La decisión de debatir en el Congreso la regularización de 500.000 migrantes queda en el tejado de PP y Junts

El Congreso debate la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la regularización de 500.000 personas migrantes. Si la mayoría de la Cámara Baja vota a favor, la ILP pasará a tramitarse en Comisión, capítulo previo para que se debata en Pleno la aprobación final de la iniciativa. El debate de este martes, en cualquier caso, es imprescindible para que la iniciativa tenga continuidad. El Partido Socialista (PSOE) votará a favor, según ha podido saber Público.

Pero la intrincada aritmética parlamentaria complica las cosas. Europa Press adelantó el apoyo a la toma en consideración de Sumar, EH Bildu, PNV y BNG. Podemos también votará a favor, tal y como ha confirmado Clara Serra, portavoz de la formación morada. Sin embargo, los diputados de todos esos grupos no son suficientes. Suman 170 votos, por lo que serán necesarios los siete escaños de Junts per Catalunya, que, por el momento, no ha adelantado su posición, o bien una abstención del Partido Popular (PP).

Esa segunda opción parece poco probable, habida cuenta del rechazo inicial que demostró la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo. El 12 de marzo, la Plataforma Esenciales —promotora de la iniciativa— presentó la ILP en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso y recibió críticas por parte de los populares. La diputada Sofía Acedo insistió en que la ILP "no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad".

De todas formas, la toma en consideración no es más que el paso necesario para que el Congreso debata la iniciativa. El PSOE también se mostró, en un principio, crítico con la ILP, pero aportará su voto favorable para no bloquear el debate. Las fuentes populares consultadas no confirman, por el momento, el sentido de su voto, pero una abstención por su parte sería suficiente.

Los promotores de la ILP han conseguido 700.000 firmas, 200.000 más de las que exigen la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/1984 reguladora de la iniciativa legislativa popular. Además, la Comisión Promotora señala que ha recibido el apoyo de hasta 900 asociaciones de la sociedad civil desde que se registró la iniciativa en la legislatura pasada. Hay que tener en cuenta que la ILP es el único trámite parlamentario que no decae con la disolución de las Cortes Generales, sino que se retoma con las nuevas cámaras.

Los promotores de la iniciativa explican, en la exposición de motivos de la misma, que "el sistema de acceso a la residencia" contemplado en la legislación española "resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español" y denuncian que los criterios de acceso a la residencia son "altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento".

La situación de irregularidad en la que vive ese medio millón de personas migrantes a las que afectaría la regularización extraordinaria, tal y como refleja el propio texto de la ILP, "supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad". José Luis Rodríguez Zapatero ya aprobó una regularización similar (de 600.000 personas migrantes) en 2004.

Pero también inciden en el "gran aporte económico y fiscal" que supondría dicha regularización para la sociedad. Los promotores de la iniciativa se refieren a las "capacidades" que podrían aportar las personas migrantes a la sociedad una vez disfrutaran de esa condición de plena ciudadanía, así como a los beneficios que experimentaría la fiscalidad española con el afloramiento de la economía sumergida asociada al colectivo. También señalan el impacto positivo que tendrían sus impuestos directos y las "contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social".

El muro que se levanta entre la sociedad y el Congreso

Fuera como fuere, la ILP llega este martes al Congreso y su toma en consideración pende de un hilo, algo que reabre el debate de las iniciativas legislativas populares. La legislación española exige medio millón de firmas para que una ILP pueda optar a iniciar su tramitación parlamentaria, pero una vez llega la hora de la verdad —permitir o no su debate en el Congreso de los Diputados—, se impone la aritmética y la negociación entre partidos. 

Hasta la fecha, solo dos ILP han terminado alcanzando el rango de ley. Una de ellas, que tenía que ver con la reclamación de deudas comunitarias (1996), terminó subsumida en otra iniciativa, de acuerdo con la información que ofrece la Junta Electoral Central (JEC). Otra, aprobada en 2011, logró que la tauromaquia se regulara como patrimonio cultural. Precisamente, en esta legislatura, la plataforma No es mi cultura está en pleno proceso de recogida de firmas para revertir aquella ILP y quitarle a la tauromaquia esa distinción.

Muchas de las ILP decaen en pasos previos a la toma en consideración del Congreso, toda vez que los requisitos que deben cumplir para que la Mesa de la Cámara las admita a trámite son estrictos. Entre otros, una ILP jamás puede incluir ningún artículo que entre en conflicto con una Ley Orgánica o modificaciones de naturaleza tributaria.