Los correos de Blesa se incorporarán a la investigación de las preferentes de Caja Madrid

Giro al sumario que investiga las preferentes de Bankia. El juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha acordado incorporar los correos corporativos de Miguel Blesa en la pieza abierta sobre la colocación de preferentes de Caja Madrid a miles de particulares.

El juez Andreu argumenta en su auto que obran en la causa indicios suficientes que indican como los directivos y dirigentes de Caja Madrid "sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo", según el auto dictado hoy por el magistrado instructor.

Andreu ha acordado requerir a las entidades Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, S.A. para que remitan a la mayor brevedad posible "cuantos correos  electronicos consten en sus archivos, en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por Miguel Blesa de la Parra, a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009 y mantenidos por el mismo con los miembros de la Comisión Ejecutiva o del Consejo de administración de dicha entidad".

Para salvaguardar los derechos en conflicto el juez acuerda el secreto de estas actuaciones y explica que se descartaran todos aquellos correos que no tengan relación con las preferentes de Caja Madrid.

Los correos serán examinados por el juez y en su caso por el ministerio fiscal, bajo la fe de la secretaria judicial y dándose oportunidad al propio Blesa para asistir junto a su abogado.

De esta forma, el juez responde a una nueva petición de uno de los querellantes en la que acotaban su solicitud a los correos corporativos del querellado al año 2009, año de la emisión de preferentes denunciada.

La petición fue formulada por el despacho Jausas, en representación de un jubilado a quien vendieron 170.000 euros en preferentes con el argumento de que era una inversión segura.

El contenido de las comunicaciones que sobre este particular pudieran haber mantenido "los directivos de Caja Madrid y singularmente su presidente- añade Andreu- puede constituir un valioso acervo en las presentes diligencias dirigido a determinar la naturaleza y circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados".

La colocación de preferentes de Caja Madrid constituyen, según el juez, unos hechos cuya gravedad, trascendencia social y económica son de tal importancia que justifican la medida adoptada, " teniendo en cuenta que nos encontramos ante un correo corporativo, esto es, un instrumento que se facilita a los trabajadores de la entidad para desarrollar su trabajo, y que las comunicaciones que se interesan son únicamente las mantenidas entre los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración con el presidente de la entidad".

La resolución del juez Andreu da un giro a los acontecimientos ya que abre la puerta a otras peticiones similares para conocer los correos corporativos de Caja Madrid y dilucidar si hubo estafa y su alcance.

Así, la acusación de ‘#15MpaRato' que lleva Juan Moreno Yagüe ha solicitado que se incorporen a la causa los correos de la dirección de Caja Madrid con los empleados de segunda fila de los años 2004, 2005 y 2006 que, presuntamente, crearon un mercado falso de clientes de preferentes.

Otros indicios de delito figuran en la propia documentación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Existe un documento interno, fechado el 26 de mayo de 2009, en el que se alerta de que las preferentes eran un producto tóxico. Sin embargo, Caja Madrid las colocó entre sus clientes cuatro días después.

Además, en el sumario figura un informe de 2011 por el cual Rodrigo Rato decidió liberar de preferentes a los tiburones financieros, dejando a los clientes particulares atrapados a seis meses de la intervención de Bankia. Esta devolución privilegiada a los bancos y fondos de inversión se realizó con autorización del Banco de España.

 La documentación del sumario apunta a que Caja Madrid extrajo 3.246 millones de euros de sus clientes particulares en el año 2009, a los que colocó las preferentes. Fueron más de 70.000 personas las afectadas, el 99% particulares, cuando era un producto que había sido creado para clientes profesionales como los fondos de inversión.