Denuncia de Más Madrid Las justificaciones y errores de la Fiscalía para archivar la denuncia sobre Ayuso y Avalmadrid sin investigar

La Fiscalía Anticorrupción sólo ha tardado dos meses en archivar la denuncia de Más Madrid contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su relación con la empresa semipública Avalmadrid. Dónde el partido de Íñigo Errejón ve indicios de la comisión de varios delitos, el Ministerio Público, sin investigar, no aprecia ninguna actuación reseñable.

Sin embargo, el carpetazo de la Fiscalía, dado a conocer este martes y adelantado por InfoLibre, está plasmado en un sucinto documento en el que se obvian algunos hechos recogidos en la denuncia, y hasta se cuela algún error.

Estos son algunos de los argumentos desglosados por el Ministerio Público en el decreto por el que rechazan investigar la comisión estos supuestos delitos -alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias-, relacionados con la concesión de un crédito de 400.000 euros por parte de Avalmadrid, en febrero de 2011, a la empresa MC Infortécnica S.L., participada por el padre de Ayuso, ya fallecido.

Leonardo Díaz Álvarez nunca llegó a devolver este crédito -faltan por pagar 270.000 euros-, que además fue concedido en contra de los criterios técnicos de Avalmadrid, y ni siquiera consta que este importe fuera usado para lo que en teoría debía servir: la compra de material para una adjudicación de la sanidad vasca.

Por su parte, desde Más Madrid aseguran a Público que respetan la labor de la Fiscalía, si bien destacan que, el hecho de que ésta no aprecie indicios delictivos, no supone que no se cometieran delitos. Esgrimen que en su día Anticorrupción también rechazó imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, hoy investigadas en el marco de la trama corrupta Púnica, y apuntan que la comisión de investigación sobre Avalmadrid que está en marcha en el parlamento regional podría arrojar nuevas conclusiones que dieran pie a otras acciones legales contra la actual presidenta autonómica.

La Fiscalía dice erróneamente que Ayuso no era cargo público cuando envió correos interesándose por la concesión del crédito a su padre

En el escrito rubricado por María Belén Suárez Pantín, teniente fiscal de Anticorrupción, se afirma que Ayuso no pudo cometer un delito de tráfico de influencias, en parte porque adquirió su condición de diputada en la Asamblea de Madrid el 15 de julio de 2017. La fecha es correcta, si bien la denuncia registrada por el partido liderado a nivel estatal por Íñigo Errejón indica claramente que hay correos de Ayuso antes, pero también después de esa fecha.

Al menos, hay constancia de emails enviados el 14 de septiembre del mismo año, dos meses después de que Ayuso adquiriese su condición de autoridad, requisito para poder cometer este delito. "Son todos ellos anteriores", asegura por contra el Ministerio Público.

Entre otras cuestiones, los emails enviados por Ayuso a un directivo de Avalmadrid, estaban destinados, según la denuncia, a solicitar documentación sobre "otras empresas propiedad de los socios de dicho grupo empresarial". Antes de ser diputada, la actual presidenta era además asesora de Aguirre. Según afirmó recientemente, no obstante, entonces "no era nadie", y "nunca ha tenido poder" para mediar en que nadie de su entorno se lucrara.

La teniente fiscal obvia la doctrina del Supremo

El 11 de octubre, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, aceptaron cada uno la donación de una propiedad por parte de su padre, un inmueble y una finca, respectivamente, como recoge la denuncia.
Sólo dos meses después, el 15 de diciembre -cinco meses después de Ayuso se convirtiera en diputada, MC Infortécnica recibió e incumplió el primer pago del préstamo.

Al transmitir un piso a la entonces diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación

Como recuerdan desde Más Madrid, la jurisprudencia del Supremo sí recoge que es habitual que quien pretende librarse de las deudas se anticipe a la llegada de las obligaciones de pago logrando la consideración de insolvente, por ejemplo donando su patrimonio. Al transmitir un piso a la ya diputada del Partido Popular en la Asamblea, esta propiedad no pudo ser embargada, y Ayuso aceptó esta donación.

Ayuso: "[A mi padre] le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos".

En su denuncia, Más Madrid hizo referencia a una entrevista concedida a Telecinco en agosto de 2019, cuando ya era presidenta, en la que Ayuso reconoció que su padre, enfermo en 2011, “no estaba pendiente de si se pagaba el IBI o no", o que su preocupación era transmitir su patrimonio. "Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos". La Fiscalía no hace mención a estas declaraciones.

El escrito de Más Madrid argumenta que en este espacio Ayuso "afirma y reconoce dos cosas: a) Que se interesó por saber con qué persona había que hablar para la concesión del préstamo. b) Que lo único que quería su padre era que ella y su hermano heredasen los pocos bienes que ellos tenían. Es decir, reconoció, en esas declaraciones, tanto el posible tráfico de influencias, solicitando información confidencial, así como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito".

"El crédito garantizado" y los avalistas que se deshicieron de su patrimonio

Y, en relación a que todos los socios de la empresa, avalistas solidarios del crédito, vendieran bienes inmuebles de su propiedad a familiares o terceros desde febrero de 2012, tres meses después del impago y dos antes de que Avalmadrid acordase -solo formalmente- emprender actuaciones, la Fiscalía se limita a apuntar estos hechos.

