Crímenes contra la Humanidad "No olvidaré que sólo tres de los once guardias que mataron a mi hermano fueron condenados"

Diez de mayo de 1981. Aparecen tres cuerpos calcinados dentro de un Ford Fiesta en el barranco de Gérgal, Almería. A punto de cumplirse 36 años del Caso Almería, conocido por el brutal asesinato de Juan Mañas Morales, de 24 años de edad, Luis Manuel Cobo, de 29 y Luis Montero García de 33, confundidos con un comando etarra a finales de la Transición, la nueva Ley de Memoria Democrática andaluza le ha concedido al fin justicia, calificándolos con el rango de víctimas de aquella sangrienta etapa. La ley, aprobada el pasado jueves en el Parlamento andaluz, declara por primera vez a los tres jóvenes, asesinados, como víctimas de aquella represión. En el articulado de la ley memorialista, el rango de víctima se ha ampliado hasta el año 1982.

Un asesinato sin reconocimiento por parte del Estado

Francisco Javier Mañas, hermano de Juan, aclara a Público “cómo se ha tardado tanto tiempo en declararlos como víctimas del régimen. Los familiares que estamos vivos necesitábamos una respuesta, un reconocimiento ético de un asesinato que nunca llegó a investigarse hasta el fondo”, destaca el menor de los Mañas a sus 43 años. María, la madre de ambos, sigue sufriendo muchísimo. Es normal. Recuerda la ansiada espera aquel mes de mayo de su hijo y sus amigos para la comunión del pequeño Francisco Javier en el municipio almeriense de Pechina. “En el pueblo aún recuerdan muchos la noticia. Y es que, aunque era un niño de ocho años, nunca me olvidaré que solo tres de los once guardias implicados en el asesinato de mi hermano fueron condenados”.

Juan, Luis Manuel y Luis atravesaban España desde Santander a Pechina. En un vehículo partirían los tres amigos. Tuvieron que parar por culpa de una reparación del coche en la ciudad de Puertollano, donde alquilaron un nuevo automóvil, marca Ford Fiesta. Un vecino de la localidad, al ver las fotos del reciente atentado que ETA había perpetrado aquella noche, confundió a los tres jóvenes con los miembros de la banda y avisó a la Guardia Civil. Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo fueron detenidos en una tienda de souvenirs en Roquetas de Mar (Almería), a punta de pistola. Ninguno sabía que había pasado. En Madrid, se había producido un atentado de ETA contra el teniente general Valenzuela. El gobierno puso en marcha a las fuerzas de seguridad. Sabían hasta los apellidos de los etarras, Mazusta, Bereciartúa y Goyenechea Fradúa. Un error demasiado caro que no quisieron comprobar. El diez de mayo de 1981, los cadáveres de los tres jóvenes equivocados aparecieron dentro del Ford Fiesta, calcinados y acribillados a balazos.

Antonio Ramos Espejo, periodista y autor del libro El Caso Almería. Mil kilómetros al Sur, (Argos Vergara Editorial) afirma con rotundidad que “el llamado Caso Almería pasa por ser uno de los episodios más negros de la democracia española”. El investigador granadino tiene grabada en su mente la escena de los acusados en el juicio celebrado el 14 de junio de 1982. “Cuando el presidente del Tribunal que los estaba juzgando preguntó antes de pronunciar la sentencia si los acusados tenían algo que manifestar: el teniente coronel, Carlos Castillo Quero, principal imputado, dijo escuetamente “No. No”, manifestó también el guardia Fernández Llamas. El teniente ayudante contestó: Lo siento muchísimo”. Sólo estas últimas palabras parecían indicar un mínimo de arrepentimiento.

Cuerpos carbonizados para no dejar huellas

Tres años después del asesinato una carta arrojaría algo de luz al caso Almería. La familia Mañas Morales recibe en 1984 una carta anónima enviada por un guardia civil de la zona. Ramos argumenta que aquella misiva, “describía de forma descarnada lo que más o menos se sabía o se intuía”.

El testimonio anónimo relataba la brutal muerte de aquellos inocentes en un cuartel de Casafuerte (Almería). “Al principio le dieron una gran paliza, especialmente por el guardia C.., perdiendo el conocimiento. Entonces lo mataron con un tiro de pistola que cada uno que recibieron (sic) por separado. Posteriormente, los envolvieron (sic) en mantas (sic), penetrándolos en el Ford Fiesta, en el asiento trasero, ordenando Castillo Quero que fueran volcados en el sitio que no les viera nadie y que se les pegara fuego para que no se conocieran los malos tratos”.

El anónimo guardia civil llega incluso a relatar en su carta que los asesinos utilizaron el dinero que llevaban las víctimas en sus carteras para comprar la gasolina con la que fueron carbonizados. Al final de la carta reclama. “En la actualidad (1984) soy guardia civil, pero no asesino que relata a la familia Mañas las circunstancias en las que murió su hijo y sus compañeros”.

Ninguna de aquellas pruebas sumó más condena para los acusados. Las tres sentencias firmes a tres de los guardia civiles fueron de 24, 15 y 12 años, quedando ocho de ellos impunes. Sin embargo, Ramos apunta que “después del juicio, lo que había quedado más claro es que Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero no eran etarras y, lo más grave, que sus cuerpos fueron acribillados a balazos y luego quemados para que se borraran las huellas del crimen”. La verdad de los detalles del brutal asesinato nunca se dieron a conocer por parte de los implicados.

Mañas aclara que “la justicia no actúo en aquella etapa tan complicada para España y no sabíamos si conoceremos más detalles en vida”. Por su parte “agradece este reconocimiento como víctimas de parte de la ley andaluza pero saber la verdad hubiera sido lo que más nos hubiera curado a todos los que sufrimos aquello”.

La protección al resto de guardias civiles implicados, fue evidente en la etapa ya política del PSOE en España. “A aquellos criminales siempre los protegieron”, afirma Francisco Javier. “Se le dieron hasta unas viviendas en el pueblo costero de San José. Imagínate la rabia y la impotencia de saber que esta gente sigue sin ningún tipo de condena y encima no se haya pedido ni perdón por parte del Gobierno, como tantas veces ha dicho mi madre María”.

Denegada tres peticiones como víctimas de terrorismo

La familia Mañas nunca ha desistido en buscar el reconocimiento de estos jóvenes como víctimas de aquel crimen de Estado. Ninguna de las tres peticiones realizadas al gobierno en los años 2000, 2003 y 2006 surtieron efecto. Mañas apunta que “en todos los casos, y con diferentes gobiernos del PP y PSOE, nos han comentado que no entran dentro de los parámetros al ser víctimas colaterales de un atentado, no víctimas directas”.

Hasta el año 2014, los familiares del caso Almería no conocieron la noticia de la nueva Ley de Memoria Democrática andaluza. “Nos dijeron que iban a entrar dentro del rango y no queremos indemnizaciones solo buscamos la verdad y que se repare la figura de estos tres jóvenes que murieron de una forma tan injusta”.

La ley andaluza amplía el rango de víctima y el horizonte temporal, respecto a la ley estatal de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 por Zapatero. Su artículo extiende el período desde 1931, inicio de la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982 cuando entra el vigor el Estatuto de Autonomía.