Fernando Plaza: "El desalojo de Walili no mejora la vida de los trabajadores porque la mayoría se han ido a otros asentamientos"

Fernando Plaza es enfermero y ejerce como activista en la Asociación Pro Derechos Humanos en Almería. Este lunes estuvo en el desalojo forzoso efectuado por orden judicial en el asentamiento chabolista de Walili, en Níjar, Almería, en el que habitaban en condiciones de infravivienda unos 400 jornaleros.

En conversación con Público, Plaza, que habla con voz cansada y con un poso de tristeza y desazón, afirma que el derribo del Walili no ha mejorado la vida de los jornaleros porque no se ha hecho bien. "Lo han hecho de tal manera que no han conseguido mejorar las condiciones de esas personas. Solo un porcentaje pequeño han acudido al dispositivo del Ayuntamiento, el resto se han dispersado. Ha eliminado el único asentamiento de todo el municipio que estaba al lado de una carretera. Una muy transitada, cuando se quiere ir al parque Cabo de Gata".

"Solamente –prosigue Plaza– han visto que era urgente eliminar este asentamiento porque era el que más se veía. El objetivo de invisibilizar el chabolismo se consigue porque se quita el asentamiento que estaba a pie de carretera. La misma justificación para tirar este, peligro de incendios, la insalubridad, la falta de saneamiento, la ausencia del agua potable, todo eso sucede en todos los asentamientos y solo se han interesado por acabar con este".

El Ayuntamiento de Níjar informó de que tenía censadas "durante los últimos tres meses" en el asentamiento a 254 personas –aunque en Walili vivían más, hasta unas 400-450, en función del momento, según las ONG de la zona– de las que 180 fueron "atendidas en la operación por los servicios municipales".

El propio consistorio reconoce que solo ha reubicado a 60 trabajadores y otros 20 "están en el proceso" y admite también que la mayoría se han realojado "a lo largo de la pasada semana en viviendas alquiladas por otros trabajadores, buscando de esta manera una solución autogestionada y a su medida".

"Se espera –añade el Ayuntamiento– que acudan al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación otro número aún indeterminado de personas que puedan necesitar alojamiento". Plaza afirma: "Había gente que llevaba más de diez años, algunos empadronados allí y con permisos de trabajo y residencia y una estabilidad laboral. Su trabajo lo tenían al lado y alguno nos comentaba que había intentado alquilar en núcleos urbanos y no hay oferta de vivienda en alquiler para migrantes".

3.100 chabolistas

El último dato oficial sobre el número de personas que viven en asentamientos chabolistas en la comarca es de 2017, asegura Plaza. "Entonces decían que eran unas 3.100 personas. Pensamos que ahora puede estar casi por el doble", afirma el activista.

El poblado del Walili se formó hace más de tres lustros en la carretera que va de Níjar a San José, localidad turística. A medida que fueron creciendo los invernaderos, ante la falta de vivienda, los trabajadores migrantes fueron haciendo su autoconstrucción.

"Siempre ha habido muchas quejas de los empresarios [por este asentamiento], que quieren lanzar una marca, y así esa marca no se puede lanzar. Las personas que viven en los asentamientos es la gente que trabaja dentro de los invernaderos. No creo que [el desalojo del Walili] sea una coincidencia, evidentemente. Durante la semana previa la gente se ha ido yendo, no a un piso de alquiler, no. Ha ido a los asentamientos de la zona. ¿Ha mejorado la vida de estas personas? No. Viven de la misma manera".

Sobre los antecedentes del derribo, Plaza asegura: "Esto venía de un proceso judicial, que se resolvió hace poco, antes de navidad. El juzgado dictó un auto y dio como fecha para el desalojo este lunes. El ayuntamiento lleva diciendo que lo lleva hablando con tiempo con los habitantes del Walili para ir viendo la mejor solución. Ha dado la impresión de que todo son palabras".

"La semana pasada –agrega Plaza–, la Policía Local repartió las citaciones donde se decía que el 30 de enero era la fecha límite: se las dieron a la gente que tenían censadas. Cuando se les hizo esa entrega de ese documento, lo lógico es que a la vez se le hubiera dado algún tipo de documentación sobre la alternativa habitacional o que fuera el personal de servicios sociales quien hubiera hecho esa entrega en esos días previos, para aumentar en confianza y en certidumbre a donde iban a ir. Han estado jugando al despiste".

"Hemos podido ver –añade– que en unas viviendas prefabricadas han acomodado a unas 60 personas. ¿Por qué 60? Por esa situación de incertidumbre y desconfianza que han estado generando todo este tiempo".

El desalojo

Sobre el desalojo cuenta Plaza lo siguiente: "Lo único que había esta mañana era policía. Estamos hablando de personas muy vulnerables, algunas en situación irregular en España. Y aparecen rodeados de policía y les dicen: súbete a un autobús. Había inseguridad y nerviosismo. Cualquiera que tenía una alternativa, ya se había ido. Al final ha venido solo un autobús. La gente estaba que no se atrevía a subir. Tres mujeres las que han subido primero, luego los demás".

