El impacto de la Covid-19 está siendo devastador por el elevado número de vidas que ya se ha cobrado el virus, pero esta situación y la parálisis de actividad también tendrán reflejo en el ámbito económico.

El Gobierno prevé que el aumento de gasto público y la caída de los ingresos, asociadas ambas a las consecuencias de la pandemia, catapulten el déficit en 2020 hasta los 115.671 millones de euros, un 10,34% del PIB. La caída del Producto Interior Bruto (PIB) será del 9,2%, siempre según estas estimaciones.

De cumplirse las previsiones anunciadas por el Ejecutivo este viernes en rueda de prensa, y remitidas a la Comisión Europea en la noche del jueves, será el mayor déficit registrado desde 2012, cuando se situó en el 10,7%. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han sido las encargadas de dar a conocer estos datos en rueda de prensa.

Durante toda su comparecencia, Calviño y Montero han insistido en la enorme incertidumbre de este contexto, y han asegurado que el Ejecutivo ha optado por un cálculo prudente. Esto es, que ha facilitado las cifras del escenario más pesimista que hoy contempla. 

Según Montero, los gastos subirán un 10,5 % hasta alcanzar los 576.714 millones de euros, mientras que los ingresos se hundirán un 5,3 %, hasta los 461.043 millones. Durante toda su intervención, la ministra y la vicepresidenta han insistido en que esta es una situación temporal, han destacado que habrá una recuperación importante en 2021, y han defendido las medidas aplicadas por el Gobierno en esta crisis. 

El impacto de las medidas contra la Covid: 138.923 millones

En otro orden de cosas, el Ejecutivo calcula en 138.923 millones de euros el impacto de las medidas adoptadas contra el coronavirus. En esta cifra, no obstante, el Gobierno incluye la línea de avales a créditos del ICO por valor de 100.000 millones, si bien hasta la fecha sólo se han habilitado avales por valor de 40.000 millones del total anunciado.

Según Montero, el Ejecutivo ha destinado 17.894 millones a los ERTE; 1.355 millones por bajas consideradas accidentes laborales, y 2.867 millones para las entregas a cuenta de las comunidades.