar a los 35 años el periodo de cotización para calcular las pensiones.

Escrivá ha pedido discreción en toda la negociación y recuerda que, además de con los agentes sociales, esta reforma que afectará a toda la Seguridad Social también tiene que ser negociada con la Comisión Europea.

Sin embargo, desde los sindicatos se tiene más que claro que no pasarán por aceptar esa propuesta ni una similar, ya que incluso tenían sus reticencias a la ampliación del cálculo a los últimos 25 años y que estos sean los de mayor cotización del trabajador.

El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ya ha dicho en las últimas horas en varios medios que esa propuesta "no la aceptaremos", y que esperan que el Gobierno ni la ponga encima de la mesa. Fuentes de este sindicato van más allá y aseguran que la propuesta es "absolutamente inadmisible" y que esperan que ni sea cierta ni siquiera un globo sonda del Gobierno. De la misma opinión es CCOO, que considera que esta propuesta no puede entrar a formar parte ni de las negociaciones.

Pepe Álvarez (UGT) sobre la propuesta de los 35 años: "No la aceptaremos"

Desde el Gobierno, según fuentes consultadas, se esperan limar diferencias y llegar a un acuerdo, porque en esta ocasión se quiere legislar el futuro de las pensiones con un pacto social, y no de forma unilateral como ha ocurrido en las últimas ocasiones, tanto con Gobiernos del PSOE como del Partido Popular.

La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales se produce dos meses después de que el Congreso cerrará un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de sentar las bases de la futura reforma de las pensiones.

Escrivá tiene prisa

Durante la legislatura, Escrivá apremió al Pacto a cerrar sus conclusiones cuanto antes para que el diálogo social tuviera un marco en el que desarrollar la reforma y para que la actualización de las pensiones en 2021 (que finalmente experimentará una subida del 0,9%) tuviera una referencia concreta y un cierto consenso en el Congreso.

A pesar de que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha estado presente y ha participado de forma intensa en la negociación del Pacto de Toledo, la propuesta de ampliar el periodo de cotización a 35 años para el cálculo de la cuantía de la pensión va en contra de las recomendaciones cerradas en la comisión parlamentaria.

Escrivá participó de forma intensa en la negociación del Pacto de Toledo

Sobre este punto, el acuerdo establece que la fórmula se deje como está; en la actualidad, se emplea un sistema de ampliación de años que está en periodo transitorio y que evolucionará hasta un periodo de 25 años en 2022. En 2020 se tienen en cuenta 23 años y el próximo año se calculará con 24 años.

Aunque el Pacto mantenga esta ampliación hasta los 25 años, recomienda que los trabajadores puedan escoger los mejores años de su vida laboral para evitar las denominadas lagunas de cotización (aquellos años en los que se ha tenido una peor remuneración o contribución a la Seguridad Social o que, directamente, se ha estado en paro).