Suspenso para el Banco de España y para los organismos supervisores por no atajar las malas prácticas bancarias que agravaron la crisis financiera. Esa es una de las conclusiones del dictamen aprobado este jueves en la comisión del Congreso que investiga las causas de la crisis y sus responsables, y también la única que ha recabado un consenso claro. A pesar de que hace unos días se daba por prácticamente cerrada la unanimidad para aprobar el informe sobre el relato, finalmente Unidos Podemos y el diputado de Compromís Ignasi Candela se han abstenido, y Ciudadanos ha votado en contra. Además, grupos como ERC han expresado sus divergencias en este sentido.

Los miembros de la comisión se pronunciaban este jueves sobre tres textos que conforman el dictamen de los trabajos de un órgano que ha funcionado durante año y medio: un documento de antecedentes (de carácter técnico, que recoge las actuaciones de la comisión, desde las comparecencias realizadas hasta la documentación aportada); un informe con un relato de los hechos declarados ante el órgano; y un tercer texto con propuestas y conclusiones. Los documentos han salido finalmente adelante, pero las expectativas que se manejaban hace tan solo unos días no se han cumplido.

Desde la mesa de la comisión, presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se esperaba que hubiera un consenso absoluto en cuanto al informe que recogía el relato de la crisis; algo que no se esperaba en el caso del documento de conclusiones y propuestas de cara al futuro, ya que los grupos habían anunciado que llevarían sus propuestas a sus respectivos votos particulares ante la falta de acuerdo.

Sin embargo, ni siquiera el relato ha recabado la unanimidad, y los partidos mayoritarios (PP y PSOE) han acabado echándole en cara a Unidos Podemos y Ciudadanos haber roto el consenso de la comisión, mientras que los de Iglesias se han quejado de que el texto "recorta el relato" de las malas prácticas bancarias, y los de Rivera, han acusado a socialistas y conservadores de eximir de toda culpa a las cajas de ahorro. Tras la reunión del órgano, se han defendido hasta cuatro versiones diferentes acerca de la valoración de los trabajos de la comisión.

"Tolerancia y generosidad"

La presidenta, junto a PP y PSOE, han defendido el "consenso" alcanzado, la "generosidad" de los grupos mayoritarios y la buena dinámica de los trabajos; además, han asegurado sentirse sorprendidos por la decisión de algunos grupos de no sumarse al dictamen. "El lunes y el martes trabajamos intensamente en el informe y todos los miembros lo consideraron adecuado; no hubo nada que solicitarán incluir y tampoco se retiró nada", ha asegurado Oramas, que ha querido destacar la "tolerancia" de los grupos con mayor representación de permitir que se incluyeran propuestas de los grupos más pequeños: "Hay propuestas de ERC que han salido adelante solo con sus votos, gracias a la abstención del resto".

La diputada de Coalición Canaria ha lamentado, en cambio, que "la gente que no estuvo durante el año y medio, que no escuchó a los comparecientes y que no se leyó el informe, cambiara de opinión y no se haya podido aprobar por unanimidad. Son personas ajenas a los portavoces de la comisión". "No hemos sido una comisión-espectáculo. Hacía muchos años que no se vivía esta tolerancia y este equilibrio" en una comisión, ha zanjado.

El PP y el PSOE se han sumado a este relato y han cargado contra los de Iglesias y los de Rivera. "Hay posiciones dogmáticas e inmaduras propias de los partidos nuevos, que no están para servir a los ciudadanos, sino para conseguir rentabilidad electoral", ha afirmado el diputado del PP Carlos Floriano, que ha asegurado que las posturas defendidas por Unidos Podemos y Cs no solo no tenían en consenso del resto de grupos, sino tampoco el de los comparecientes que han pasado por la comisión (más de 80). "Había grupos que tenían las conclusiones escritas antes de que empezara la comisión", ha dicho el diputado del PSOE Gonzalo Palacín.

Una versión con la que no ha estado de acuerdo la diputada de Unidos Podemos María Rosa Martínez, que, aunque ha reconocido que el órgano ha realizado "un enorme trabajo", ha lamentado que "en el dictamen final no se recogen los aspectos más relevantes y se recorta el relato de las malas prácticas de las entidades financieras y de estafas como las preferentes". "700.000 desahucios en 10 años de crisis merecen, al menos, una mención", ha insistido.

Las críticas más duras hacia la comisión y sus conclusiones han venido de Ciudadanos. Su portavoz en el órgano, Toni Roldán, ha calificado de "vergüenza" el informe acordado, según ha expresado, por PP y PSOE, y apoyado por Podemos. "El dinero de los españoles se ha tirado a la basura", ha dicho, y ha acusado a Oramas de participar en el "pasteleo" que a su juicio se ha dado entre los partidos con mayor representación en el Congreso: "Entiendo que a la presidenta de la comisión le dé vergüenza firmar este informe". La principal crítica de los de Rivera es que el dictamen no hace ninguna mención a la responsabilidad que en su opinión tuvieron las cajas de ahorro en la crisis.

Las propuestas rechazadas, a Pleno

Lo que han hecho es esconder la responsabilidad directa que tuvieron los políticos como responsables en los consejos de administración en las cajas de ahorro. Todo el coste de la crisis ha sido para rescatar las cajas de ahorrro infestadas de políticos incompetentes", ha insistido. La cuarta versión es la de ERC que, a pesar de votar a favor del informe, ha precisado que el diagnóstico es "blando, light y está plagado de lugares comunes".

Entre las conclusiones del dictamen se recoge la responsabilidad del Banco de España porque, a pesar de disponer de "las herramientas necesarias", no atajó las burbujas inmobiliaria y crediticia "por falta de voluntad política". Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que “favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible, y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.

El siguiente paso, una vez concluidos los trabajos de la comisión, es la votación en Pleno del dictamen, algo que no llegará hasta el mes de febrero, ya en el próximo periodo de sesiones. Allí los grupos defenderán a través de sus votos particulares aquellas propuestas que no han sido incluidas en el informe. Unidos Podemos defenderá la necesidad de crear una banca pública, mientras que Ciudadanos insistirá en responsabilizar a las cajas de ahorro.