Las cuentas de 2020 Las victorias de Vox en las cuentas de Andalucía: inmigración y antifeminismo

El Parlamento de Andalucía vota este jueves los presupuestos para el año 2020. El Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos que dirige Juanma Moreno habrá logrado cuando se aprueben gracias al apoyo de Vox un espaldarazo importante a su experimento político: la alianza de tres partidos que comenzó con un solo objetivo común, acabar con la hegemonía del PSOE de Andalucía, conformar el primer gobierno no socialista en la historia de la autonomía, y que hoy ya lleva dos presupuestos y una disciplina en las votaciones que trae de cabeza a la izquierda.

Un año después de aquel pasado 2 de diciembre de 2018 en el que la ultraderecha regresó a las instituciones con una marca propia por primera vez desde la transición y en el que la abstención del votante de izquierdas permitió un acuerdo inédito entre PP, Ciudadanos y Vox, el partido de Santiago Abascal ha logrado sensibles victorias en el terreno simbólico, entre otras razones, debido a las necesidades estratégicas y tácticas del presidente Moreno y, también, en algunos casos, a las afinidades ideológicas entre Vox y el PP, del que en definitiva proviene Abascal.

La alianza en Andalucía, luego replicada en Madrid y Murcia, ha servido para que se escuche con fuerza el discurso antifeminista y xenófobo de Vox, que, por el momento, ha arrasado a Ciudadanos, a falta de saber hacia dónde se dirige tras la dimisión de Albert Rivera. El acuerdo de presupuestos firmado entre PP, Ciudadanos y Vox –aquí se puede consultar en su integridad– recoge algunos asuntos que se pueden describir como victorias de Vox frente a los discursos más moderados de sus socios.

El partido de ultraderecha no ha buscado tanto en este tiempo influir en los grandes bloques presupuestarios, que también, como utilizar su apoyo al Gobierno andaluz para colocar su mensaje. Y a la vista de los últimos resultados electorales, esa mezcla de estabilidad a cambio de visibilidad y respeto, de normalización de planteamientos bien polémicos, como sus diatribas contra los menores migrantes, le sienta muy bien a Vox.

Sigue un resumen de los asuntos más sensibles en los que Vox ha logrado colocar su mercancía gracias a su apoyo a los presupuestos de Moreno para el año que viene.

Teléfono de violencia intrafamiliar. La obsesión antifeminista de Vox viene recogida en el punto 25 del pacto con PP y Ciudadanos. “Los presupuestos del 2020 incluyen dotaciones por importe de 300.000 euros para la gestión del teléfono para la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar”. Además, “se procederá a la realización de una campaña específica de publicidad institucional” del teléfono de violencia intrafamiliar.

Inmigración. Vox, que pretende que Salud denuncie a la Policía a los inmigrantes a los que atiende, ha logrado que Gobierno andaluz acepte promover un acuerdo de colaboración con Interior para la creación de un órgano que coordine y gestione de forma conjunta “la información que obre en los archivos de la administración andaluza para luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas”. Además, Vox prosigue con su idea de poner en el foco a los centros de menores y ha pactado 150.000 euros para “seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos, así como de los trabajadores” y hacer inversiones “para evitar y contener posibles situaciones de conflicto o de riesgos externos”. Cuando Rocío Monasterio, de Vox Madrid, vino a Sevilla en campaña electoral a criminalizar a los menores migrantes, Elías Bendodo, el portavoz del Gobierno andaluz, no se lo reprochó.

Tauromaquia. En el acuerdo de presupuestos, Vox ha logrado introducir en el ámbito educativo el fomento de las escuelas taurinas, “asi como la realización de proyectos de análisis e impulso de las actividades sobre tauromaquia”. Vox quiere incrementar las partidas de 300.000 euros en “50.000 adicionales”. Para el resto de legislatura se continuará con la senda de crecimiento de 125.000 euros en 2021 y 125.000 en 2022.

Educación: Vox ha introducido el “establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española”. También recoge el acuerdo “el impulso de un programa de actividades complementarias para promoción y conocimiento de la actividad cinética en los colegios en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC), que exponga la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales”.

España: Vox, que en el pacto presupuestario para 2019, acordó el programa 1492, que desarrolló actividades orientadas “a promover el conocimiento y la reflexión en torno a la participación de Andaucía y España en el descubrimiento de América y otros hitos históricos posteriores”, para el próximo año ha cerrado el impulso desde la Junta de Andalucía de una visión rigurosa de la presencia de Andalucía y España en el nuevo mundo, con un acercamiento históricamente objetivo y sin prejuicios a la leyenda negra”.

Contra el aborto: Vox también impulsa medidas contra el aborto. Así, Vox ha logrado que los presupuestos incluyan dos millones de euros “para la atención de servicios de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades […] para llevar adelante su embarazo”. “Se pondrá en marcha un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, mediante el concierto social que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres, ofreciendo la totalidad de las alternativas disponibles a la mujer embarazada, de forma respetuosa con su decisión final”.

Auditorías privadas: Otra de las obsesiones de Vox es su creencia de que el Estado Autonómico es completamente innecesario. Así, ha logrado arrancar el compromiso del Gobierno, ya puesto en marcha, de que sean empresas privadas las que auditen al sector público “bajo la supervisión de la Intervención General de la Junta de Andalucía”.