PALMA DE MALLORCA.- El abogado Jesús María Silva, defensor de la infanta Cristina, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio del caso Nóos, que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" tanto del Tribunal Supremo y del Constitucional en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

Durante su intervención en la vista oral, que juzga el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta: "¿Qué tenemos aquí? Una acusación popular que sostiene en solitario que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, sin acusación por parte de Fiscalía y la Agencia Tributaria", ha espetado.

"Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS", ha aseverado, recalcando que "claro que hubo una sentencia inicial (relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular), pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más".

"Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS", dice el abogado de Cristina

En esta línea, ha apuntado que además hay siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales que avalan la anterior jurisprudencia, en alusión a diversos autos dictados por las dependencias judiciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares que han aplicado este mismo supuesto.

Horrach rechaza que el tribunal no tenga legitimidad

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha rechazado los argumentos de varias de las defensas relativas a la falta de legitimidad de la Audiencia de Palma de Mallorca para enjuiciar la parte de la causa relativa a la percepción por el instituto sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres de casi tres millones de euros que adelantaron las administraciones valencianas para la organización de eventos como el Valencia Summit.

Únicamente han planteado esta cuestión los abogados de los imputados en la trama valenciana de Nóos, después de que el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, renunciara a desarrollar el argumento pese a haber anunciado su planteamiento. Según Horrach, los abogados que han señalado que estos hechos deberían ser objeto de análisis por los tribunales valencianos demuestran un "exceso de confianza" en lo que respecta a lo que sería una ampliación de este juicio en dicha comunidad.

El abogado de Urdangarin ha renunciado a plantear la cuestión previa que había presentado en sus escritos en relación con la falta de competencia territorial del juez Castro

Ha señalado que la malversación de caudales públicos se ha investigado tanto en Mallorca como en Valencia y que carecería de eficacia volver a investigar por un juez valenciano a las 200 personas que fueron llamadas a declarar en este procedimiento en Palma de Mallorca por los hechos del Valencia Summit. Se imposibilitaría además la visión en conjunto de los hechos y existiría el riesgo de que los tribunales de Mallorca y Valencia dictaran sentencias contradictorias sobre los mismos, argumentos a los que se han unido el resto de acusaciones.

Previamente, el abogado de Urdangarin ha renunciado a plantear la cuestión previa que había presentado en sus escritos en relación con la falta de competencia territorial del juez Castro para juzgar hechos como los relacionados con la precepción por Nóos del dinero público de las administraciones valencianas.