La próxima fiscal general del Estado, Dolores Delgado, deberá renovar a más de medio centenar de altos cargos del ministerio público en medio de una “ofensiva por cielo y tierra” que desplegará el Partido Popular contra ella, según explican en el entorno de la exministra de Justicia.

El entorno de Delgado da por seguros estos ataques "por cielo y tierra" a los que se sumarán fiscales conservadores y hasta el "fuego amigo" de algunos fiscales progresistas en contra de su gestión que comenzará a finales de febrero.

En el punto de mira de estos fiscales se encuentra la estrategia que vaya a desplegar Delgado respecto a los condenados por el 'procés' independentista y si buscará modular a los fiscales en las causas penales que aún están pendientes de ser juzgadas en la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que se instruyen en diversos juzgados de dicha comunidad autónoma.

El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, será el primero en comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso. Se calcula que será a partir de la semana del 17 al 21 de febrero.

Delgado será la siguiente en comparecer, probablemente a finales de dicha semana o a partir del 24 de febrero. La comisión de Justicia debe examinar su idoneidad como próxima fiscal general del Estado antes de ser nombrada por el Consejo de Ministros.

Doble vara de medir

El PP planea una doble vara de medir. Para Juan Carlos Campo reserva una comparecencia cortés -como suele ser habitual en las primeras comparecencias de los ministros-, máxime cuando mantiene una “razonable buena relación” con el responsable de Justicia del PP, Enrique López, según reconocen fuentes populares.

Para Delgado, en cambio, los diputados populares reservan un debate bronco destinado a sembrar una supuesta ilegitimidad en su nombramiento, según fuentes jurídicas. Los diputados no votarán, pero realizarán un fuerte ataque a la idoneidad de Delgado ya que nunca había ocurrido que un ministro de Justicia pasara a ser fiscal general del Estado.

El líder del PP Pablo Casado ha anunciado recurrirán su nombramiento porque considera que vulnera el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que consagra la independencia del máximo responsable de este órgano.

El recurso será por la vía contenciosa-administrativa, según fuentes internas de este partido.

Existe el precedente del nombramiento de Eligio Hernández, que fue anulado por el Tribunal Supremo en 1994. Dicha anulación se basó en que no cumplía con el requisito de tener al menos 15 años de ejercicio efectivo de la profesión de jurista. Delgado ha ejercido como fiscal 25 años en la Audiencia Nacional, por lo que esta causa no podría ser invocada en el recurso.

El 'núcleo duro'

Dolores Delgado deberá designar a su núcleo duro, nada más ser nombrada. Estará compuesto por media docena de fiscales que conformarán la Secretaría Técnica y le ayudarán a dirigir el ministerio público. Para ello, ratificará a los actuales o nombrará a su nuevo equipo.

La próxima fiscal general tendrá que afrontar una estrategia de nombramientos discrecionales para designar a medio centenar de altos responsables de la Fiscalía. El ritmo lo decidirá ella, pero precisa cubrir puestos relevantes de la cúpula fiscal ya que su antecesora, María José Segarra, se encontraba en funciones y las  vacantes se han ido acumulando.

Primero debe elegir a su número dos: el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Su actual responsable, Luis Navajas, ejerce ahora las funciones de fiscal general del Estado y terminó su mandato en diciembre.

Los 'números uno' pendientes

Además, tendrá que nombrar a los fiscales de Sala pendientes. Esto es, a los números uno de la carrera. Entre ellos, el fiscal de Sala jefe de la Inspección; el Inspector Fiscal, así como los fiscales de Sala del Tribunal Supremo de la sección Penal -tras la jubilación de Antolín Herrero hace ahora un año- y de la Militar, también tras la jubilación del exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Delgado debe designar además al fiscal de Sala ante el Tribunal Constitucional y están pendientes de ser cubiertas las plazas de fiscales de Sala coordinadores para toda España en las áreas especializadas de Menores, Siniestralidad Laboral y Personas con Discapacidad.

Falta también por nombrar a nueve fiscales en la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada; a los fiscales superiores de Galicia y Aragón; a los tenientes fiscales de Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja, así como a los máximos responsables en Ourense, Segovia, Soria, Ávila, Alicante, Teruel, Badajoz y Córdoba, entre otros.