Correos instó a sus trabajadores a no tramitar envíos del 9-N

"Ante la posibilidad de que cualquier modalidad puedan producirse peticiones de admisión de envíos relacionados de cualquier modo con la consulta participativa del próximo nueve de noviembre, las unidades de admisión, cuando tengan constancia o indicios de estos contenidos, deben advertir previamente al remitente de la imposibilidad de dar curso a tales envíos, hasta tanto se compruebe que cumplen las condiciones para su circulación por la Red Postal. En el caso de que el cliente, intermediario u operador así advertido persiste en su propósito de depósito, la unidad admitirá con carácter provisional los envíos, sin proceder a su curso, dando cuenta inmediatamente a su jefatura de los datos de los mismos para decisión en cuanto a su curso o devolución. Se dará traslado de esta nota a las oficinas rurales dependientes."

Ya a principio de semana se conoció que la delegación de Correos de Girona había devuelto 50.000 cartas que el alcalde de la ciudad, Carles Puigdemont (CiU), pretendía mandar a los ciudadanos para pedirles su participación en la jornada de participación del 9-N. El envío del ayuntamiento estaba franqueado, que es la forma que tiene el ayuntamiento de pagar sus envíos sin necesidad de poner sellos.

El envío se aprobó por mayoría por el plenario del consistorio, pero Correos no aceptó dicho envío aduciendo que, en el caso de "impresos sin dirección", debían consultar con su gabinete jurídico, además recordaron que la consulta alternativa estaba en suspenso por el Tribunal Constitucional y, en "respetando en todo momento la Ley Postal", había informes internos que les aconsejaban no "proceder a la admisión y curso de los envíos relacionados con este proceso".

El alcalde Puigdemont además de ver motivaciones políticas o incluso ideológicas, recordó que la empresa pública ganó por concurso el contrato para encargarse del correo municipal, y esto podría ser un incumplimiento de dicho contrato.

Lo mismo pasó en el municipio de Platja d'Aro (Girona), donde Correos además adujo problemas logísticos para hacer llegar esos envíos en los plazos establecidos. En Barcelona, donde la Generalitat negoció el envío, entre el lunes y el viernes, de cinco millones de cartas cerradas con información sobre el 9-N, Correos declaró no poder asumir dicho envío por "motivos técnicos", y se comprometieron a devolver el dinero cobrado a los contratantes.

El eurodiputado Ramón Tremosa (CiU) ha realizado una pregunta en la Comisión Europea por si la actitud de la empresa pública española de Correos estuviera violando la Directiva Postal de la unión Europea, y calificó los hechos como "censura".