A su vez, para rechazar que se diera un delito de alzamiento de bienes, el Ministerio Público afirma que el crédito "estaba garantizado con una hipoteca sobre un bien inmueble y 8 avalistas solidarios". Esa hipoteca cubría sólo una pequeña parte del valor de la deuda, como recoge la denuncia. Pese a todo, la Fiscalía omite que esto supone casi un tercio del valor del crédito concedido, y sólo sostiene que quedó "una parte impagada".

La Fiscalía no ve probada "la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente"

Pese a que han pasado 8 años desde el primer impago, la Fiscalía asegura que no se dan los supuestos del delito de administración desleal, porque "está pendiente la reclamación a los avalistas solidarios" -los que han ido vendiendo propiedades- , "y no puede concluirse de lo afirmado por el denunciante, la voluntad del acreedor de abandonar el cobro de la deuda pendiente".

"Durante todo este proceso, entre los años 2015 y 2019, los avalistas solidarios han continuado transmitiendo su patrimonio de tal manera que no puedan cumplir con las obligaciones adquiridas al avalar solidariamente el préstamo-aval referido en el hecho de la denuncia. Que los avalistas, desde el año 2013 al menos, tenían conocimiento de las acciones iniciadas mediante el envío de burofaxes a sus domicilios", destacaba la denuncia de Más Madrid.

Sin administración desleal, aunque Avalmadrid tardase 7 años en actuar

La Fiscalía tampoco aprecia indicios de un delito de administración desleal por parte de Avalmadrid, y lo justifica en que hubo "acuerdos" para "ejecutar el crédito", y en que para ello se requirió la actuación de la empresa Cobralia. No considera que el crédito, concedido en contra del dictamen de los técnicos, se considere una actuación "en beneficio de un tercero", o que causase un "perjuicio patrimonial".
Avalmadrid estaba controlado en más de un 80% por la Comunidad de Madrid y Caja Madrid -hoy Bankia-, que aportaban más del 40% de su capital cada una.

No obstante, la denuncia recoge que Avalmadrid ha dejado pasar siete años sin actuar para que se cumpla el acuerdo del comité de morosidad, que ya en abril de 2012 decidió embargar los bienes de los socios de la empresa, avalistas solidarios para la concesión del crédito.

"Estas actuaciones son, cuanto menos, irregulares, a la vista de lo que prescribe el protocolo ordinario de Avalmadrid, que impone la transmisión a terceros para la judicialización en un plazo de 15 días tras el abono a la entidad financiera", denunció Mas Madrid. Ni siquiera se avisó a Cobralia en ese plazo de 15 días; esta actuación se retrasó hasta noviembre de ese año, cinco meses después.

De hecho, la propia Fiscalía reconoce que, a pesar del primer acuerdo, "Avalmadrid no realizó ninguna acción conducente a ello, lo que dio lugar a un nuevo acuerdo del comité mencionado de 16 de noviembre de 2012, en los mismos términos". Esto es, 11 meses después del impago.

“Creemos que está probado que hubo un perjuicio patrimonial y ausencia de acciones para recuperar las deudas, que tras 7 años no se han recuperado", apuntan desde Más Madrid.

La “información privilegiada” que la Fiscalía ve extraíble de internet

Además, en lo que respecta a la “información confidencial” -según la denuncia- reclamada por Ayuso sobre las empresas de los socios -y avalistas solidarios- de sus padres, el Ministerio Público afirma que estos datos no son “información privilegiada”, sino que podrían extraerse de internet o del registro mercantil.

Infolibre, no obstante, detalla que entre la información solicitada por Ayuso en los correos aportados hay datos, como los clientes de las empresas de los socios de sus padres, que no pueden considerarse públicos.

No son presiones, porque no se sabe quién era "el 'influido'"

En esencia, la Fiscalía sostiene que no hubo tráfico de influencias, y afirma -además de aludir erróneamente a que Ayuso no era diputada- que "no puede concluirse la existencia de lo que describe la jurisprudencia como presión o sugestión, amén de desconocerse la identidad del influido". También destaca que los destinatarios de los correos aportados por la formación de Errejón están "tachados". 

"Pregunté, simplemente, con qué persona podía hablar para que, a su vez, si se daban las garantías, esa compañía pudiera ser, o no, avalada", dijo Ayuso en la entrevista ya mencionada.

Sin mención a que era un "encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid"

Por otro lado, la denuncia hace alusión a que en los correos internos entre el directivo de Avalmadrid y los trabajadores de esta empresa, "aparece reflejado de forma clara y expresa que se trata de un 'encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid'". La Fiscalía obvia cualquier referencia a este punto.

La reacción de Ayuso

Tras conocerse esta decisión de la Fiscalía, el PP ha reclamado a Más Madrid que pida perdón. A su vez Ayuso ha comparecido ante los medios para celebrarla, y para insistir en su versión de la historia.

"Tengo claro que todo esto ha sido una artimaña por parte de la izquierda madrileña, que ha intentado destruir mi honor y el de mi familia y, en concreto, el de mi padre, una persona honrada que jamás le debió un duro a nadie". 

Pese a las palabras de Ayuso, nadie puede negar que su padre dejó sin pagar una deuda de 270.000 euros a Avalmadrid, participada mayoritariamente con dinero público.