El Gobierno aprobó las líneas generales del borrador que se envió a las comunidades autónomas para regular la llamada "nueva normalidad" una vez que concluya el estado de alarma a las 00.00 horas del próximo 21 de junio, contemplando la obligatoriedad de usar mascarillas y acordando sanciones de 100 euros a quienes no cumplan esta obligación en espacios cerrados.

La obligación del uso de mascarillas será para todas las personas de 6 años en adelante "en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento" de una distancia física de seguridad de entre metro y medio y dos metros.

Las diferencias con el borrador inicial es que el Gobierno ha cedido en seguir dando mayor autogobierno a las comunidades autónomas en materia sanitaria, aunque se reserva el derecho a seguir fijando los precios de los medicamentos si fuera necesario.

El decreto de la nueva normalidad también contempla la declaración obligatoria de enfermedad, lo que supone que habrá que "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del coronavirus.

Esta norma afectará a todas las Administraciones Públicas y a todos los centros públicos o privados que dependan de ellas y su actividad "tenga implicaciones en la identificación, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19".

Asimismo, el Gobierno extiende las garantías para los consumidores y usuarios que estaban previstas en el estado de alarma durante el periodo de vigencia el decreto de nueva normalidad. Esto significa que mantiene un plazo de 14 días para resolver un contrato de compraventa de bienes y prestación de servicios en el caso de que se haya visto afectado por las medidas adoptadas por el estado de alarma la desescalada o la nueva normalidad.

Pruebas a todos los casos sospechosos

Illa también explicó que se contempla que los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar, en todos los niveles de la asistencia y, en especial, en la atención primaria, que "a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular. Así, deberán asegurar también una coordinación entre las residencias de mayores y los servicios sanitarios autonómicos.

El decreto también precisa que sobre la Liga Profesional de Fútbol y la ACB de Baloncesto, la Administración competente para la aplicación de todas las medidas a adoptar para volver a la competición será el Consejo Superior de Deportes "previa consulta al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que estas medidas estarán vigentes hasta que el Gobierno, de forma motivada y tras escuchar a las comunidades autónomas y el criterio de los expertos, decida levantarlas. El ministro precisó que esto se producirá cuando haya una vacuna o una "terapia eficaz" contra la enfermedad.

En cuanto al aforo en lugares de trabajo y otros establecimientos, corresponderá limitarlos a las comunidades autónomas siempre teniendo en cuenta que habrá que garantizar la distancia entre 1,5 y 2 metros.

Este decreto deberá ser convalidad por el Congreso y, en principio, el Gobierno tiene asegurada una mayoría suficiente, porque ya han anunciado su voto favorable tanto PNV como Ciudadanos.