Pablo Crespo, el gestor de las empresas de la trama Gürtel y su alma política, quiere que "resplandezcan las muchas verdades" sobre la financiación del PP de Valencia  según fuentes cercanas al número dos de la organización. Y está dispuesto a revelarlas este viernes, cuando se reanude la vista sobre los pagos de nueve empresarios a esta red de empresas para financiar a dicha formación política.

Ahora bien, la Fiscalía se resiste y no quiere pactar de antemano: esperará a escucharle este viernes antes de aceptar una reducción de condena a cambio de su confesión. También quiere colaborar al igual que el delegado en dicha comunidad, Álvaro Pérez, el Bigotes.

La estrategia de dureza ya fue seguida con éxito por el ministerio público ante el líder de la trama, Francisco Correa, quien tras dos condenas -recurridas al Supremo- ha optado por revelar la trama sobre la caja B del PP de Valencia. Incluso ha identificado al líder popular que ordenó a los empresarios pagar 2 millones de euros a las empresas de Correa en las campañas electorales d 2007 y 2008 por medio de facturas falsas.

Correa identificó a Ricardo Costa, el número dos de Francisco Camps en el PP de Valencia, como la persona que dio esta orden. Ocurrió el pasado martes durante el juicio. La Fiscalía no había preguntado por nombre alguno a Correa, ni tampoco a los nueve empresarios arrepentidos con los que ha pactado. Fue el propio abogado del Estado quien terminó por preguntarlo al líder de la trama Gürtel.

La identificación de Ricardo Costa como la persona que ordenó facturar en falso a estos empresarios es la que ha provocado la colaboración de Crespo y El Bigotes. La estrategia defensiva de Correa fue diseñada por su abogado, Juan Carlos Navarro, y ha ido en dirección contraria a la de Crespo y El Bigotes en esta macrocausa.

El líder de la trama Gürtel sigue la línea defensiva de recortar delito a delito cada condena con el fin de salir de la cárcel cuanto antes colaborando con la Justicia. Sólo en esta pieza puede lograr reducir una petición fiscal de condena de 22 años a 3 años de prisión.

Por el contrario, Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, han optado hasta ahora por la confrontación directa con la Fiscalía, hasta que ha llegado la revelación del nombre de Ricardo Costa lo que ha provocado que tengan que cambiar de estrategia defensiva y busquen ahora una menor condena a cambio de su confesión.

Ahora bien, Crespo quiere contar "las muchas verdades" de la trama y no sólo la verdad parcial que se pretende proyectar en el juicio sobre la financiación irregular del PP de Valencia a través de contratos de la empresa Orange Market, del grupo Correa.

El aspirado pacto con el ministerio público no se ha producido, a pesar de la reunión mantenida por las defensas de Crespo y El Bigotes con la Fiscalía Anticorrupción este mismo jueves.

Todo abierto

El ministerio público mantiene un pulso con los abogados de Crespo y El Bigotes y dice que prefiere esperar a escuchar sus declaraciones antes de decidir si disminuye sus peticiones de cárcel para ambos.

Por lo tanto, hasta el inicio de la vista este viernes todo permanece abierto.

Si la Fiscalía da signos de aceptar sus confesiones a cambio de una reducción de penas, llegará la colaboración de Crespo y El Bigotes.

El juicio se reanuda ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, al que el pasado miércoles prometieron aportar "datos relevantes" sobre la financiación ilegal del PP valenciano.

Los fiscales del caso Myriam Segura y Carlos Alba solicitan 22 años de prisión para Crespo y 27 para El Bigotes por tres delitos electorales, otro de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Y mientras Francisco Camps comparecerá como testigo en el juicio, su ex número dos afronta una petición fiscal de siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y otro de falsedad documental.

En el entorno de Ricardo Costa se asegura que no está dispuesto a asumir toda la responsabilidad.

Correa aseguró el miércoles que fue Pablo Crespo quien le transmitió la exigencia de Ricardo Costa. Incluso explicó que Crespo se mostró enfadado porque, dada su experiencia como secretario de organización del PP de Galicia, sabía el "problema" que esto podía conllevar.

Ante esta revelación, los abogados de Crespo y Pérez, Miguel Durán y José Javier Vasallo, respectivamente, solicitaron al juez la suspensión de la vista oral para poder abordar con sus defendidos la estrategia de defensa y su posible variación.

A preguntas del juez Vázquez Honrrubia, Durán reconoció que aportarían "elementos o hechos relevantes" para la causa.

De las 19 personas que se sientan en el banquillo, 10 ya han reconocido los delitos cometidos, entre ellos el propio Correa y los empresarios.

Correa, Crespo y El Bigotes se encuentran en prisión -cuando la sentencia no es firme- por amañar los contratos públicos para el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valencia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009.