Corrupción en el PP La caja b del PP pagó parte de la reforma de su sede en negro, según ha declarado la UDEF ante la Audiencia Nacional

El inspector jefe de la UDEF a cargo de la investigación de la presunta caja b del PP, Manuel Morocho, ha concluido este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la formación política pagó en negro parte de la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid.

Morocho, que comparece por segundo día consecutivo junto a otros agentes que elaboraron los informes que obran en la causa en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b, ha desgranado cómo la formación política sufragó los costes de la remodelación de cada una de las plantas.

Hubo un cambio en la forma de facturar para que el PP pudiera pagar los costes con dinero de la caja b, según Morocho

Según ha indicado, la reforma que se llevó a cabo entre 2005 y 2010, comenzó por la sexta planta, donde el inspector no ha destacado ninguna irregularidad. No ocurrió lo mismo con las obras correspondientes a las siguientes plantas donde hubo un cambio en la forma de facturar para permitir que el PP pudiera pagar los costes con dinero procedente de la caja b, ha indicado el inspector de Policía.

"Duplicidad" de documentación

La planta baja fue el segundo espacio a remodelar, que se inició en 2006, y supuso un "punto de ruptura" con respecto a la planta sexta, ya que se generó "una duplicidad" de documentación "con el fin de dar soporte a la operativa que se va a hacer", ha dicho Morocho.

Así, se emitieron dos certificaciones finales de obra (documento que cuantifica el coste final y que sirve de base para emitir factura) con distinto importe en la que, en la de mayor cuantía se incluían unos trabajos extras en los aseos de la planta séptima o en la sala de prensa del segundo piso, que no se incluía en el documento de menor cuantía.

184.000 euros de sobrecostes aparecen anotados en los papeles de Bárcenas

Ha añadido que para pagar la diferencia entre estas dos certificaciones, y tras aplicarle un descuento de en torno al ocho por ciento concertado previamente, la formación política abonó en negro 184.000 euros. Esta cantidad es la misma que el extesorero del PP Luis Bárcenas anotó en los documentos en los que llevaba el control de la contabilidad opaca del partido en noviembre de 2006 bajo el concepto "arquitecto Gonzalo Urquijo".

Asimismo, quedarían por abonar otros 480.000 euros que se aportaron, según Morocho, mediante un "pago en cuenta", que tampoco se encontraba reflejado en la contabilidad del PP (ni la oficial ni en la paralela) ni en la de Unifica. En total, 664.000 euros en negro.

La siguiente planta en reformar fue la segunda, que se inició en 2007 y que, tal y como consta en la causa, se inició antes de que fuera presupuestada. El inspector de Policía ha destacado que la facturación de estas obras tiene su "propia dinámica", pues existe una factura relativa a "trabajos suplementarios ejecutados", como la escalera principal de la sede por el importe de 195.000 euros, si bien fue posteriormente anulada.

En este sentido, ha relacionado esta cantidad con otra salida de la caja b apuntada en los 'papeles de Bárcenas' el 28 de enero de 2008 con el nombre "Gonz. Urquijo". "Este importe coincide con la factura que tiene una serie de inconsistencias", como la forma de anulación de la factura o conceptos "divergentes" de ésta y su correspondiente recibí.

Bárcenas llevaba las cuentas de una doble certificación

En cuanto a las obras de las plantas quinta, tercera y cuarta (en orden de su ejecución) siguen la misma metodología, similar a la de la planta baja, consistente en elaborar dos certificaciones finales con distintos importes, uno menor sobre el cual Unifica giraba la factura, y otra mayor que respondía al precio real del proyecto.

Morocho ha enmarcado esta operativa en la "construcción de un documento con el fin de dar cobertura a una salida de fondos en efectivo y enmarcar esa misma dentro de la operación de certificación de la obra". En este sentido, ha apostillado que la diferencia entre ambas certificaciones, a la que hay que descontar el porcentaje pactado, "es la equivalente a la entregada en efectivo" por parte del área económica del PP que se contabilizó en los 'papeles de Bárcenas'.

