Una de las escalas realizadas en los últimos cuatro años por el barco saudí Bahri Tabuk en España se ha convertido en un caso judicial con peticiones de cárcel incluidas. La Fiscalía Provincial de Bizkaia reclama tres años y cuatro meses de prisión para los cuatro activistas alemanes de Greenpeace que en febrero de 2018 participaron en una acción de protesta contra ese buque, utilizado por el régimen saudí para transportar armamento. El juicio tendrá lugar este jueves 13 en el Palacio de Justicia de Barakaldo.

Según han confirmado a Público fuentes de Greenpeace, la organización ecologista y pacifista negocia actualmente con la Fiscalía para tratar de llegar a un acuerdo antes de que se celebre el juicio. "Esperamos que antes del jueves se imponga el sentido común y decaigan esas penas de prisión", afirmaron.

Los cuatro activistas que enfrentan ahora las peticiones de cárcel formaron parte del grupo de militantes de Greenpeace que el 18 de febrero de 2018 se movilizaron para denunciar la carga de armamento por parte de los barcos de la muerte saudíes en puertos españoles. La naviera Bahri había empezado a utilizar la ruta española un par de años antes, ya con Arabia Saudí plenamente inmersa en la guerra contra Yemen. Desde entonces, 33 barcos de esa compañía han hecho escala en Bilbao, Santander, Motril y Sagunto. 

"9.00: Tres botes de Greenpeace entran en el puerto de Bilbao para conseguir llegar hasta el barco Bahri Tabuk, que carga hoy armas con destino Arabia Saudí", decía el primer mensaje lanzado aquel día en directo por Greenpeace a través de su página web. Media hora después, los activistas conseguían aproximarse al buque saudí "superando una patrulla de la Guardia Civil apostada en el agua".

"Armas marca España para matar civiles", rezaba una pancarta desplegada por uno de los pacifistas con el Bahri Tabuk detrás. A las 10.25 de la mañana, dos activistas conseguían encadenarse a las defensas del barco y encaramarse a los amarres. 

"Con esta acción señalamos al Gobierno español por autorizar envíos ilegales de material bélico cuando existen indicios de que estas armas podrían ser utilizadas para vulnerar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos", señalaba Greenpeace en plena acción. Se referían así al creciente comercio de armamento con Arabia Saudí, que se había incrementado notoriamente tras el inicio de los ataques contra Yemen.

La reiterada presencia de barcos de la naviera Bahri –propiedad del régimen– en los puertos españoles era precisamente un signo de esas exportaciones autorizadas por el Ejecutivo español a través de la JIMMDU, la Junta Interministerial que se dedica a analizar las solicitudes de licencia de ventas de armamento. Sus actas son confidenciales bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. Del mismo modo, las autoridades rechazan dar cualquier tipo de información sobre las cargas de estos barcos. 

Lanchas requisadas

La protesta de Greenpeace en febrero de 2018 acabó con varios activistas detenidos. Cuatro de ellos fueron finalmente denunciados por la Fiscalía, que actuó de oficio. De momento no hay constancia de ninguna denuncia formulada por la naviera Bahri ni por sus representantes en España. 

El juicio tendría que haberse celebrado en mayo de 2020, pero fue suspendido por la pandemia. "Esperamos que se produzca una rebaja de las peticiones de cárcel, completamente desorbitadas", señalaron a Público desde la organización ecologista.  

Asimismo, la Guardia Civil aún tiene requisadas dos lanchas empleadas por Greenpeace en aquella acción. Así lo solicitó la Fiscalía en su escrito de acusación, que pidió además cuatro mil euros por los supuestos daños sufridos por una embarcación de la Guardia Civil en el marco de aquel operativo.