"Al final –continúa Plaza– tal y como se han hecho hoy las cosas y cómo se ha intentado maquillar todo el desalojo de hoy, cuando nos decían que todo estaba previsto, que se iba a hacer un tratamiento individualizado y que iba a haber alojamiento para todo el mundo, que iba a haber trabajadores sociales, según lo que nos habían explicado en el Ayuntamiento y la propia alcaldesa [Esperanza Pérez] y luego vemos lo que ha pasado hoy, lo que vemos es una gran mentira".

"Esta mañana –prosigue– han transformado lo que hablaban. Lo han cambiado todo por Policía Local y Guardia Civil, helicóptero. Había una trabajadora social con un mediador".

Sobre el incendio, cuenta Plaza: "Estábamos desde las 7. Ha empezado a arder una chabola, que se ha apagado rápidamente. Hacia las 8 cuando la Policía Local ha empezado a decir hay que ir saliendo, ha ardido otra chabola, eso se extiende rapidísimo, plástico, madera, antes de darnos cuenta. 30 o 40 o 50 metros cuadrados. Han llegado bomberos rápido, estaban cerca. Han controlado el foco para que no se extienda más".

El activista de Pro Derechos Humanos añade un nuevo punto de polémica: el tratamiento de los residuos. Ecologistas en Acción había reclamado que había que clasificar los residuos antes de mezclarlos, allí había bombonas de butano, uralita. "Ha sido sacar a la gente y por un extremo de la carretera una excavadora ha empezado a tirar chabolas y por el otro lado las otras".

El ayuntamiento de Níjar publicó una foto en su cuenta de en la que se ve el asentamiento ya como un solar y en la que se afirma que a las 12 de este lunes se consideraba "normalizado el realojo". 

"Todo lo han mezclado", lamenta Plaza: "Ni han hecho separación ni nada. Había un frigorífico en la pala de la excavadora. Mucha gente no ha sacado nada. Les han dicho que solo se podían llevar una bolsa. Sí es cierto que durante todo el fin de semana han estado sacando cosas. No hubiera sido costoso dejar un almacén", reflexiona el activista.

Remacha Plaza: "Porque no eran 400. La mayoría se había ido. Imaginemos que hubiera habido 300 personas que las transportaran. No hubiera habido sitio. No sabemos cómo habrían hecho. Lo único que estaba muy bien planificado era la seguridad y las excavadoras, aparcadas desde ayer por al tarde. Y eso: lo demás todo un poco triste. Solo van a atender a 60 personas y los demás se han ido por miedo".

Problema estructural

El chabolismo es un problema estructural en Almería. "Es muy similar a lo que pasa en Huelva, pero en otra dimensión. Allí hay menos hectáreas, el trabajo estacional, aquí las campañas se sobreponen una sobre otra. Aquí no hay temporeros. Esto no se puede abordar con barracones para los trabajadores que vienen cuatro meses. Aquí la gente vive durante todo el año", analiza Plaza.

"Es algo –continúa– que ya se sabe en Almería, que salió en 2000 con los sucesos racistas del Ejido. Hubo una mesa, se llegó a un acuerdo para dar una solución, que quedó en papel mojado. 23 años después está la situación mucho peor, Esperemos que esto incentive para volver a convocar una mesa de este tipo y buscar soluciones permanentes a un problema crónico. Cada año aumentan las hectáreas de cultivo, pero no las viviendas".

"Hay múltiples denuncias –agrega Plaza– de incumplimiento de los convenios agrícolas, el empleo de personas migrantes sin dar de alta, se pagan 5 euros la hora. Esa situación se sabe y no se ponen medios para solucionarlo. El propio convenio del campo dice que tienes que pagar un plus de transporte: si eso se cumpliera, los trabajadores podrían vivir en otras zonas. La realidad es que se pagan miserias de salario y que tampoco se ha desarrollado ninguna política de alquileres públicos. ¿Dónde van? Si es que no alquilan casa en ningún sitio. Es un problema generalizado. Hay aquí una población muy vulnerable que vive con sueldos muy bajos y cierto racismo social, cierta permisividad y mirar hacia otro lado".

Remacha el activista: "Aquí solo sale la cara bonita de la agricultura almerienses a los que nos preocupamos por otras cosas, nos tachan de antialmerienses. Hablamos de una industria que ha movido 3.000 millones de euros, no hablamos de unos pocos agricultores. Es principal motor de la economía de la provincia. Es algo que se va extendiendo cada año. Ya vamos por las 35.000 hectáreas, eso necesita una mano de obra, se estima entre 2, 3 y 5 trabajadores por cada hectárea, depende del producto que se plante. Hablamos de muchísima gente".