El juicio contra los antidisturbios que supuestamente agredieron a una periodista durante la concentración en Madrid de las Marchas de la Dignidad ha quedado visto para sentencia.

La acusación pide una compensación por lesiones que consistiría en 94,29€ por los tres días que la periodista estuvo de baja tras recibir los golpes y una multa de 10€ al día durante dos meses para los dos agentes. El total de la compensación rondaría los 700€. La resolución del juicio se sabrá dentro de 15 o 20 días. 

La periodista ha descrito ante el tribunal su versión de los hechos acontecidos durante la noche del 22 de Mayo. En su relato, la reportera ha constatado que, al salir de una cafetería tras un breve descanso en su cobertura de la manifestación, ella y otros periodistas se encontraron con un grupo de antidisturbios que al grito de 'aquí no se puede estar' la repelieron propinándole varios porrazos en la pierna derecha.

Este ataque, según la acusación, se produce a manos de un UIP cuyo número de identificación quedó registrado en un vídeo , que ha sido presentado como prueba.

La denunciante ha relatado como, pasado un rato de este primer encontronazo con las autoridades, encontró a un hombre intentado detener a un furgón policial plantándose frente a él con un tambor. Al entender que se trataba de un hecho noticiable, la reportera se acercó para poder informar sobre el acontecimiento.

En ese momento, recibe de nuevo los golpes de un agente de policía, que la hiere en un brazo mientras la periodista grita 'soy prensa, soy prensa'. La acusación también ha entregado un vídeo sobre este incidente en el que supuestamente se identifica al agresor por su numero de identificación.

La reportera asegura que iba identificada como prensa durante las dos agresiones

La reportera ha destacado que iba identificada como prensa en ambas ocasiones, portando un chaleco y una acreditación del medio, aunque la ley le exime de hacerlo.

Los dos antidisturbios se personaron en la sala y admitieron que los números de identificación notificados por la acusación se corresponden con los que ellos portaron en el dispositivo policial del 22-M. Los dos policías dijeron 'no recordar' haber agredido a la periodista ni a ninguna persona identificada como prensa.

La defensa centró su estrategia en deslegitimar la validez como prueba de los vídeos presentados por la acusación. Su argumento principal consistió en que no se puede identificar correctamente a los implicados en los vídeos. Posteriormente, llegaron a poner en duda que en los vídeos se pueda llegar a apreciar una agresión por no tener uns imágenes lo suficientemente buenas.

'Por más que miro, no veo al policía. No puedo identificar que sea ella la que aparece en el vídeo ni que haya agresión', dijo uno de los abogados. La defensa llegó a poner en duda que los videos no estuvieran manipulados y que los traumatismos que constan en el parte de lesiones presentado por la periodista fuesen causadas por la policía y no por cualquier otro tipo de altercado durante los disturbios.

'Lo mismo les merece la pena estar ahí y llevarse un golpe a cambio de tener un vídeo' Los abogados defensores de los antidisturbios también hicieron una encendida defensa de la labor de la UIP para preservar el orden en este tipo de situaciones. A su modo de ver, la identificación como prensa no exime del cumplimiento de las exigencias de los agentes de seguridad y los periodistas 'han de valorar dónde se meten' porque 'lo mismo les merece la pena estar ahí en medio y llevarse un golpe a cambio de obtener un vídeo o una noticia'. Finalmente, sobre las lesiones de la periodista, declararon que 'no serían tan graves si solo estuvo tres días de baja'.

El juicio ha finalizado con la intervención de dos testigos, compañeros de la periodista agredida durante la cobertura de las manifestaciones, que han corroborado la versión de los hechos expuesta por la acusación.

A la salida del juzgado, la periodista ha declarado que sea cual sea el resultado del juicio, ella y sus compañeros van a seguir haciendo su trabajo y poniendo su esfuerzo en identificar los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante la represión de ciertas manifestaciones.