Los conservadores del CGPJ piden un pleno para rechazar la ley de amnistía

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente suplente de este órgano de gobierno, Vicente Guilarte, la celebración de un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el procés. 

Fuentes del sector conservador del CGPJ, que lleva cinco años en funciones, han informado de que la reunión extraordinaria podría tener lugar el lunes 6 de noviembre, aunque la decisión definitiva corresponde al presidente y conservador Guilarte. 

"El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", señala el texto de la declaración.

El máximo órgano de los jueces lleva cinco años en funciones por el bloqueo del PP, que impide su renovación. Su actual formación se arrastra desde la época de Rajoy. Aunque durante este tiempo ha habido negociaciones abiertas entre PSOE y PP, lo cierto es que el Consejo funciona con una distribución de miembros que no representa los equilibrios parlamentarios actuales.

Los ocho miembros conservadores propuestos por el PP apuntan en el escrito que el CGPJ "ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017”. 

Además, el texto ataca directamente las decisiones tomadas por el líder del PSOE, que pactó este martes con ERC en favor de la amnistía y se encuentra cada vez más cerca de posibilitar su investidura. Los vocales pretenden denunciar a través del comunicado que se está tramando una “abolición del Estado de derecho” que tendría “consecuencias en perjuicio del interés real de España”. También acusan al presidente en funciones de confundir sus deseos personales con el “interés real de España” y aseguran que Sánchez busca “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”.

Los ocho vocales convocantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona. Sin embargo, para que la declaración institucional quede aprobada se necesita el voto positivo de un total de nueve miembros del pleno. A menos que se sumase algún apoyo más, su propuesta quedaría invalidada.