Una mayoría del hemiciclo ha votado este jueves en contra de las cinco enmiendas a la totalidad de texto alterativo registradas contra la derogación de la sedición, la proposición de ley impulsada por los partidos del Gobierno tras un acuerdo con ERC. El siguiente paso para la norma, que plantea sustituir este delito por el de desórdenes públicos agravados, es la presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo finalizará el día 9 de diciembre.

Más allá de las críticas del PP, Vox y Cs en torno a la "concesión" de Pedro Sánchez al independentismo catalán, la modificación del tipo de desórdenes públicos propuesta por PSOE y Unidas Podemos copará previsiblemente el debate parlamentario en la comisión encargada de darle forma a la ley.

Y es que, a tenor de la denuncia de multitud de organizaciones y colectivos sociales, especialmente el movimiento por la vivienda, la nueva redacción del delito de desórdenes pondría en serios apuros los derechos de reunión, manifestación y protesta al introducir el concepto de "intimidación" y penar con cárcel las protestas pacíficas en establecimientos o sedes.

Los grupos impulsores de la proposición de ley niegan que el nuevo redactado suponga un retroceso en los derechos de los trabajadores, mientras que ERC ha recogido el guante ante las críticas de otras fuerzas progresistas en torno a esta cuestión, como EH Bildu, la CUP o el BNG, y ha emplazado al debate parlamentario de la norma en la comisión para despejar las dudas existentes.

Eso sí, ha pedido no hacer de "abogados del diablo", así como la "unidad" del independentismo, ya que los otros dos grupos catalanes del Congreso, Junts y la CUP también habían enmendado el texto. Los primeros apostaban además por la cancelación de las sentencias impuestas y de todos los procesos que siguen abiertos a los políticos independentistas, y la CUP pedía también la derogación de la ley mordaza.

La posible reforma del delito de malversación, que los republicanos pusieron sobre la mesa tras hacerse público el acuerdo en torno a la sedición, sigue siendo una incógnita. Está por ver si finalmente aparcan esta cuestión, como ya han deslizado fuentes parlamentarias del PSOE y ERC ante la dificultad de tramitar una modificación de este tipo para que no afecte a la lucha contra la corrupción.