Cuatro imputados por autorizar una planta que quemará 51 toneladas de madera por hora
Un informe sin firma para una inversión de 140 millones
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@e_bayona
ZARAGOZA.- La magistrada del Juzgado número 1 de Monzón (Huesca) ha llamado a declarar como investigados —antiguo imputado— a dos funcionarios del ayuntamiento de esa ciudad y a otros dos del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) en las diligencias que ha abierto para aclarar si algún cargo del municipio o de la comunidad autónoma pudo delinquir al autorizar la instalación y el funcionamiento, respectivamente, de una incineradora de biomasa con capacidad para quemar 51 toneladas de madera por hora a 600 metros del casco urbano, en el que viven 17.000 personas.
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Un informe sin firma para una inversión de 140 millones
Por su parte, el Servicio de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, dependiente de la misma Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a la que está adscrito el Inaga, constató que los responsables de este último habían autorizado la planta a partir de unos estudios previos que no habían tenido en cuenta la emisión de partículas a la atmósfera que iba a provocar la incineradora.
Eso, en una localidad cuyo aire, según el CSIC, tiene una calidad similar a la de Madrid. Cambio Climático destacó también que el informe ambiental “no viene firmado, y por tanto no consta la cualificación profesional ni académica, ni experiencia de sus autores”, además de carecer del visado de cualquier colegio profesional. Y que sus autores tampoco habían calculado la producción de ozono troposférico, ni la de benzopirenos -un hidrocarburo de efectos cancerígenos que genera la combustión de la madera- ni la de otros productos tóxicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos.
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La planta, diseñada para albergar una potencia de 170 megawatios, fue autorizada el pasado 6 de agosto, al mes de tomar posesión el nuevo Gobierno de Aragón PSOE-Cha, que tomó la decisión sobre un expediente tramitado en la época PP-Par —fue incoado en julio de 2012—, coalición que también gobernaba el consistorio cuando acordó el cambio de uso del suelo.