corrupción en el País Valencià Caso Brugal: ¿Qué pasó con el macroproceso de corrupción que hizo temblar Alacant?

10 de junio del 2020. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alacant dicta sentencia: Absolución. Los 34 acusados se arrancan con una ovación y el empresario Ángel Fenoll, considerado cerebro de la trama, incluso se pone a llorar. Al otro lado, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero no dan crédito y la oposición habla de "impunidad" para los corruptos. Atrás queda una investigación de 14 años y un juicio de nueve meses contra una de las mayores tramas de corrupción en el País Valencià, el llamado caso Brugal.

Esta vista en concreto corresponde a la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Orihuela del 2007, cuando el pleno de este ayuntamiento alicantino decidió dejar desierto el concurso para la concesión, en que la empresa con mayor puntuación era Urbaser. Esta adjudicación hubiera dejado Colsur, la compañía de Fenoll sin un contrato que explotaba desde 1987.

Precisamente, la suspensión del concurso sin una causa clara fue el cabo por el cual empezó a deshacerse la madeja del caso Brugal, que acabó impactando en los principales municipios del sur de Alacant. Finalmente, la investigación se fue dividiendo en una veintena de piezas, la mayoría de las cuales se archivaron sin llegar ni siquiera a juicio.

La absolución de los acusados –que incluyen, además de Fenoll, los exalcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente y José Manuel Medina– empezó a sospecharse unas semanas antes, cuando el tribunal suspendió las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía. El tribunal lo consideró, a petición del abogado de Fenoll, Mariano Bo, por "falta de motivación para el inicio de las escuchas". "La sentencia es impecable jurídicamente y no la vamos a discutir –explica Carolina Gracia, portavoz del PSOE en Orihuela–, pero como ciudadanos no nos puede gustar porque hemos visto y oído lo que hacían y no puedes alegrarte al saber que esta gente nunca va a devolver lo robado".

"No puedes alegrarte al saber que esta gente nunca va a devolver lo robado"

Pero la anulación de esta prueba no solo puede afectar esta causa. La segunda pieza del macrocaso, el presunto amaño del PGOU d’Alacant, que ha sentado en el banquillo al empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes alicantinos del Partido Popular, Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo, podría quedar también afectada. Esta causa quedó vista para sentencia a principios de noviembre, pero el tribunal aún no ha hecho público el fallo. Durante el juicio, la defensa de Ortiz trató de anular las escuchas, no solo las previas de Orihuela, sino también otras realizadas posteriormente de las conversaciones del empresario con Castedo. En este caso el tribunal ha retrasado la resolución de esta cuestión a la publicación de la sentencia.

Después de este aún quedará por celebrarse el juicio sobre las posibles anomalías en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en favor de una coalición empresarial impulsada por el mismo Ortiz.

La Fiscalía no se rinde

La sentencia corre paralela a la caída del interés mediático de los juicios, ahora prácticamente limitados a la prensa provincial. Una situación similar a la vivida durante el enjuiciamiento de Rafael Blasco y el resto de acusados del llamado caso Cooperación, un hecho que, según los abogados de la acusación, "fue clave" para conseguir rebajas sustanciales en las penas.

Aun así, la Fiscalía no se da por vencida, y en julio presentó un recurso de casación frente al Tribunal Supremo con la esperanza, incluso, de conseguir la repetición del juicio. Fuentes del tribunal han confirmado a Público que, al no haber ningún implicado en la cárcel, el fallo puede retrasarse hasta bien entrado el 2021.

Los costes de la corrupción

Paralelamente a la instrucción penal, los tribunales de contencioso-administrativo tramitaron la denuncia de Urbaser por su exclusión sin motivos del concurso público para la adjudicación del servicio de basuras de Orihuela. En 2011, un tribunal condenó al ayuntamiento –entonces gobernado por una alianza del PSOE con Los Verdes– a indemnizar a la empresa con 7,5 millones de euros. La respuesta del alcalde socialista, Monserrate Guillén, fue que tendrían que ser los concejales que votaron por la anulación los que deberían hacer frente a esta cantidad. De aquellos ediles, solo la popular Eva Ortiz, hoy secretaria general del PPCV, sigue en activo. 

Finalmente, este septiembre, el ayuntamiento de Orihuela –ahora de nuevo en manos del PP– aprobó un crédito extraordinario para liquidar la indemnización a Urbaser.