El Consejo de Ministros saca adelante el anteproyecto de la nueva Ley del Cine

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley del cine y de la cultura audiovisual, que introduce ayudas públicas para películas y series de televisión y la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual. El Gobierno pretende adaptar la normativa a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector en los últimos años, alineándose con la normativa europea en la materia.

Entre las principales novedades destaca la ampliación de las convocatorias de ayudas a toda la cadena de valor del sector audiovisual, el apoyo a la promoción internacional de todo el audiovisual, y no solo películas, y la protección del patrimonio. De ahí el nuevo título de la ley, que suma el concepto de cultura audiovisual al del cine. Las ayudas a la producción de películas sobre proyecto irán más allá y llegarán a "otras obras audiovisuales"; es decir, a producciones, tanto series como películas, que no están destinadas a las salas de cine.

Los criterios para otorgar las ayudas contemplan el fomento de valores sociales

También se incluye la flexibilización y clarificación de los requisitos para obtener la nacionalidad española de las obras lo que supone una novedad en favor de la creatividad, al eliminar los obstáculos que los requisitos de la ley vigente suponen a la creación. E incorpora la necesidad de que las ayudas valoren de forma transversal en todas sus convocatorias el fomento de la igualdad de género, la sostenibilidad e impacto ambiental, la contribución a la transición digital y la incorporación de medidas de accesibilidad universal.

Corregular la calificación por edades

Por otra parte, se opta por un sistema de corregulación para la calificación por edades, similar al establecido para los contenidos audiovisuales en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual televisivos, lineales o a petición, para configurar un sistema más coherente y flexible que se adoptará en cooperación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), empresas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual y las empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras afectadas.

Del mismo modo se incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, al entender que el futuro pasa también por la conservación y difusión del legado audiovisual de las generaciones anteriores y la previsión de ir incorporando de la mejor manera las producciones nuevas a dicho legado.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que la nueva ley buscará también la definición y el apoyo a los sectores independientes, tanto en el ámbito de la producción como en los de distribución y exhibición. La nueva norma comienza su tramitación parlamentaria con el objetivo de que este mismo año quede cerrado el texto definitivo. Esta ley sustituirá a la de 2007, adaptándose a los grandes cambios que ha experimentado el sector en los últimos años con la explosión de las plataformas audiovisuales.

Las plataformas, obligadas a informar de los visionados

El Gobierno busca con la norma crear un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que se centrará en favorecer una mayor colaboración público-privada y en canalizar las peticiones y propuestas del sector en sus relaciones con las administraciones públicas. El Consejo abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras.

La nueva norma establece la obligación por parte de las plataformas de informar del número de visionados de las películas y series y la incorporación de sistemas de accesibilidad (por ejemplo para personas sordas) como requisito para acceder a las ayudas a la producción de largometrajes y a la distribución. En cuanto a la cuota pantalla de exhibición, se establece un porcentaje mínimo del 20% de películas "comunitarias o iberoamericanas", frente al 25% actual, que además son solo para filmes de la Unión Europea.

El objetivo de la ley es perdurar en el tiempo por lo que deja abierto el desarrollo posterior de varios detalles normativos, de forma que se puedan adaptar año a año sin necesidad de cambiar la ley.