Las ONG Women's Link Worlwide y Trial International han denunciado a España ante la ONU para que se investigue el caso de un matrimonio de Baleares, que 'desapareció' en agosto de 1936 en el marco de la represión franquista. Se trata, concretamente, del caso de Margalida Jaume y Antonio Alomar, quienes fueron vistos por última vez en Manacor (Illes Balears), aunque los testimonios orales indican que fueron detenidos ilegalmente y más tarde hechos desaparecer por partidarios de Franco.

La hija menor del matrimonio, Francisca, tenía 8 años cuando sus padres fueron desaparecidos. Ahora, recién cumplidos los 90 años, todavía no sabe lo que les ocurrió. Lo único que sabe es lo que llegó a través de testimonios orales, que aseguran que Margalida, embaraza de siete meses en aquel momento, sufrió agresiones sexuales.

Las ONG's han presentado formalmente una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en nombre de la hija y la nieta de este matrimonio: Francisca Alomar y Bartolomea María Riera. Según destacan los dos organismos se trata de la primera vez que se lleva un caso concreto de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura ante el organismo internacional. 

No obstante, la ONU ha denunciado en reiteradas ocasiones a España por el abandono institucional en el que viven las víctimas de la dictadura. Así, diferentes organismos de la institución, como el Comité de Derechos Humanos o el Relator Especial para la promoción del a verdad, la justicia y la reparación, han instado a España a eliminar la Ley de Amnistía de 1977 y a investigar y juzgar los crímenes del franquismo. 

“La Ley de Amnistía de 1977 impide la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura. El presupuesto para la búsqueda de los desaparecidos es también altamente insuficiente”, explica Teresa Fernández Paredes, abogada de la organización Women´s Link Worldwide, “como consecuencia de ello, víctimas como Francisca solo pueden dirigirse a mecanismos supranacionales en su búsqueda por la verdad y justicia”.

Décadas de incertidumbre e impunidad

Al presentar este caso ante el Comité, las organizaciones esperan incidir en que las autoridades españoles finalmente esclarezcan los crímenes del pasado. Las ONG's aprecian que de acuerdo con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Estado español es parte, las autoridades deben, entre otras obligaciones, buscar a los y las desaparecidas (o, en su caso, localizar, exhumar y entregar sus restos a sus familiares), identificar a los responsables, juzgarlos y condenarlos, y proporcionar una reparación integral de los daños materiales y morales resultantes de las violaciones.

Estos hechos se enmarcan en una práctica sistemática de desapariciones forzadas de los simpatizantes de la República española y de aquellos percibidos como simpatizantes. Las mujeres estaban también en particular riesgo, no solo por su participación política, sino también “por representación” o “como castigo” por la participación política de sus familiares. Además, las mujeres fueron represaliadas por incumplir el modelo tradicional femenino del nacional catolicismo y castigadas específicamente por ello. 

Denuncia en Argentina por crímenes contra mujeres

La ONG Women's Link presentó una querella en Argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo contra las mujeres. La jueza María Servini de Cubría, que instruye la única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo, admitió a trámite esta querella que incluye el caso de seis mujeres represaliadas por la dictadura, pero que también hace referencia a todas las mujeres que fueron torturadas, violadas, vejadas y/o asesinadas por el franquismo.