Las cantidades fueron anotadas por Bárcenas bajo el concepto del nombre del arquitecto "Gonzalo Urquijo"

Morocho ha subrayado que en relación a esta parte de las obras de la sede del PP, Bárcenas apuntó el 13 de marzo de 2008, bajo el concepto "Gonzalo (Arquitecto)", el pago de 258.000 euros que se corresponderían a la quinta planta; el 31 de julio de ese año la entrega de 235.000 euros por el tercer piso a "G.U.", que se identifica con las iniciales del dueño de Unifica; y posteriormente en diciembre, a esa misma persona que responde a esas letras, otros 200.000 euros por la cuarta planta.

Por último, en lo que respecta a la séptima planta, cuya reforma se ejecutó en 2009, año en el que Bárcenas dejó ser tesorero del PP tras su imputación en el caso 'Gürtel, se constata un nuevo "sistema", ha indicado el inspector de la UDEF. A partir de ese momento, Unifica "emite un conjunto de presupuestos por las obras ejecutados" en esa planta y varios "bloques" de facturas.

De este modo, en primer lugar se emitieron ocho facturas para cobrar el 30 por ciento de todos los presupuestos; luego, otras siete facturas por el mismo porcentaje; y por último otras siete facturas correspondientes a un 20 por ciento de los presupuestos restantes.

Para el jefe del grupo de la UDEF que analizó la presunta caja b del PP, esto es una "anomalía" ya que las facturas y su abono (los dos primeros conjuntos mediante cheque y el último por transferencia bancaria) se hacen en base a unos presupuestos y no sobre una certificación final.

Las cajas de seguridad de unifica

Por otro lado, Morocho también ha sido preguntado por una presunta contabilidad b en Unifica, dirigida por los acusados Gonzalo Urquijo y Belén García. Así, el investigador ha afirmado que la empresa tenía cajas de seguridad en dos entidades bancarias, resaltando varias de las visitas que hicieron a la sede.

Una de ellas es la de Urquijo el mismo día que apuntó Bárcenas en su contabilidad la entrega de 258.000 euros por la quinta planta de la sede del PP. Otra visita que, según Morocho, es "significativa" es la que llevó a cabo García coincidiendo con la fecha del pago de 195.000 euros por la reforma de la segunda planta del mismo edificio.

Otra forma de nutrir la caja b de los arquitectos era la solicitud a proveedores de la emisión de facturas falsas

Asimismo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, otro de los agentes de la UDEF que ha comparecido junto a Morocho ha señalado que otra forma de nutrir la caja b de la empresa de arquitectos era la solicitud a proveedores de la emisión de facturas falsas. Con ello, Unifica lograba reducir el IVA a pagar.

A cambio de esta práctica, denominada por los trabajadores de Unifica como "piratas", según consta en un correo electrónico enviado por una empleada a Urquijo, la empresa de arquitectos pagaba a los proveedores un nueve por ciento; un uno por ciento al intermediario utilizado para su consecución, mientras que Unifica se quedaba con el seis por ciento más el importe de la base imponible de las facturas generadas.

"Con esta tabla hacemos b unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA" señalaba una hoja de cálculo

El agente de la UDEF que ha intervenido en este punto ha explicado esta dinámica al ser preguntado por un correo electrónico de Urquijo a una de sus trabajadoras y a su socia en el que se adjuntaba una hoja de cálculo y se comentaba: "Con esta tabla hacemos b unos 60.000 euros y nos quitamos unos 11.000 de IVA. Creo que tenemos que llegar a los 20.000 de IVA. Pero vamos tirando con esto y seguiremos".

Por último, los investigadores también han apuntado que Urquijo y García tenían cuentas de países como Canadá, Luxemburgo y Suiza. Según el informe que entregaron al juez en 2014, llegaron a tener hasta 9,4 millones de euros en el extranjero.

Cabe recordar, que ambos acusados se acogieron a la denominada 'amnistía fiscal' en 2012 pagando 109.000 euros cada uno, si bien ninguno de los dos han aclarado el origen de este dinero en sus declaraciones ante el tribunal.